España: ¿Para cuándo el Estado laico?

Por Bonifacio de la Cuadra
El País

La configuración de nuestro Estado social y democrático de derecho como plenamente laico es una exigencia del sistema político que nos dimos en 1978 y, desde entonces, una asignatura pendiente, en coherencia con la voluntad de “establecer una sociedad democrática avanzada”, proclamada en el Preámbulo de la Constitución. Se trata de una decisión urgente, exigible a un Gobierno socialista, y que no admite aplazamientos a cargo de previsibles votos inmediatos católicos ni claudicaciones ante las presiones intolerables de la jerarquía eclesiástica, que muerde su presa sin soltarla.

El funcionamiento de las estructuras sociales básicas -la escuela, la sanidad, la ciencia, la cultura- y el libre discurrir de las relaciones entre los ciudadanos -familiares, sexuales, sociales- necesita, en una democracia sólida, soltar el lastre de unas servidumbres heredadas del nacionalcatolicismo imperante durante décadas y todavía presentes en los usos y costumbres sociales que la Iglesia pretende mantener contra viento y marea. El laicismo liberará las relaciones cívicas y saneará la vida social, atenazada aún por un modelo de sociedad en el que la religión es un componente esencial, que se resiste a pasar a un segundo plano opcional. Los españoles serán seguramente más felices cuando se les facilite que se liberen de ese horizonte tenebroso de pecado, infierno, cielo, purgatorio, fe, penitencia, milagro, limosna, virginidad, dogma, sacramento, celibato, y de la hiriente subordinación de la mujer -ausente de las estructuras de poder eclesiástico-, que resulta drásticamente incompatible con la democracia igualitaria.

Nada de eso implica perseguir a la Iglesia católica, que deberá tener el espacio que le corresponda en un Estado laico y el que le concedan o propicien sus fieles, pero de ninguna manera una financiación asegurada ni una situación de privilegio en materia educativa o fiscal. En un Estado democrático y, por tanto, laico, la religión católica, como las demás, deberá ser tolerada, pero no mucho más que una sociedad filatélica, un movimiento ecologista o una ONG.

En el camino de la democracia española hacia la práctica del laicismo puede parecer que el texto de la Constitución supone un obstáculo. El artículo 16 dice, entre otras cosas, tras proclamar que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”: “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones”.

Sin embargo, ese precepto -trabajosamente introducido en el debate constituyente- no obliga a más de lo que dice ni impide que el Estado español denuncie los Acuerdos firmados en 1979 con la Santa Sede, ya que la constitucionalizada “cooperación con la Iglesia católica” no impone sus contenidos, entre ellos la declaración eclesiástica de idoneidad para dar clase de religión a unos profesores pagados por el Estado.

Un documento de la Fundación Alternativas, de 2005, favorable al laicismo y contrario a la financiación estatal de la Iglesia aunque la mayoría de los españoles profesaran la religión católica -hecho probable en 1978, pero muy discutible hoy-, recoge un trabajo de dos expertos, los profesores Óscar Celador y José María Contreras, según los cuales, “la única conformación coherente con la configuración de un Estado democrático y social de derecho es la de un Estado laico que garantiza y respeta el derecho de libertad de conciencia de sus ciudadanos”. Los mismos juristas afirman también que el compromiso estatal de financiar a la Iglesia católica “expiró hace muchos años”, mientras que el de la Iglesia de “lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades” (artículo 2.5 de los Acuerdos de 1979) está sin cumplir.

¿Para cuándo el Estado laico?

El programa electoral del PSOE para las elecciones de 2004 apenas incluía referencias a este asunto, aparte del objetivo educativo de “potenciar los valores y atender las necesidades de una Escuela pública y laica, en los términos del artículo 27 de la Constitución”, y restablecer “el carácter voluntario y no evaluable de la enseñanza de la religión”. ¿Es previsible que en el programa electoral para 2008 se avance hacia el Estado laico?

Las noticias no son optimistas. En enero de 2007, el Gobierno socialista y la Conferencia Episcopal, con la conformidad de la Santa Sede, convirtieron en “estable” el procedimiento provisional de financiación de la Iglesia pactado en 1988, incrementado en un 34% sobre 2006, y elevó del 0,52% al 0,70% el coeficiente a recibir del Estado por cada contribuyente que marque con una X la casilla del IRPF a favor de la Iglesia, lo que significa reducir en ese mismo porcentaje su aportación a los gastos del Estado.

El 22 de julio último, en la clausura del XXIII congreso de las Juventudes Socialistas, su nuevo secretario general, Sergio Gutiérrez, a propósito de la oposición episcopal a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, manifestó, en presencia del líder de su partido, José Luis Rodríguez Zapatero: “Una jerarquía eclesiástica que se opone a que se enseñen los valores constitucionales no se merece que la sociedad contribuya a su financiación”. Cuando se acallaron los aplausos, Zapatero defendió los “principios laicos” de nuestro Estado aconfesional y aseguró, respecto a la reacción eclesial contra la nueva asignatura, que “se hará cumplir la ley”, porque, según explicó, “ninguna fe puede oponerse a la soberanía popular, que reside en el Parlamento, ni a las leyes que de la misma dimanan”. Pero afirmó también que “el Gobierno mantiene las señas de identidad de generosidad y sensibilidad hacia las confesiones religiosas, sobre todo la mayoritaria, en cuanto a los recursos económicos”.

Unos días después, Gregorio Peces-Barba -el ponente socialista que se opuso sin éxito a la mención privilegiada de la Iglesia en la Constitución- alabó la defensa que Zapatero hizo de la ley, criticó con dureza “la beligerancia de los cardenales y de los obispos (…) contra cualquier progreso”, les pidió sosiego y respeto, y concluyó: “Si este nuevo clima no se consigue en la próxima legislatura, habrá que abordar el tema de la acción y de la situación de la Iglesia y establecer un nuevo estatus, que les sitúe en su sitio y que respete la autonomía de la autoridad civil” (En torno a la Educación para la Ciudadanía, EL PAÍS, 7 de agosto de 2007).

A los pocos días, el periodista y escritor Iván Tubau elogió el artículo de Peces-Barba: “Impecable, pero -preguntó- ¿hay que esperar a la próxima legislatura? A veces, lo sensato es decir: ‘Ahora o nunca” (Por qué esperar, EL PAÍS, 12 de agosto de 2007). Con Tubau, ¿sería mucho pedir a los responsables de elaborar el programa electoral del PSOE que no dejen de lado esta vez un nuevo avance democrático, la realización del Estado laico? El matrimonio entre personas del mismo sexo parecía más audaz.