Incompatible

Editorial –
El País, Montevideo

El gobierno de Venezuela ha anunciado su voluntad de que la empresa Siderúrgica del Orinoco -Sidor – vuelva al regazo del Estado. El complejo industrial fue privatizado en 1997, con la intención de quitarle al Estado un pesado fardo de encima. Actualmente sus acciones se dividen entre la empresa Ternium (60%), el Estado Venezolano (20%) y los trabajadores de la acería (20%). El presidente Chávez informó que la intención es adquirir las acciones correspondentes a Ternium, sin interferir con las acciones pertenecientes a los obreros.

Lo interesante es que Ternium forma parte del importante grupo industrial argentino Techint. Por lo tanto, la decisión venezolana toca intereses argentinos, a pesar de las buenas relaciones entre ambos países. La Unión Industrial Argentina advirtió que la medida “desalienta cualquier tipo de inversión” en Venezuela.

La decisión de nacionalizar, en realidad de estatizar, cae dentro del ámbito de la soberanía de cada país. Las diferencias de opinión que puedan existir en cuanto al procedimiento a ser aplicado y el monto de la transacción seguramente se resolverán mediante discusiones entre la empresa argentina y el Estado venezolano y, en cualquier caso, entre los dos países.

Pero, lo sucedido marca una tendencia muy clara en el actual gobierno venezolano de aumentar, cada vez más, la intervención directa del Estado en la economía. La experiencia indica que se trata de una estrategia perdedora y contraproducente que, y esto nos importa directamente, es incompatible con el concepto de un mercado común regional.

Para que exista un mercado común debe existir libertad de movimiento de mercaderías, servicios e inversiones. Todo indica que el gobierno de Chávez no tiene la más mínima intención de permitir esa libertad esencial. Puede sostenerse que optar por ese cambio es una decisión soberana de Venezuela. Es cierto. Pero la ausencia de aquel ánimo indispensable para integrarse en el Mercosur y de someterse a las mismas reglas que los demás, afecta los legítimos intereses de los cuatro países que firmaron el Tratado de Asunción. Afortunadamente, dos de ellos aún no han ratificado esa incorporación.