Lo que se juega en Cochabamba

La Tercera

Sobre el papel, la 42ª Asamblea General de la OEA, que tendrá lugar en Cochabamba, Bolivia, estará dedicada a la seguridad alimentaria. En la práctica, ya sabemos -la última prueba fue la Cumbre de las Américas en Cartagena- que no hay estrecha relación entre los temas formales que convocan a los líderes latinoamericanos en los foros continentales y lo que se acaba discutiendo de verdad. Si la hubiera, esos foros serían más previsibles y aburridos y bastante más razonables.

No significa que no vaya a hablarse de seguridad alimentaria. Con 60 millones de personas que viven en condiciones de subnutrición, de las cuales casi 20 millones son niños, a América Latina le interesa el tema. Cómo acercar a las zonas agrícolas más apartadas y desconectadas de la economía moderna a los mercados y las cadenas de exportación, y cómo lograr que en un continente donde hay recursos cuantiosos se acabe de una vez por todas la extrema pobreza, es una discusión que interesa a todos.

Pero lo cierto es que la mesa está servida para los temas conflictivos que ciertos líderes quieren incrustar en la “agenda informal”. Precisamente por eso es que Hillary Clinton, secretaria de Estado de su país, ha pretextado la situación interna en tiempos de campaña electoral para no acudir. Después del espectáculo sonrojante en que se convirtió la Cumbre de las Américas y la dificultad que tiene Estados Unidos para evitar que degenere cualquier reunión hemisférica de alto nivel, está claro que el gobierno norteamericano prefiere reducir al mínimo su exposición (y cierta pérdida de tiempo).

Será Roberta Jacobson, encargada de América Latina en el Departamento de Estado, la que tenga que aguantar el chaparrón. ¿Cuál chaparrón? Pues, las previsibles críticas a Estados Unidos por no permitir que Cuba se reintegre a la OEA sin antes democratizarse y que participe en las cumbres de las Américas (en ambos casos, Washington tiene apoyos latinoamericanos aunque no parezca). También, probablemente, ataques a la postura estadounidense sobre las drogas, que ya en la cita de Cartagena fue objeto de mucha controversia, aun cuando una mayoría de países sigue teniendo oficialmente la misma postura que Washington. Por último, impugnaciones a la falta de respaldo norteamericano al reclamo argentino sobre Las Malvinas o a Bolivia en la nueva fase de su reclamo marítimo a Chile.

Y es probable que también se ataque a Washington por apoyar a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA. Esa Relatoría, creada en 1997, tras un acuerdo de la segunda Cumbre de las Américas y que está bajo el paraguas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, institución autónoma de la OEA, es objeto de las iras de un grupo de gobiernos populistas autoritarios a las que ella ha cuestionado.

La ventaja con que cuentan los países del Alba, a pesar de estas dificultades internas y de la pérdida de liderazgo continental que la enfermedad de Hugo Chávez supone, es lo que tienen enfrente: una centroderecha muy disminuida y reacia a polemizar con la izquierda, para evitar que ésta domine las cumbres hemisféricas. Alvaro Uribe ya no está a la cabeza en Colombia y su sucesor, Juan Manuel Santos, ha hecho de la buena relación con Venezuela un eje de su política de reducción de conflictos y sosegamiento del clima diplomático. En el Perú ya no está Alan García, adversario esporádico de Chávez y Morales, sino un Ollanta Humala que tiene una línea muy distinta a la de los países del Alba, pero mantiene con ellos buenas relaciones. Y en México, Felipe Calderón, que por lo demás ha tenido que concentrarse en su guerra contra el narcotráfico y reducir mucho el perfil internacional, está de salida: en apenas un mes habrá elecciones presidenciales en su país. El que queda, Sebastián Piñera, hace rato que dejó de plantar cara al Alba, juzgando, con buen criterio, que su posición interna, relativamente debilitada, y la falta de un bloque de centroderecha y centroizquierda más activo a nivel continental lo dejan sin muchas opciones, frente a la inagotable izquierda dura.

A pesar de sus reveses, la otra ventaja de los países del Alba, de cara a la Asamblea General de la OEA, es que la izquierda moderada que lidera Brasil tiene hoy un interés decreciente en América Latina. Por tanto, esa centroizquierda prefiere dejar hacer y dejar pasar a la izquierda populista, antes que ejercer un liderazgo visible y, por tanto, cerrarle espacios. Dilma Rousseff está hoy obsesivamente interesada en devolverle a la economía brasileña la vitalidad que ha ido perdiendo (creció el año pasado apenas 2,6 por ciento y este año no va mucho mejor) y en protegerse de un escenario global que ella cree que perjudica a su país, por el abaratamiento de las exportaciones de los países ricos que hoy andan en problemas.

Los caballos de batalla de los aliados del Alba en Cochabamba serán tres: la propuesta de reformas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por tanto, a la Relatoría para la Libertad de Expresión, el reclamo argentino de Las Malvinas y el reclamo marítimo contra Chile.

En el caso de las reformas a la CIDH, ocurre que muchos otros países de la región también están disconformes con esa institución, por lo que ven conveniente su reforma. Por ser la única institución del sistema interamericano que los gobiernos no pueden controlar y, por tanto, que funciona con una autonomía a prueba de balas, la comisión se ha ganado el odio de muchos estados, no sólo de los países populistas con gobiernos autoritarios. Por ejemplo, el año pasado, la comisión acogió un reclamo de sectores ambientalistas de Brasil, contra la construcción de una hidroeléctrica en la Amazonía, pidiendo medidas cautelares. En represalia, Brasil postergó hasta el fin del año el pago de su cuota de seis millones de dólares a la OEA, lo que significó para la organización una gran dificultad a la hora de pagar los sueldos de sus empleados.

En el caso de Perú, no se diga nada. Existe la impresión en un sector de peruanos de que la CIDH conspira abiertamente contra Lima, actuando en inteligencia permanente con la extrema izquierda, incluyendo a organizaciones terroristas. Esto, por no citar a otros países, como México, donde la guerra contra el narcotráfico ha suscitado también acciones ante ese organismo.

Este ambiente de desconfianza en relación con la CIDH, cuya independencia los gobiernos no han podido revertir por más que lo han intentado, ha venido como anillo al dedo a los países del Alba. Todos ellos enfrentan reclamos en esa instancia y han sufrido las denuncias de la Relatoría para la Libertad de Expresión, por sus múltiples acciones de acoso contra periodistas y medios. Por tanto, con el apoyo más o menos discreto de los países más democráticos, han logrado que el Consejo Permanente de la OEA, a pesar de las protestas públicas de Dinah Shelton, comisionada de la CIDH, apruebe unas propuestas de reforma que, de ser adoptadas, debilitarían tanto a ese organismo como a la Relatoría. Aunque José Miguel Insulza, el secretario general de la OEA, sostiene que se trata de “acercar a los gobiernos y a la CIDH”, en la práctica se busca proteger más a los gobiernos contra la intervención de esta institución. Unas 700 ONG ya han puesto el grito en el cielo desde hace meses.

En Cochabamba no se adoptarán las recomendaciones porque no hay un consenso definitivo, pero probablemente se dará luz verde a la propuesta mexicana de esperar un año para “reflexionar” y adoptarlas más bien en la próxima Asamblea General. Esto permitirá a países como Bolivia, Ecuador y Venezuela atacar en Cochabamba tanto a la CIDH como a la Relatoría, con el relativo silencio comprensivo de los demás países. Después de todo, el período de “reflexión”, en cierta forma, es una advertencia a la CIDH: si no te portas bien este año, te quitaremos los colmillos el siguiente año.

En cuanto a Las Malvinas, ya Morales ha advertido que será un tema importante y que tratará de que se apruebe una resolución. La operación política no es inocente. Con esto, Morales acabará de cimentar una relación entre el Alba y Argentina que ha ido haciéndose fuerte el último año, a medida que el gobierno de Cristina Kirchner ha radicalizado su posición política y su programa económico. El creciente autoritarismo en ese país, donde no se descarta un cambio constitucional para una nueva reelección, y la profundización del populismo, con nacionalizaciones y controles draconianos, han suministrado a Venezuela y Bolivia una oportunidad dorada para atraer a Cristina Kirchner hacia un campo ideológico del que se mantenía ambiguamente distante hasta ahora. También en este caso le será fácil a Morales aprovechar la situación interna de los países de la derecha moderada y la izquierda moderada: ninguno de esos gobiernos querrá parecer poco solidario.

En lo que respecta a la salida al mar de Bolivia, la situación es un claroscuro complejo. A diferencia de Las Malvinas, que enfrenta a Argentina con un país ajeno al continente, el conflicto con Chile enfrenta a dos países de la OEA. Por tanto, Morales sabe que no puede aspirar a una resolución (de allí que se escude en que ya existe la de 1979). Lo que propondrá, más bien, es una declaración o pronunciamiento, seguramente hecho en términos lo suficientemente líricos como para que nadie pueda oponerse (ni siquiera Chile, que no tiene una objeción a la aspiración de Bolivia mientras esa aspiración no venga acompañada de concesiones graves).

Después de cinco años de diálogo interrumpido con Santiago en torno a la “agenda de los 13 puntos”, La Paz decidió el año pasado llevar el reclamo a tribunales internacionales, casi con seguridad La Haya. Lo anunció el 23 de marzo, fecha en que La Paz celebra el Día del Mar, en homenaje a la resistencia de la localidad de Calama durante la guerra. De inmediato construyó alrededor de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar) un grupo de trabajo con historiadores, juristas y oceanógrafos, para preparar las acciones pertinentes. Todavía no las ha iniciado (el argumento es que “Perú tardó cuatro años”), pero en este tiempo nada ha hecho pensar que va a renunciar a usar esa vía. Mientras Bolivia mantenga esta opción viva, la negociación con Chile seguirá interrumpida. Morales aprovecha, por tanto, ocasiones como la reunión de Cochabamba para plantear su posición. Chile sabe que América Latina no pasará de una solidaridad declarativa con el principio de la salida al mar de Bolivia, por lo que tiene asumido que habrá en esto más ruido que nueces. Morales lo sabe también, pero lo que realmente busca no es una acción concreta del continente, sino una ocasión verbal, una plataforma política, con miras a su complicado frente interno.

Más allá de esto, habrá algunos asuntos bilaterales que distintos países aprovecharán para tratar en privado con sus interlocutores respectivos. Por ejemplo, es previsible que Perú insista a Chile en acelerar el desminado de la frontera (que por lo demás, es responsabilidad de una empresa nórdica recomendada por la OEA, por ser una de las únicas especializadas en ello). Etcétera.

Cuesta esperar nada muy importante de esta reunión para el continente en su conjunto. La división de objetivos y agendas está muy clara, y no hay forma por ahora de que América Latina en su conjunto adopte una postura común frente a los grandes asuntos, lo mismo frente a sus ciudadanos que ante el resto del mundo. Y menos que lo haga junto a Estados Unidos, que es parte de la OEA.

Lo que primará, como ha primado en cumbres anteriores, son los asuntos laterales, los gestos dirigidos a la galería interna, los desplantes a un adversario del Norte que está hoy demasiado preocupado en otros temas para hacer mucho caso. Y poco más.