La maldición del pragmatismo (III)

Por Eduardo Mayora Álvarado
Siglo XXI

(Puede verse también la primera y segunda parte de este trabajo)

Preguntaba la semana pasada cuáles son las opciones del funcionario pragmático, ante la pesadilla que le supone ver frustrados sus planes o proyectos por eso que, en general, percibe como puros tecnicismos legales u obstáculos burocráticos, que terminarán por arruinar su plan de gobierno.

Recordemos que he llamado “pragmático” a ese funcionario impaciente por actuar en contra de las principales lacras sociales, lleno de buenas intenciones y con sentido práctico. No estoy tratando de funcionarios corruptos o de los cínicos, que ven en la participación política una salida fácil y rápida de la pobreza o el anonimato. Pues ese funcionario pragmático tiene, simplificando las cosas, tres opciones: tragarse las frustraciones de no ver realizados un buen número de sus proyectos o programas; procurar estirar las reglas hasta límites inconvenientes; o por último, obviar las reglas del todo (si bien buscando, por lo menos, alguna apariencia de legalidad).

En Guatemala, durante las últimas más o menos dos décadas, han ido acumulándose casos del segundo y tercer tipo. Es decir, el pragmatismo ha terminado por imponerse predominantemente, muchas veces, con el aval de las mismas instituciones internacionales que, desde sus sedes exigen: ¡transparencia, probidad y eficiencia!

El predominio del pragmatismo, paradójicamente, ha crecido de la mano de un discurso público casi empalagoso sobre las virtudes del “Estado de Derecho” y la necesidad de que quede final e indiscutiblemente entronizado. Sin embargo, la casi total desarticulación del sistema de servicio civil (con algo así como 47 distintos regímenes de contratación de funcionarios, empleados y asesores públicos), el surgimiento de fideicomisos, de transferencias de recursos del Estado a organismos internacionales y a ONGs, al igual que la falta de pronunciamiento del Congreso de la República sobre la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, son evidencia clara de que se trata de un discurso meramente de imagen, de relaciones públicas.

Desgraciadamente, la corrupción, ya no de los pragmáticos, sino de los que aprovechan la falta de transparencia que, necesariamente surge en torno a “las soluciones pragmáticas”, también ha ido in crescendo. El conjunto del fenómeno ha llegado a tales dimensiones que ya no hay forma de taparlo. Era inevitable que así ocurriera pues, cuando “las soluciones pragmáticas” son la excepción, puede esperarse que, por ejemplo, una Contraloría de Cuentas accione con alguna expectativa de éxito. Pero cuando se convierten en la regla… no queda más que todos se tapen con la misma chamarra.

El pragmatismo, con toda y su impaciencia por hacer el bien, es contrario al ideal del Estado de Derecho. Es contraproducente en el largo plazo y, además, fuente de ilegalidades. Manifiestas unas, encubiertas otras, pero igualmente antijurídicas. Es necesario desterrarlo, aunque pueda resultar frustrante y costoso cumplir con todos los procedimientos y requisitos legales. Por supuesto, los muchos que son absurdos o excesivos, deben suprimirse o racionalizarse.