Guatemala: La legislación como remedio

Por Eduardo Mayora Álvarado
Siglo XXI

Circunstancias tales como el surgimiento del crimen organizado, el tráfico de armas de fuego, las llamadas “quiebras bancarias”, la falta de transparencia y las dificultades para acceder a la información sobre actos y negocios públicos, la captación de fondos por medio de entidades fuera de plaza, las dificultades para ejecutar garantías bancarias, o la falta de confiabilidad en las cédulas de vecindad, para no citar sino las más notorias y recientes, han dado lugar a que se promueva —y en algunos casos, se apruebe— nueva legislación. De las iniciativas de ley o de las nuevas normativas, mucho se ha debatido por las páginas de la Prensa.

En algunos casos, como el de la Ley Contra el Crimen Organizado, la promulgación de las nuevas disposiciones legales ya es suficientemente antigua, como para afirmar que nada parece haber cambiado (como no sea para peor). En otros, como los del RENAP y la Ley de Garantías Mobiliarias, ha sido necesario recurrir a chapuces, prórrogas y trasplantes, para que el proyecto no colapse antes de nacer. ¿Y qué podría decirse de las nuevas regulaciones y órganos encargados del controversial tema de las adopciones?

En general, pues, difícilmente podría afirmarse que exista alguna correlación entre la promulgación de nuevas disposiciones legislativas, por un lado, y la resolución de los problemas que han dado lugar a su promoción, por el otro. No quiero dar a entender con esto que legislar siempre, o casi siempre, sea fútil o irrelevante. De ninguna manera. Me refiero, más bien, a que cuando algo anda mal o muy mal, como sociedad y Estado hemos optado por la más fácil de las salidas: plantear que, seguramente, la Constitución y la legislación vigentes no regulan adecuadamente los problemas o fenómenos que sean y que, por consiguiente, la solución está en proponer y aprobar una nueva ley.
Pero, casi sin excepción, en la raíz de esos problemas no está una mala ley o una falta de regulación de los mismos. Más bien anida una tremendamente peligrosa debilidad institucional que, a pesar de que se comenta y señala constantemente, sigue prácticamente igual. Y es que, habiendo pasado ya tanto tiempo desde el primer “diagnóstico” y su consecuente “informe y recomendaciones”, sobre la reforma del sistema de justicia y sus órganos auxiliares, la inmensa mayoría de medidas que se han tomado son, cuando mucho, paliativos parciales y temporales.

Un comentarista de la versión en línea de uno de mis artículos recientes afirmaba que, realmente, lo que ocurre es que a las élites económico-políticas no les interesa ni desean ver instaurado un sistema de justicia sólido y eficiente. ¿Puede negarse esa hipótesis? Yo creo que no. Es más, la evidencia apunta, lamentablemente, a la tan famosa como trillada “falta de voluntad política” que necesariamente tiene que contar con el respaldo de los principales sectores de poder del país, para que pueda flotar.
Hay un coste adicional de mirar a la legislación como remedio: se justifican, condonan y olvidan las omisiones del pasado porque, como no había ley que aplicar…