México, un país sumido en la inseguridad
Las cifras oficiales señalan que hubo más de tres mil asesinatos en lo que va del año en ese país y es el segundo en el índice de secuestros en el mundo. El clima de inseguridad que afecta el día a día de la sociedad mexicana dio lugar a una marcha masiva el pasado 31 de agosto, en la que la gente salió a las calles para reclamar a las autoridades por mayor seguridad.
Cuatro años atrás hubo otra marcha similar, que según escribe el analista político Jorge Zepeda Patterson “fue inútil”, al igual que “tampoco pareció servir la del 29 de noviembre de 1997 en la que marcharon (el actual presidente) Felipe Calderón y (el político conservador) Santiago Creel, para exigir al presidente Ernesto Zedillo que pusiera fin a la inseguridad”.
La seguridad privada en México vive un momento de auge, por la creciente demanda de distintos servicios, como vigilancia, autos blindados o localizadores satelitales. La profesión de guardaespaldas, llamados “guaruras”, es una de las más requeridas y más riesgosas en ese país. Pocas veces se considera la cantidad de caídos en defensa de sus empleadores.
El sector registra crecimientos anuales que van desde el 10 al 30%. Según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, las empresas y las familias mexicanas invierten anualmente unos 18.000 millones de dólares en medidas de seguridad.
La industria del secuestro en ese país ocupa a miles de personas que logran encontrar una rentable y fácil salida económica.
Por la corrupción arraigada en las bases de las autoridades policiales genera impunidad, y a pesar de algunas espectaculares detenciones, los sucesivos gobiernos no tienen éxito en la reducción de esa actividad criminal.
Los secuestros afectan a todos por igual. Fueron resonantes los casos del cineasta Guillermo del Toro (El laberinto del fauno), quien se mudó a Estados Unidos luego de que secuestraran a su padre en 1997en Guadalajara, o también el de las hermanas de la cantante Thalía en 2002, la escritora Ernestina Sodi y la actriz Laura Zapata, perpetrado por la banda “Los Tiras”, quienes fueron finalmente detenidos.
Otros casos resonantes fueron los del hijo del cantante Vicente Fernández y hermano de Alejandro Fernández, quien perdió dos dedos de su mano derecha en 1997, cuando sus secuestradores se los enviaron a su familia como prueba de vida.
También tuvo una gran trascendencia la actriz Catherine Zeta-Jones sufrió un intento de secuestro mientras filmaba junto a Antonio Banderas la película “La leyenda del Zorro”, cuando un grupo de individuos armados cerró el paso a la limusina en la que viajaba, pero sus guardaespaldas los habrían convencido de no concretar el rapto. Al respecto, la ONG Insyde Ideas resaltó que entre todos los delitos, el secuestro ocupa la mayor atención de los medios.
Una investigación realizada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) arrojó que en lo que va de 2008 se registraron 331 secuestros en todo el país. De este modo, la nación mexicana ocupa el segundo lugar de todo el continente americano en el índice de secuestros, superado por Colombia.
Según los datos oficiales, el número de raptos perpetrados creció un 40 por ciento entre 2004 y 2007. La mayor parte de los detenidos por estos hechos, son o fueron parte de las fuerzas policiales.
La marcha del 31 de agosto se inició por el reciente secuestro y asesinato del joven de 14 años Fernando Martí, hijo de un rico comerciante de artículos deportivos.
Por este hecho se reunieron el presidente del gobierno nacional, Felipe Calderón y Marcelo Ebrard, jefe del gobierno del Distrito Federal, que es parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que no reconocen como legítima la investidura del mandatario nacional.
Sin embargo, las políticas llevadas adelante con este fin parecen no dar satisfacción a las demandas de la sociedad mexicana. El periódico Reforma dio como resultado que el 72% de la población adulta de la zona metropolitana cree que la pena de muerte puede ser una respuesta adecuada ante delitos como el secuestro.
En tanto, el oficialismo destaca en un informe lo que ve como una política anticrimen exitosa, en la que detalla que desde septiembre de 2007 hasta junio de 2008 se detuvieron 22.000 personas vinculadas al crimen organizado, además del secuestro de 11.000 armas, pero también admite que por la violencia murieron más de 100 policías federales, 62 soldados y cinco marinos.
En el mismo momento en que se presentó ese informe, el jefe máximo de la seguridad mexicana, Roberto Campa, presentó su renuncia a la titularidad del Sistema Nacional de Seguridad, la primera presentada en un marco de extrema violencia y de fuerza del crimen organizado.
Mientras, la ola de violencia e inseguridad no para de crecer en un país que no logra controlar el delito, que ya es parte corriente de la vida cotidiana del mexicano medio.
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