Revolucionemos la educación: privaticémosla

Libre Mercado, Madrid

Hace un año traté de explicar por qué resultaba necesario privatizar la educación superior en España.
Sucede que uno de los más claros beneficios de abrir verdaderamente un
mercado a la competencia es que los modelos tradicionales de satisfacer
al consumidor son día a día puestos en solfa no ya por los asentados y
acomodados empresarios, sino por la savia nueva que intenta sobreponerse
a los caducos planes de negocio tradicionales: cualquier persona está
legitimada para presentar su propuesta de valor a un inversor que la
financie y, finalmente, al consumidor soberano que decida convalidarla o
rechazarla.

Nada lejanamente remoto a esto sucede en España. Acaso por ello, el
fracaso de su sistema educativo sea patente a todos los niveles desde
hace años: la "generación mejor preparada de la historia" lo es sólo por
bulto, no por calidad ni por adecuación de su formación a las
necesidades del mercado; por número bruto de titulados, que no por
capacidad de generación de riqueza de cada uno de ellos. Sólo así se
explica que en la década del conocimiento, del alto valor añadido o de
la especialización técnica, alrededor del 40% de los graduados de menos
de 34 años esté siendo empleado, según la OCDE, en trabajos escasamente
cualificados o que, de acuerdo con el INE, la prima salarial entre los
licenciados y los simplemente escolarizados no haya dejado de
estrecharse en los últimos veinte años. Y todo ello a pesar de que
nuestro gasto público por alumno se ha duplicado en los últimos diez
años hasta ubicarse en 2009 (últimos datos disponibles de Eurostat) en
el tercero más elevado de toda la Unión Europea: por delante, sí, de
Alemania, Francia, Finlandia, Suecia, Reino Unido u Holanda.

Sonoro fracaso atribuible no ya a la LOGSE y a cuantas otras reformas
educativas impulsoras de deficientes métodos pedagógicos y contenidos
curriculares, sino a la concepción centralizadamente planificada del
sistema: al arrogante error de querer que el método de enseñanza sea
único para todo el mundo, sin permitir que cada escuela o cada
universidad experimente con el suyo propio hasta descubrir cuál es el
más adecuado en cada contexto histórico. ¿Qué daño habría hecho la LOGSE
en caso de que sus principios sólo se hubiesen aplicado en una escuela
de un barrio de Madrid? Pues apenas ninguno: constatado por los padres y
por el director del centro la pobre preparación del alumnado, pronto
habrían cambiado de método y pocos colegios cometerían la torpeza de
emular una estrategia tan perdedora. En cambio, en nuestro centralizado
sistema –público, concertado o privado sometido a draconianas
regulaciones– no sólo se la ha impuesto a todo el mundo, sino que, por
espurias consideraciones políticas de unos y de otros, se ha tornado en
anatema siquiera el plantear modificarla.

En suma: lo que necesita la enseñanza es libertad para probar nuevos
métodos, para componer planes de estudio, para rediseñar el papel del
profesor, para adaptar el horario y el calendario lectivo, etc. El
espectro de experimentaciones, incluso de experimentaciones exitosas
según el tipo de alumno, es muy amplio: desde regresar al muy
tradicional método de la educación personalizada en casa (el
homeschooling) hasta aprovechar internet para impartir clases y
titulaciones online a grupos más amplios.

Algunas de estas alternativas están simplemente prohibidas en España
(el homeschooling) y otras se encuentran muy restringidas. A las trabas
regulatorias para siquiera iniciar la actividad empresarial de crear un
centro de estudios, se le une el sangrado fiscal a la ciudadanía para
costear una educación pública carísima y, en muchos ámbitos, de baja
calidad y adecuación a las necesidades del mercado. Por supuesto que,
pese al páramo económico y normativo de España, aparecen muy dignas
flores –como el centro de estudios online OMMA y su fundamental máster sobre teoría austriaca y value investing–,
pero muchas menos de las que surgirían si el sistema fuera privado y
estuviera desregulado. Acaso ésa sea la perversa finalidad última de su
estatización: controlar y maniatar, a conveniencia del Gobierno, el
natural y creativo desarrollo de la instrucción.

Esta crisis, no sólo presupuestaria sino también de patrones de
especialización productiva, constituye el mejor momento para
revolucionar la educación devolviéndosela a alumnos, padres e
inversores. No tengamos miedo a innovar. Al fin y al cabo, si por alguna
alineación planetaria acaeciera que la presente organización del
sistema educativo español es la óptima, empresarios y consumidores lo
descubrirían y lo conservarían en su actual forma. Pero creo que todos
somos muy conscientes de que nada de eso sucedería: señal de que algo
falla, esto es, de que no tenemos un sistema orientado a la mejor
formación profesional del alumno sino a la perpetuación de centenares de
miles de intereses creados.