¿De qué democracia hablamos en el Ecuador?

Por José Luis Ortiz
El Expreso de Guayquil

El desarrollo reciente de la democracia se ha orientado a fortalecer básicamente dos ámbitos: la institucionalidad y la transparencia en el manejo de la riqueza social. El primero, mediante el fortalecimiento de los equilibrios y los contrapesos del poder, a fin de evitar nocivos fenómenos de concentración, centralización y autoritarismo. La independencia de funciones, en esa línea, se ha convertido en el eje del desenvolvimiento de las sociedades y de la relación entre la ciudadanía y los gobiernos.

De la misma manera la estructura estatal ha perfeccionado una mecánica de articulación de sus aparatos, a partir de precisas y concretas facultades traducidas en competencias asentadas en la normatividad jurídica (El sector público tiene competencias y no derechos). Este desarrollo institucional se ha visto enriquecido por la incorporación de una moderna concepción de la participación ciudadana que a su vez se bifurca en dos vertientes: una mayor presencia colectiva en la definición y ejecución de políticas, y un ejercicio descentralizador eficiente que desemboca en proyectos autonómicos garantizados por el pronunciamiento de los voluntades locales y el reconocimiento del Estado central.

El segundo campo, bajo la justificación de que la ciudadanía es titular del pleno derecho de supervisar el cumplimiento del mandato por sus encargados, ha devenido en la obligatoriedad que tienen los gobiernos de responder tanto por sus gestiones orientadas al desarrollo integral como de la forma de administrar la caja pública, el dinero de todos.

Así, la lucha contra la corrupción se ha convertido en una cruzada conjunta de la sociedad política y de la sociedad civil, y ha propiciado ambientes de confianza para apuntalar el funcionamiento económico, delimitar los campos de intervención en la práctica de generación de riqueza, y la certeza de que el Estado cumplirá su papel de instrumento de apoyo y seguridad.

¿Se dan en nuestro país estas dos condiciones? ¿Hay democracia en el Ecuador?
No. El Ecuador no vive un sistema democrático. La institucionalidad ha desaparecido y el manejo de la riqueza nacional no es transparente.

La institucionalidad ha sido pisoteada desde el inicio del actual gobierno. Su intervención para desarmar el Congreso, integrar a su gusto los organismos de control constitucional y de manejo electoral, se ha visto corroborada, en una estrategia definida de modo combinado con la Asamblea Constituyente, por una serie sucesiva de atropellos a la Constitución y a la Ley. Haberse declarado de plenos poderes, legislar, poner y sacar funcionarios, ha significado el mayor golpe contra la democracia por parte de esa entidad, a nombre de una supuesta “revolución ciudadana” bajo la égida del Presidente de la República.

Asimismo, el Gobierno no ha cumplido su obligación de lucha contra la corrupción, no ha informado con claridad de sus gestiones en el manejo de los recursos públicos, y ha generado muchas dudas sobre el cumplimiento de las disposiciones legales en decisiones que comprometen cantidades enormes de recursos.

Sólo dos últimos casos en este campo: Para la ejecución del proyecto Coca Codo Sinclair contrata sin licitación con Enarsa, una compañía supuestamente estatal, y cuya presencia en negocios oficiales en Argentina le ha significado un bajón a la popularidad presidencial, sabiendo que aquella no es sino una intermediaria para subcontratar tramos de la obra que dejan cuantiosas utilidades. Y los “acuerdos” con Porta, llevados a cabo en el palacio de Gobierno por un funcionario de confianza presidencial, sin ceñirse a los procedimientos establecidos en la Ley de Telecomunicaciones. El Ecuador está en deuda con la democracia.