Vivir sin gobierno

La Tercera

Casi dos generaciones de estadounidenses ignoraban lo que era pasar un día sin gobierno o con
medio gobierno. Ahora saben que el mundo no se acaba. Precisamente, lo
que tenían previsto los fundadores del país cuando firmaron la
Constitución en 1787, dividiendo el poder cuidadosamente entre las
distintas ramas y convirtiendo el proceso presupuestario en una odisea
legislativa. Sabían que era más peligroso darle a una persona el poder
de gobernar sin contrapesos que tener que pasar unos días sin gobierno o
con medio gobierno, porque la Casa Blanca y el Capitolio se odian a
muerte.

¿Qué ha significado hasta ahora el cierre parcial del gobierno? Mucho
menos de lo que parece, aunque si se prolonga habrá efectos de
envergadura. Los principales afectados son los 800 mil empleados
públicos, de un total de 2,1 millones de asalariados federales civiles,
obligados a mirar el techo en sus casas. Después de ellos, se han visto
perjudicados los usuarios de los servicios “no indispensables”, hoy
paralizados. De continuar las cosas así, se irán complicando hasta
afectar gradualmente a ciertos servicios que funcionan. Si el cierre se
prolonga, diversos mercados sentirán el efecto de la parálisis de los
servicios de estadísticas económicas y de información básica sobre el
crédito de las personas, todo lo cual pasa por el gobierno.

Un ejemplo de esto último son las hipotecas inmobiliarias. Como los
bancos no pueden prestar el dinero si no verifican la calidad crediticia
de la persona en cuestión y la entidad federal que otorga esa
información no puede funcionar durante el cierre del gobierno, se podría
frenar el proceso de recuperación del mercado hipotecario.

Otro ejemplo: la política monetaria de la Reserva Federal. Gran parte
de lo que decide el banco central tiene que ver con la información
estadística acerca de la economía. Su mandato obliga a la Reserva
Federal a ocuparse no sólo de la inflación, sino también del empleo. Por
tanto, necesita hacer un seguimiento cercano de las estadísticas. Sin
ellas, Ben Bernanke actúa a ciegas.

Se citan con frecuencia en estos días algunos antecedentes de cierres
del gobierno federal. En realidad, no ha habido ninguno con estas
características. La mayor parte duró muy pocos días, con la excepción de
los 21 días que duró uno de los dos que hubo durante la presidencia de
Bill Clinton. Pero el país estaba boyante y, aunque se había desatado la
guerra entre Clinton y el Congreso manejado por Newt Gingrich, no había
un problema simultáneo de tipo fiscal y de límites al endeudamiento.

El proceso presupuestario tiene mucho que ver con lo que está
sucediendo en Estados Unidos. Aunque hay que ser un bicho muy raro para
interesarse por semejante cosa, es indispensable entenderlo a grandes
rasgos para comprender por qué las cosas han llegado a este extremo y
podrían complicarse.

A diferencia de otros países, en Estados Unidos no es el presupuesto
aprobado por el Congreso el que permite al gobierno gastar dinero. Lo
que autoriza el uso de recursos públicos es una serie de leyes de
asignación llamadas appropriation bills. Se aprueban
independientemente del presupuesto, que resulta ser algo así como un
marco teórico. Se puede dar el caso de que no se apruebe el presupuesto
pero se aprueben las distintas partidas específicas (unas doce leyes).
Es así como desde 2009 hasta hoy, el gobierno norteamericano gasta
dinero sin que haya sido aprobado el presupuesto como tal.

Pero hay más: con frecuencia no se aprueban a tiempo las partidas
concretas. En ese caso, se recurre a lo que se llama “resoluciones de
continuidad”, que son autorizaciones temporales y limitadas de gasto. Si
esas resoluciones no se aprueban, el gobierno, como sucedió esta
semana, cierra parcialmente sus puertas.

Por si este laberinto no fuera bastante, el Congreso debe aprobar,
además, el aumento de la deuda que el gobierno está autorizado a emitir
una vez que alcanza un determinado límite. Y esto es lo que está creando
una situación sin precedentes. Puede darse en teoría el hecho de que,
incluso habiendo aprobado partidas presupuestarias, el Congreso no
autorice un aumento del techo de la deuda, en cuyo caso el gobierno
entra en suspensión de pagos. No ha ocurrido nunca en la historia de la
república, pero puede suceder este 17 de octubre si no hay antes un
acuerdo.

La nuez del problema, por supuesto, no es el procedimiento
legislativo, sino la profunda división ideológica que vive la política
norteamericana. Aunque el presupuesto y el endeudamiento van por
separado, los republicanos quieren vincular ambas cosas para poner fin a
la expansión excesiva del Estado. En 2011 lo lograron, condicionando el
aumento del techo de la deuda a una serie de recortes presupuestarios
automáticos que el Presidente Obama se vio obligado a proponer, por un
total de un billón de dólares para los próximos 10 años. Aunque Obama
los propuso con la intención de presionar a sus adversarios a fin de que
luego modificaran dicha ley, ello no ha ocurrido y, por tanto, los
recortes se están dando. Recortes que no implican reducir lo que gasta
el gobierno, sino disminuir el aumento presupuestario durante una
década. Ello, mientras haya partidas aprobadas, cosa que por ahora no
hay.

Se dice que todo esto ha sido causado por un grupo de fanáticos
ideologizados del Partido Republicano bajo influencia del “Tea Party”.
En parte, es al revés: la grave crisis de las finanzas públicas ha sido
un factor clave en el surgimiento de esta ala radical del
conservadurismo o, para usar la etiqueta comúnmente usada, del ala
libertaria del Partido Republicano.

No es la primera vez en la historia de Estados Unidos que la
percepción de un desvío traumático con respecto a los fundamentos de la
república produce una reacción así. Ha ocurrido muchas veces en el
terreno religioso (los famosos “despertares” espirituales en siglos
pasados fueron expresión de ello). También en el político: cuando
Estados Unidos debatía si debía involucrarse o no en la Segunda Guerra
Mundial, surgió el America First Committee, como grupo de presión
ferozmente enemistado con la idea de enredarse en conflictos
extranjeros.

En este caso, el “Tea Party” y el sector libertario del Partido
Republicano son en parte una reacción a la percepción de un Estado fuera
de control y por tanto, írrito a la idea fundacional del “gobierno
limitado”. Síntomas de ese Estado desbocado son la deuda de casi 17
billones de dólares y déficits fiscales ya crónicos (el año pasado
equivalió a ocho por ciento del PBI). También, el hecho de que el gasto
federal represente ahora 22 por ciento del tamaño de la economía, cuando
durante décadas representó un 15 por ciento. En un país con una antigua
vena libertaria, no es sorprendente que haya alcanzado amplitud una
corriente radical como la del “Tea Party” (lo que no significa que no
haya habido otros detonantes: por ejemplo, el rechazo a la inmigración o
la reacción religiosa a los vientos de modernidad valórica que soplan
en parte del país).

En una columna reciente, traté de explicar que el verdadero debate
ideológico no se da ahora entre los republicanos y los demócratas
liderados por Obama, sino al interior del Partido Republicano. El
presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, hubiera pactado
con Obama para evitar el cierre si no hubiese estado tan presionado por
su ala radical. Y varios representantes republicanos, suficientes para
dar a Obama un presupuesto si votan con ellos todos los demócratas, han
expresado su voluntad de negociar. Pero unos y otros están bajo presión
en sus circunscripciones y el propio Boehner corre peligro como
presidente de la Cámara, pues bastaría que unos 30 representantes de su
partido le dieran la espalda para que el voto de los demócratas y de los
disidentes sumara una fuerza capaz de destronarlo en cualquier momento.

El debate clave es entre republicanos. Y no por primera vez. Los
republicanos, como los demócratas, han albergado siempre facciones.
Contemporáneamente, aquéllos se han dividido entre los “Rockefeller
Republicans”, conservadores tradicionales y moderados, y los herederos
libertarios de Barry Goldwater, el candidato que abrió las puertas al
fenómeno de Ronald Reagan. Por su lado, los demócratas se han dividido
entre los sureños, herederos de los viejos conservadores de aquella zona
del país, y los “liberales” (en el sentido estadounidense), vinculados a
Nueva Inglaterra, Nueva York y California.

En el contexto del descalabro financiero de los últimos años, ese
conflicto ha empujado las cosas a los extremos que alcanzaron esta
semana, al negarse los republicanos a aprobar la autorización para el
uso de fondos públicos si no se posterga la aplicación de la reforma de
la salud de Obama, que para los conservadores y libertarios implica un
aumento exponencial del Estado.

Obama está convencido de que el ala radical va a convertir a los
republicanos en una fuerza marginal y otorgar a su partido un dominio
permanente, sustentado no sólo en la mayoría moderada, sino en las
llamadas “minorías”, léase hispanos y afroamericanos. Los republicanos
moderados temen que esto suceda. Incluso alguien tan “duro” como Dick
Morris, el ex asesor de Clinton convertido desde hace años en un vocero
del republicanismo radical, ha alertado contra “un cierre que la gente
percibe como contrario a sus intereses y que ve con mucho miedo”.

Pero el “Tea Party” cree que esta es su gran oportunidad y que el
país, hastiado del estatismo, se volcará con un líder dispuesto a llevar
a cabo una gran revolución libertario-conservadora. ¿Cómo concilian
esta convicción con encuestas que dicen que el cierre es abrumadoramente
impopular y que la gente culpa más a la derecha que a la izquierda? Lo
hacen apelando a otras encuestas, especialmente las que señalan que una
mayoría de estadounidenses se opone al “Obamacare”, la reforma de la
salud pública que entró en vigor el 1 de octubre y mediante la cual el
gobierno obliga a todos a tomar un seguro médico, exige a las empresas
contratarlo para empleados que cumplan más de 30 horas semanales de
trabajo y ofrece subvenciones a millones de personas de bajos recursos.
“Obamacare -decía Rand Paul, el congresista de Kentucky que simboliza a
los libertarios- es la línea Maginot del gobierno de Obama, porque él
cree que lo va a defender, pero en realidad va a ser como la línea de
defensa francesa penetrada por los alemanes en la Primer Guerra
Mundial”.

El presidente considera que esa es la reforma insignia de su gobierno
y que pasará a la historia por ella. Los republicanos creen que es la
gota que colmó el vaso del estatismo en el país fundado sobre la idea de
la libertad. Pocas veces estuvo más nítida la línea demarcatoria.

Si ninguno cede y el techo de la descomunal deuda no se eleva,
Estados Unidos entrará en suspensión de pagos y habrá, al menos en el
corto plazo, una hecatombe financiera mundial. Si alguno cede, será sólo
un paso atrás a la espera de dar dos adelante.