Los medios de comunicación, otra víctima de la violencia en México

Por José de Cordoba y Nicholas Casey
The Wall Street Journal

Ciudad de México— Asaltantes desconocidos lanzaron recientemente una granada en las oficinas de la cadena de televisión más importante de México, Televisa, en Monterrey, la capital empresarial del país. La explosión envió un mensaje a los medios del país: tengan cuidado si cubren la guerra contra el narcotráfico.

En los últimos cinco años, 56 periodistas han sido asesinados en México, la mayoría por bandas de narcotraficantes, según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), una asociación que agrupa a nos 1.300 propietarios, editores y directores de diarios y agencias del continente americano.

El número de víctimas mortales aumenta rápidamente. Este año, 12 reporteros han sido asesinado y otros ocho han desaparecido.

Según Ricardo Trotti, el director de la SIP para la libertad de prensa, México es en la actualidad el país más peligroso en las Américas para los periodistas. En términos globales, México se compara con países en guerra o con conflictos civiles, como Irak, Afganistán y Filipinas, dice Trotti.

En partes de México, los medios locales han decidido dejar de reportar sobre la violencia relacionada con el narcotráfico. Durante un noticiero emitido desde la relativa seguridad de la Ciudad de México el viernes pasado, el presentador de Televisa Carlos Loret de Mola narró varios eventos ocurridos dos días antes en la ciudad de Tampico, en la Costa del Golfo. Ese día, dijo el periodista, la policía y bandas de narcotraficantes mantuvieron diversas balaceras en la principal avenida de la ciudad, un líder empresarial local fue secuestrado y el gobernador electo canceló una visita a la localidad por razones de seguridad.

Ningún medio de comunicación o reportero alguno [de Tampico] escribió al respecto" dijo Loret de Mola, quien incluyó reportes de los eventos en sito de redes sociales. La razón: los periodistas locales están acostumbrados a recibir llamadas por teléfono a diario de los narcotraficantes "instrucciones amenazantes de cómo proceder." La alternativa de no seguir instrucciones, dijo Loret de Mola: "pagan con su vida o la vida de sus familias."

La semana pasada, las Naciones Unidas enviaron por vez primera una misión a México para examinar las amenazas a la libertad de prensa. Mientras tanto, la SIP ha estado presionando al gobierno mexicano para que incremente las penas de los delitos contra los periodistas y para que sean tipificados como federales en lugar de estatales.

En un momento en el que aumentan los asesinatos, secuestros e intimidaciones contra los periodistas en México, los profesionales del sector analizan con más detenimiento las lecciones de supervivencia en Colombia de colegas que han experimentado años de terror.

Colombia, donde el caos causado por el narcotráfico se ha reducido drásticamente en los últimos años, atravesó un período de gran violencia en los años 80 y 90, cuando los poderosos capos del narcotráfico libraron una guerra contra las instituciones del país, incluidos los medios. Los periodistas que reportaban sobre el ya fallecido Pablo Escobar se arriesgaban a ser su blanco en sus oficinas u hogares.

Muchos veteranos de la violencia colombiana afirman que es ahora cuando los periodistas y las altas jerarquías de México están comenzado a darse cuenta de la seriedad de la situación que enfrentan, y de los riesgos a la libertad de expresión.

"Les decía a los mexicanos en las asambleas de periodistas que se miren en el espejo de Colombia; que no saben lo que se les venía encima", afirma Enrique Santos, ex editor y columnista de El Tiempo, uno de los principales diarios de ese país. "Eso cayó en oídos sordos, y hasta ofendía sus sentimientos nacionalistas. Ni los propios periodistas estaban conscientes de lo que estaba pasando".

El panorama está cambiando. El ataque de este fin de semana en Monterrey, escenario de una guerra entre carteles rivales, ha centrado la atención en unos últimos meses particularmente peligrosos en México. El 6 de julio, Hugo Alfredo Olivera, el dueño de un diario en el estado central de Michoacán, fue encontrado muerto de varios disparos en su camioneta. El 10 de julio, un reportero de radio de la zona fronteriza en el estado de Nuevo León fue encontrado asesinado a balazos luego de haber sido secuestrado.

Posteriormente, el 26 de julio, cuatro periodistas —dos de Televisa y dos de Milenio Televisión—fueron secuestrados en la ciudad norteña de Gómez Palacio, un crimen que según las autoridades policiales fue organizado por el poderoso cartel de Sinaloa, liderado por el capo del narcotráfico Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Durante la semana del secuestro de los periodistas, sus captores exigieron que sus organizaciones de medios emitieran videos en los que se culpaba de corrupción a un cartel rival. Después de que Televisa y Milenio Televisión emitieran un videoclip sin editar en una estación local, dos reporteros fueron liberados ilesos. Los otros fueron rescatados el 1 de agosto por la policía federal. La policía afirma que varios de los captores fueron apresados más tarde.

Los periodistas mexicanos afirman que los medios locales han tardado en responder a la deteriorada situación en parte porque las víctimas de la violencia del narcotráfico han sido principalmente hasta ahora profesionales en ciudades y pueblos del interior del país.

Según Lucía Lagunes, una reportera de la agencia de noticias Cimac Noticias, con sede en la Ciudad de México, hay dos realidad en México: hacer periodismo en la capital, que es relativamente seguro, y hacer periodismo en el interior del país, donde no lo es.

Esta situación era diferente en Colombia, donde los carteles del narcotráfico dirigieron su violencia contra los principales periodistas y propietarios de medios del país. En 1986, sicarios pagados por Escobar asesinaron a Guillermo Cano, el director del diario bogotano El Espectador.

La muerte de Cano estremeció a la clase dirigente de Colombia. Poco después, los medios del país llevaron a cabo una huelga de un día, en la que las pantallas de televisión quedaron en blanco y no se publicaron diarios. Las marchas de protesta fueron encabezadas por periodistas, y líderes locales se unieron a ellas en todo el país.

No fue hasta 1996, con la ayuda del Comité para la Protección de los Periodistas (una organización apolítica fundada en Nueva York y conocida como CPJ por sus siglas en inglés), del escritor colombiano Gabriel García Márquez y otras personalidades, que los periodistas colombianos se unieron para formar un grupo llamado Fundación para la Libertad de Prensa, o FLIP, que creó un "sistema de alerta temprana" para alertar a los reporteros de amenazas. El gobierno también se involucró, estableciendo un comité para ofrecer a los periodistas protección, desde el suministro de chalecos antibala y guardaespaldas a logística para los profesionales que necesitaban exiliarse temporalmente de sus ciudades en otras regiones de Colombia o en extranjero.

La prensa de México está comenzando a responder a la crisis. El 7 de agosto, cientos de periodistas locales y otros miembros del público se reunieron en la Ciudad de México para protestar por la violencia reciente y pedir la protección del gobierno.