Bolivia encarcela a líderes opositores con absurda imputación por ‘terrorismo’
Por Jhanisse Vaca Daza y Javier El-Hage
Página Siete, La Paz
En un operativo policial del 28 de diciembre en el que participaron más de 40 agentes fuertemente armados, la mayoría vestidos de civil y con máscaras, el régimen autoritario de Luis Arce arrestó violentamente a Luis Fernando Camacho, uno de los líderes opositores más importantes de Bolivia y gobernador de la región con la ciudad más grande del país, y rápidamente lo trasladó a La Paz en un helicóptero militar.
Parecía más el arresto de un capo de la droga que el de un gobernador elegido democráticamente que regresaba a casa para almorzar después de un día en la oficina.
Veinticuatro horas después, Camacho, de 43 años, fue sentenciado preliminarmente a al menos cuatro meses de prisión preventiva en Chonchocoro, la peligrosa prisión de máxima seguridad de Bolivia en El Alto, mientras espera juicio bajo imputación por “terrorismo”.
El arresto ha provocado manifestaciones en todo el país y represión policial contra sus seguidores en Santa Cruz, y ha sentado otro precedente terrible de persecución política contra críticos de alto nivel del gobierno en un país con un poder judicial conocido por ser servil a los autoritarios.
Los videos del arresto de Camacho compartidos por los medios locales mostraban al político esposado al costado de la carretera; los cristales del coche en el que viajaba, rotos.
A Camacho se le acusa de participar en el “Golpe de Estado I”, como llama el gobierno al caso, en noviembre de 2019 contra el entonces presidente Evo Morales, quien en realidad renunció (y huyó del país) después de casi 14 años en el poder.
Los observadores internacionales de la Organización de los Estados Americanos concluyeron que los resultados de las elecciones presidenciales de 2019, en las que Morales buscaba ilegalmente su cuarto mandato consecutivo, fueron en gran medida fraudulentos y que Morales manipuló el conteo de votos para evitar una segunda vuelta y así asegurar la presidencia. La Unión Europea estuvo de acuerdo.
Pero las divisiones entre la oposición permitieron que el partido de Morales recuperara el poder en las próximas elecciones, en menos de un año.
Camacho desempeñó un papel clave en las masivas protestas no violentas en todo el país que llevaron a la renuncia de Morales, aprovechando primero el sentimiento regionalista de larga data de Santa Cruz contra el gobierno central con sede en La Paz, que unió a la oposición regional, y, luego, supo coordinar también con grupos de la sociedad civil de todo el país que estaban igualmente cansados del autoritarismo de Morales.
Como entonces presidente del Comité Pro Santa Cruz, Camacho prometió abiertamente a la maltratada fuerza policial nacional mejores condiciones de trabajo después de que terminara el gobierno corrupto de Morales, una medida que, sumada al mes de desobediencia civil en todo el país, ayudó a impulsar un motín policial vital en forzar la mano de Morales.
Camacho también negoció alianzas con mineros indígenas de Potosí (cuyo líder, Marco Pumari, ahora también está encarcelado arbitrariamente) y la histórica “Central Obrera Boliviana” con sede en La Paz.
Nada de esto lo convierte en un “golpista” o un “terrorista”. Él y millones de bolivianos fueron simplemente audaces al ejercer lo que quedaba de la libertad de expresión y asociación en un país cansado del autoritarismo masista.
El caso del “Golpe de Estado I” ha sido también el pretexto para encarcelar a la presidenta transitoria Jeanine Áñez, condenada en junio a 10 años por tomar “resoluciones contrarias a la constitución” y por “incumplimiento de deberes”. (Inicialmente había sido acusada de terrorismo, sedición y conspiración).
En Bolivia, a menudo se utilizan delitos ambiguos como “terrorismo” o “sedición” para perseguir a la oposición. En efecto, el sistema judicial de Bolivia es uno de los peores del mundo. Este año, el World Justice Project clasificó al país en el puesto 130 de 140 países en su Índice de Estado de Derecho.
Los bolivianos saben que al partido Movimiento Al Socialismo del presidente Arce Catacora no le temblará el pulso para usar a un servil poder judicial en la ejecución de su venganza. Se trata de un régimen que está estrechamente aliado con el régimen totalitario de Cuba, las dictaduras cleptocráticas en Venezuela y Nicaragua, así como los regímenes de Irán y China.
El MAS busca vengar la vergüenza internacional de haber colapsado tras las denuncias comprobadas de fraude, así como vengar también los abusos cometidos por el gobierno de Áñez (comandado por el autoritario ministro del gobierno Arturo Murillo), que también persiguió a más de un líder del MAS por “terrorismo”.
Para que la verdad y la justicia prevalezcan en la región, y para tener elecciones libres y justas, los países de América Latina deben respetar la democracia liberal y el estado de derecho. En esa línea, los líderes de oposición no pueden ser encarcelados arbitrariamente bajo tipos penales ambiguos cuando quien ostenta el poder así lo decide.
Pumari, Áñez y Camacho son los ejemplos más recientes de la temeridad y la crueldad con la que el régimen de Arce está persiguiendo a los opositores políticos de alto perfil en Bolivia. Y tememos que vayan a ser simplemente los primeros.
Jhanisse Vaca Daza es fundadora de Ríos de Pie y oficial senior de programas de Human Rights Foundation (HRF), una organización de derechos humanos con sede en Nueva York.
Javier El-Hage es director legal de HRF.
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