¿De verdad ha estado España sin gobierno?

Instituto Juan de Mariana, Madrid

La fragmentada composición partidista de las Cortes españolas, surgida de las dos elecciones generales consecutivas celebradas en el escaso tiempo de ocho meses y las peculiares características de los protagonistas de la presente legislatura han provocado un inédito giro en la historia del régimen constitucional del 78.

En contra de lo que vienen manifestando muchos comentaristas, creo que este régimen de partidos emprendió un proceso de “italianización” desde la perpetración y encubrimiento de los crímenes de lesa humanidad del 11 de marzo de 2004 y se dirige hacia los derroteros explorados por la democracia transalpina. Parece que los prebostes españoles estudiaron con denuedo las técnicas marrulleras impartidas por personajes como el primer ministro – siete veces – democristiano Giulio Andreotti (condecorado, por cierto, con la Gran Cruz de Isabel La Católica en 1985, un galardón real a la altura del Premio Nobel de la Paz). Sus asertos fueron muy celebrados por los correveidiles y aduladores del poder, pues este mandarín acostumbraba a repartir consejos a los aprendices de brujo que merodean entorno a la cosa pública. En España mostró cierta condescendencia hacia el estamento político que se forjaba durante la Transición cuando profirió esa crítica paternal de que faltaba finura (“manca finezza”) en la vida política. No obstante, su principal hallazgo intelectual debe ocupar la portada del manual de autoayuda del actual inquilino (es un decir) de La Moncloa: “El poder desgasta, pero la falta de poder desgasta mucho más”.

En cualquier caso, los italianos conocieron entre los años sesenta y ochenta del siglo pasado una República en la que los partidos que la sustentaban pactaban en secreto el reparto de cargos e influencias políticas dentro de un marco intervencionista, en apariencia caótico. La mayoría de estos partidos (Democracia Cristiana, Partido Socialista, Partido Socialdemocráta, Partido Republicano y Partido Liberal) compartían una ideología estatista y socialdemócrata pero se distinguían entre sí por la defensa de los intereses particulares de sus miembros (o de sus regiones, en el caso de los nacionalistas de la Liga Norte) y de otros grupos de presión que les prestaban su apoyo a cambio de obtener satisfacción a sus demandas particulares. Era el tiempo, por otro lado, en que el principal partido comunista de Europa Occidental (el PCI) adoptaba el “eurocomunismo” como línea política equidistante a la tradicional obediencia a Moscú; extendía su influencia polítca, ideológica y cultural hacia toda la sociedad (siguiendo los consejos de Antonio Gramsci,  asimismo inspirador de los ideólogos de Podemos) y gobernaba importantes ayuntamientos del país, en especial del Norte industrial. Tal vez para contrarrestar los temores que despertaba su poder entre los aliados europeos y EE.UU,  en 1978, una conveniente abstención suya permitió la investidura de Andreotti, como parte de lo que Enrico Berlinguer denominó “el compromiso histórico”.

Esta expresión debió rondar las mentes del sanedrín socialista que el pasado domingo decidió – después de decapitar políticamente a su secretario general, dispuesto a conseguir su propia investidura con el apoyo de la extrema izquierda de Unidos Podemos y los partidos nacionalistas- posibilitar la investidura del líder del PP. Se dice que para no sufrir el “sorpasso”  de Podemos en unas eventuales elecciones, otro término que acuñaron los influyentes comunistas italianos, para denominar su objetivo de desbancar a la Democracia Cristiana como primera fuerza política en las elecciones de 1976, el cual, sin embargo, no llegó a materializarse.

La constante realineación de fuerzas, intrigas y refriegas entre estos grupos políticos y sus facciones internas dió lugar a constantes caídas y remodelaciones de gobierno durante la llamada Primera República hasta que, finalmente, los escandalos de corrupción en la llamada “tangentopolis” (de tangente, soborno) provocaron la refundación de todos los partidos conocidos del sistema en una nueva sopa de letras en 1993, la aparición en escena del movimiento liderado  por Silvio Berlusconi y el ascenso de los antiguos neofascistas del MSI. El cuadro de aquellos años de la primera República quedaría muy incompleto sin una mención a las distintas mafias, organizaciones con un poder político entrelazado al oficial, dedicadas a todo tipo de actividades lucrativas, legales y criminales, especialmente en el sur del país y Sicilia, así como a la banda terrorista de las Brigadas Rojas (con ciertas similitudes con la ETA española), las cuales surgieron a finales de los sesenta como un grupo revolucionario marxista leninista desencantado con el partido comunista que cometió un gran número de crímenes, incluyendo el secuestro y asesinato del presidente de la Democracia Cristiana Aldo Moro en 1978.

En un parecido limbo judicial y explicativo a la masacre de las estaciones de tren de Madrid años después, quedó la matanza de Bolonia de 2 de agosto de 1980 que segó la vida de 85 personas y lesionadas a otras 200. La condena como autores a dos fascistas dejó sin investigar las pruebas falsas plantadas por los servicios secretos italianos durante la instrucción del caso. Hace un par de años el gobierno del primer ministro Matteo Renzi (del Partido Democrático, fruto de la refundación de partidos de izquierda) comenzó la desclasificación de los documentos secretos (de ese y otros atentados) que habían exigido los familiares de las víctimas para esclarecer los hechos. Aun con todo, hasta la fecha los Arcana Imperii protegidos por “la razón de Estado” garantizan la impunidad de sujetos que deberían responder por hechos abominables.

Continuando con esta lista de curiosos paralelismos con una Italia que cuenta con una deuda pública del 132´60 % sobre PIB (2015) aun con un déficit actual del 2´63 %, durante estos meses muchos han sido los comentaristas que han partido de la suposición de que España estaba sin gobierno, confundiendo provisionalidad con inexistencia. En efecto, el gobierno en funciones de Mariano Rajoy Brey no ha dejado de tomar decisiones, como en la Italia de la inestabilidad no cesó el crecimiento de un estado elefantiásico y unas regulaciones absurdas que mantienen al país postrado  por el estancamiento y ahogado por la deuda.

Así, por ejemplo, en el mes de mayo el Gobierno acordó con la Comisión Europea la concesión de subvenciones adicionales a la minería del carbón para el período 2016-2018. Con el pretexto de que el precio del carbón en los mercados internacionales se ha abaratado, y ha provocado una pérdida de competitividad del carbón nacional frente al importado, el último Consejo de ministros aprobó una ayuda adicional destinada a cubrir las pérdidas de la producción, correspondiente al año 2016, por un importe máximo de treinta y seís millones de euros. ¿Su supresión sería el chocolate del loro? Sí, tal vez, pero hay tantos dulces para tantas especies en los presupuestos públicos (y sus modificaciones durante el ejercicio) que éstos arrojan sistemáticamente déficits muy superiores al tres por ciento del PIB, considerado como excesivo por el Tratado de Maastrich de 1992. En este punto afloran las contradicciones de las políticas de la Unión Europea y los gobiernos que la conforman ¿Como es posible que la misma Comisión emprenda expedientes por infracción de los compromisos de déficit de un gobierno, al mismo tiempo que le autoriza a ejecutar un programa de ayudas que contribuye a generarlo y, además, vulnera la genérica prohibición de subvenciones a empresas públicas o privadas? ¿Y qué decir del sector al que se dirigen las subvenciones, por otro lado demonizado en cuanto que emisor de gases que provocan el efecto invernadero?

No parece una casualidad que el gobierno haya trabajado denodadamente para pagar el precio del consenso con el presupuesto público, de modo que los compromisos del PSOE con los sindicatos y los empresarios del carbón, singularmente poderosos en la región del presidente asturiano y de su Comisión gestora, así como del Foro Asturias, se han considerado con especial cuidado.

Antes que reducir partidas de gasto, para mostrar que hace algo para cumplir  los compromisos de déficit (4,6% del PIB) pactados con la Comisión Europea para el año en curso, el gobierno aprobó un Real Decreto Ley, convalidado en el Congreso por PSOE, Ciudadanos y PNV, publicado el 30 de septiembre en el BOE que subió el pago fraccionado del Impuesto de Sociedades de un día para otro. Que este modo de legislar ataca frontalmente el artículo 86 de la Constitución, en cuanto afecta a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, está muy claro, pero los políticos al uso no respetan las leyes.

Conviene recordar, por último, que el objetivo de un gobernante serio debería ser eliminar cuaquier déficit, con independencia de su ámbito de responsabilidad y de lo establecido en la legislación. Los liberales subrayamos, además, que la consecución de ese objetivo debe basarse en la reducción del gasto público para, a renglón seguido, reducir los impuestos y permitir que los ciudadanos y los empresarios dispongan de más renta para ahorrar, invertir y hacer crecer la economía, lo cual redunda en una mayor prosperidad para todos. Frente a esos principios de buena administración, los demagogos de Podemos aúllan, mientras que los gobiernos en funciones y por investir emprenden la vía opuesta. Su inestabilidad es una cuestión secundaria.