Educación estatal

Por Manuel F. Ayau Cordón
Prensa Libre

En una sociedad democrática, los padres de familia conservan el derecho de educar a sus hijos.

Comienzo transcribiendo el correo que envié a Lucía León, reportera del diario Siglo Veintiuno:

“Estimada Lucía León. Leí su reportaje (jueves 6 de diciembre) en el que me cita.

Lamentablemente dije todo lo contrario: que el Gobierno no se debe inmiscuir en contratos privados entre padres y proveedores del servicio educativo, como no se mete en los negocios entre los padres y los proveedores de alimentos para las familias.

Dije de diversas formas que el papel del Gobierno debe ser subsidiario, el de educar a los que no tienen con qué mandar a sus hijos a la escuela y a los que no quieren mandar a sus hijos a colegios privados, y que debe respetar el derecho de los padres de educar a sus hijos.

Los jóvenes no son hijos del Estado, como en los países comunistas. Cuando me preguntó si por lo menos el Estado debería informar a los padres, reiteré lo anterior, ¡con el ejemplo de que el Gobierno no informaba a los padres respecto a la comida que compran para sus hijos! M. F. Ayau”.

Toda la gente tiene entre sus más altas prioridades la educación. Se considera herejía cuestionar si el Gobierno debería o no asumir la responsabilidad de educar a la juventud. Sin embargo, negarse a reevaluar las premisas no es de personas inteligentes, y menos aún rehusar el análisis por razones ideológicas.

Desde que los gobiernos políticos se involucraron en la educación pública, se aceptó como dogma ideológico indiscutible que educar era función legítima de los gobiernos y no de los padres de familia.

No me refiero a educar a jóvenes cuyos padres son pobres. Me refiero a constituir a los gobiernos políticos en rectores coercitivos de la educación, aun de la educación de los hijos cuyos padres no quieren la injerencia de los políticos en la educación de sus hijos.

Sin duda, el genuino deseo de ver a todo ciudadano preparado para su futuro impidió el ponderado análisis de las consecuencias directas e indirectas, de corto y largo plazos, de privar a los padres del derecho de escoger libremente la educación de sus hijos.

La educación no debe ser asunto ideológico. Las preguntas pertinentes son: primero, ¿tienen o no los padres de familia el derecho de educar a sus hijos según su propio criterio y por cuenta propia? Segundo, ¿acaso está justificado el uso de la fuerza pública para impedir que los padres de familia contraten libremente a educadores para sus hijos? ¿Acaso el ejercicio de ese derecho y libertad viola derechos de otros ciudadanos?

En contra de respetar el derecho de los padres, se aduce que los colegios privados van a explotar y a engañar a los padres. ¿Acaso esto ocurre con la provisión de alimentos, que es mucho más vital y urgente? Si hubiese más libertad de contratación, habría mucho más colegios, y en un ambiente de competencia, los malos no prosperarían.

Si a un padre no le satisface el servicio de un colegio, podría mandarlo a otro o a uno público. El control de cuotas impide contratar a personal mejor calificado, y si bien algunos padres se quejan, estarían en libertad de mandarlos a escuelas públicas o a otras privadas más baratas.

Se aduce que el Gobierno controla la calidad, pero la calidad no es la mejor, ni siempre la atingente. Fueron los colegios públicos los últimos que enseñaron computación. Aún muchos no enseñan inglés, aunque lo prefieran los padres.

La historia que enseñan es la versión oficial del magisterio, del Gobierno, como en los países socialistas. Sobre la calidad de la burocracia educativa estatal, recuerdo haber leído que en los EE.UU. la mayoría de profesores de escuelas públicas prefiere mandar a sus hijos a escuelas privadas, y no dudo que aquí la preferencia sería igual.