Del “¡exprópiese!” de Chávez al de Sánchez y los sans – coulottes españoles

Nuestro artículo anterior titulado “Del ‘exprópiese’ de Chávez al ‘Begoña inocente’ de Sánchez” resultó profético. Pero no nos habíamos imaginado que en un lapso tan corto de tiempo iba a quedar tan transparente, la relación entre el dictamen de Pedro Sánchez “los casos que involucran a mi familia, mi esposa, mi hermano (…) esos escándalos son otra cosa, no son corrupción”  y pasar a gobernar como el expresidente venezolano Hugo Chávez, avasallando los derechos individuales de los habitantes. En esta ocasión, violando el fundamental derecho a la propiedad privada.

En efecto, los dos reales decretos -ley sobre la vivienda  de Sánchez constituyen una expropiación de inmuebles, sin que haya mediado el pago de una indemnización previa y justa. Por tanto, es un paso más hacia la inseguridad jurídica y el debilitamiento del Estado de Derecho, remplazados por la arbitraria voluntad del presidente de gobierno de España.  Exactamente el mismo sendero que pavimentó Chávez para cimentar su atroz dictadura personalista en Venezuela.

Felizmente, primó la cordura en el Parlamento español y esas dos normas jurídicas fueron rechazadas. De haber actuado en sentido inverso, esas disposiciones sobre la vivienda ahora serían legales, pero no legítimas. Lo serían en cuanto al derecho positivo, pero no al Derecho Natural. Exactamente igual que pasó en el período jacobino de la Revolución Francesa o en Alemania bajo el nazismo.

La Venezuela chavista, la Francia jacobina y la Alemania nazi son ejemplos elocuentes de la estrecha relación que existe entre violar el derecho individual a la propiedad y la instalación del Terror en una nación. Son lecciones históricas que los españoles no deberían ignorar.

Sin embargo, Sánchez introduciéndose más profundo en la destrucción de la democracia y el Estado de Derecho, una vez más, ha decidido ignorar al Parlamento —genuino receptáculo de la soberanía nacional— e insistir en los maléficos reales decretos-leyes, aprovechando que al llamar a elecciones disolvió a las Cortes Generales. En efecto, el Consejo de Ministros ha aprobado nuevamente los dos reales decretos-leyes sobre vivienda “con algunas incorporaciones”. Su objetivo es que la Diputación Permanente (que está pensada para aprobar medidas en caso de necesidad urgente hasta que se realicen las nuevas elecciones en noviembre) las apruebe.

La Diputación Permanente del Congreso es un órgano en el que la soberanía nacional está menos representada y el equilibrio de mayorías cambia respecto al Pleno.

Varios juristas y expertos constitucionalistas españoles, como por ejemplo Manuel Aragón, magistrado emérito del Tribunal Constitucional, han calificado esta “artimaña” del Gobierno de Sánchez de “fraude constitucional” y una maniobra legalmente dudosa. Es decir, que en esta nueva situación esas normas no sólo serían ilegítimas según el Derecho Natural, sino también el positivo. Además, Sánchez está procediendo igual que Chávez en 1999, cuando despojó de poder al Congreso venezolano para sustituirlo por un órgano que le fuera más adicto y que es considerado un “fraude electoral”.  Nuestra postura coincide con la de Aragón, quien afirma que la de Sánchez constituye “un fraude al proceso electoral porque utiliza una artimaña inconstitucional como instrumento con fines electoralistas”.

Por otra parte, el “Marat” español se apoya en los sans-coulottes nacionales, personificados en el Sindicato de inquilinas e inquilinos, para imponerse y desplazar a los moderados (los “girondinos”) del Congreso. Está utilizando un problema real de tantos españoles para beneficiarse a sí mismo (mantenerse en el poder), en vez de “bajar la pelota a tierra” y analizar las raíces de esa problemática con objetividad y mente fría, si solucionarlo sobre bases firmes fuera su objetivo.

Los sans-coulottes españoles están impulsando medidas que avasallan tanto a la democracia como al Estado de Derecho, tal como prueban las principales medidas legales que exigen, a saber:

• Bajada drástica compulsiva del precio de los alquileres.
• Implantación de contratos de alquiler indefinidos.
• Expropiación de las viviendas en manos de “fondos buitre”.

Avasallan a la democracia porque este sistema de gobierno, entendido rectamente, es aquel que para ciertas cuestiones muy definidas acata lo que decide la mayoría, pero sin atropellar los derechos de las minorías. Además, Valeria Racu, vocera del Sindicato de inquilinas, afirmó:

“Ayer (por el viernes) constatamos que tenemos un Congreso secuestrado por el rentismo. Un Congreso totalmente separado de la realidad de las calles, totalmente separado de esa mayoría social, de ese consenso social que existe entre toda nuestra población de que el rentismo es una lacra para nuestra sociedad y que tenemos que acabar con él.”

Esta declaración de Racu es una falacia, porque la “calle” no representa a la “mayoría social” ni es prueba de “consenso social” alguno. Qué piensa la mayoría social sólo se puede determinar en las urnas mediante garantías electorales y voto secreto, porque en el día a día suele ser silenciosa. Y aún si existiera ese consenso social de atropellar los derechos de propiedad individuales, ninguna mayoría circunstancial otorga la potestad de tiranizar a las minorías.

¿Por qué no? Porque los derechos individuales son anteriores a la constitución de cualquier tipo de sociedad política, son intrínsecos a la persona humana. Por tanto, ni el gobierno, ni “la calle”, ni una supuesta “mayoría social” puede arrebatar aquello que no le pertenece. En adición, por si eso fuera poco, existe otra poderosa razón de orden ético: Una vez derrumbada la protección a la propiedad privada, la inercia política lleva a devorar también los derechos a la vida y la libertad, tal como enseña la historia.

Por eso, es bueno dejarnos de abstracciones y analizar una situación concreta, explicada por alguien a quien los sans-coulottes, de modo indiscriminado, llaman “rentistas” o “fondos buitres”. Nos lo plantea Jacobo Bergareche en una columna de opinión subtitulada “El piso de mi suegra”:

Judith, mi suegra, perdió la movilidad de su brazo derecho hace un par de años. A sus 80, le era imposible llevar una vida independiente con semejante impedimento y la trajimos a casa. Tras unos meses en un hogar bullicioso donde ya éramos cinco y todos estamos absorbidos en nuestros quehaceres, llegamos a la conclusión de que quizás donde mejor atendida iba a estar Judith era en una residencia. (…) Lo hicimos sin prisas; mi mujer dejó de trabajar ese tiempo y dedicó su jornada a buscar el mejor lugar que se pudiera sufragar con el alquiler del pequeño piso de su madre, pues su exigua pensión no da para mucho.

Lo que siguió después nos enfrentó con ambos polos del problema de la vivienda. Por un lado, sentimos una enorme inquietud ante una legislación tan garantista con el inquilino que provoca una desconfianza extrema hacia cualquier candidato a alquilar el piso -una demora en el pago puede suponer la expulsión de Judith de la residencia-; y, por otro lado, conocimos la frustración de tanta gente que llamaba al anuncio del piso y buscaba desesperadamente dónde vivir en este Madrid hostil que cada vez expulsa a más gente. Hay una afrenta a la dignidad en todas las pruebas que deben pasar para demostrar que serán buenos pagadores. Pedimos nóminas, informes de solvencia, historial crediticio, tres meses de fianza, y una entrevista en que les examinamos el tipo de zapatos, los lunares de la cara, los dejes de su habla, cualquier indicio epidérmico que desate nuestras alarmas, y cuando salen de la entrevista nos preguntamos si esas personas podrían terminar siendo unos okupas que pagarían los primeros seis meses y después dejarían de hacerlo, y se ampararían en la ley para quedarse en el piso de mi suegra el tiempo que puedan hasta que consiguiéramos echarles, con el enorme trastorno que eso causaría tanto a Judith como a nosotros.

La casuística en torno a cada piso que se alquila es de lo más variada y de lo más endemoniada, pero suelen ser casi siempre asuntos tan personales como el que nos ocupa, pues lo cierto es que la mayoría de los pisos para alquiler residencial en España pertenecen a particulares que solo tienen una segunda residencia para alquilar: es decir, no son fondos buitres ni grandes propietarios con muchas casas.

Convendría hacer un poco de pedagogía a este respecto, antes de agitar a las masas contra los caseros, y de imponer a estos unas condiciones desalentadoras para alquilar una vivienda que, como en el caso de mi suegra, es su único patrimonio y la única posibilidad que tiene de obtener una renta durante su vejez.

De esta narración surge claramente que el origen de la problemática habitacional en España es netamente político, pero en sentido contrario al que impulsan tanto Sánchez como los sans-coulottes españoles. Es decir, ha sido la permisividad hacia los “okupas” primero y luego las nefastas regulaciones —aunque hayan sido promulgadas con la mejor buena voluntad, pero ya se sabe, el infierno está empedrado de buenas intenciones— que fueron debilitando el derecho de propiedad. La reacción lógica ante esa situación de los propietarios ha sido, que se retrajera la oferta de viviendas para alquilar. Por tanto, el remedio es actuar en sentido inverso, fortalecerlo en vez de debilitarlo.

Esta columna la vamos a finalizar del mismo modo que la nuestra anterior, porque mantiene plena vigencia: En casos como este, la actitud que asuman los ciudadanos ante esa amenaza es fundamental. De eso depende que el deterioro institucional se frene, mientras aún hay tiempo para ello, o, por el contrario, se acentúe. Si se diera esta última circunstancia, allí está Venezuela como espejo en el cual vislumbrar el previsible porvenir de los españoles.

La autora es uruguaya. Es escritora, investigadora y columnista de temas internacionales en distintos medios de prensa. Especializada en filosofía, política y economía, es autora de varios libros y ha recibido menciones honoríficas.