Entre el ogro y los marcianos se dirime el futuro personal de los uruguayos

El lenguaje es una de las herramientas más poderosas para mantener sometida a la población, sin que ella sea consciente de ello. Eso es así porque existe una estrecha relación entre lenguaje y pensamiento, lo que se traduce en la visión predominante del mundo y de las cosas en esa nación.

Quizás, esa sea la explicación de la gran diferencia que, históricamente ha existido, entre los países hispanos parlantes y los de cultura anglosajona. Los primeros generalmente arrastrándose en el subdesarrollo, mientras que los segundos suelen ser los que promueven las instituciones liberales. Es decir, construyen las sociedades más libres y prósperas del mundo.

El lenguaje político en castellano está hecho de abstracciones; en cambio el inglés, de cosas concretas. El paradigma en esta área es el vocablo español “Estado”. Esa abstracción es lo que permite que en el imaginario popular se lo identifique con una especie de deidad benevolente, a la cual los “fieles” le piden recurrentemente favores materiales, ya que todo lo puede. En cambio, en lengua inglesa no existe la noción “Estado” en el mismo sentido que en español, sino que hace referencia al government (el gobierno). Ese término trasmite una idea del mundo completamente diferente, porque permite visualizar algo concreto: un grupo formado por políticos, autoridades y burocracias. Precisamente, el conjunto que suele estar peor evaluado dentro de las sociedades.

Dada esa realidad, fue un genialidad de Octavio Paz el bajar el vocablo “Estado” a tierra, permitiendo a los latinoamericanos visualizarlo como realmente es: un “ogro filantrópico”. Esta imagen es certera porque lo describe tal cual es por estas latitudes. Un organismo colosal cuya hambre insaciable los habitantes deben satisfacer perennemente. Adormece la rebelión de los ciudadanos con la excusa de su “filantropismo”, que en realidad es falso, porque no se hace con el dinero propio de las personas que encarnan al Estado, sino con el de los demás. Siempre la justificación para agrandar al aparato estatal son causas nobles como ayudar a la infancia carenciada o a los sectores más desvalidos. Las fuentes de financiación del gasto fiscal son el endeudamiento público, el envilecimiento de la moneda y los impuestos. El dinero entra a raudales a las arcas del gobierno, pero lo concreto es que los niños pobres siguen tan menesterosos como antes y a veces hasta aumentan en número, mientras que el estamento político-burocrático recoge la “parte del león” materializada en mejores sueldos, más prebendas y privilegios exclusivos.

El resultado es el empobrecimiento paulatino de la población, especialmente de aquellos sectores a los cuales el “Estado” ha escogido de modo preferencial para que sufraguen “la fiesta”.

Con su lucidez habitual José Ortega y Gasset en la década de 1930 alertaba que, el mayor peligro es el Estado contemporáneo. Hace notar que hasta fines del siglo XVIII el Estado era poca cosa en los países de cultura occidental. Pero desde entonces no ha dejado de crecer. Y llegará el punto en que la sociedad, el hombre, tendrá que vivir para la máquina del gobierno. La estatificación es la mayor amenaza para una nación porque cuando es más preponderante que la sociedad civil, succiona su sustancia vital. El resultado es que ésta empieza a ser esclavizada -dice Ortega- no puede vivir “más que en servicio del Estado. La vida toda se burocratiza. (…) La burocratización de la vida produce su mengua absoluta —en todos los órdenes”. En el plano económico, la consecuencia es que la riqueza de la nación disminuye en términos relativos.

La abstracción “Estado” puede confundir a la gente, siempre y cuando, no lo sienta en su propio bolsillo. Por eso los grupos de presión, dentro de los cuales el de los empleados públicos suele ser el más poderoso, apelan generalmente a una supuesta filantropía hecha con el dinero de los demás, para promover sus propios intereses.

El Uruguay es un ejemplo paradigmático. Aquí, el “ogro filantrópico” adquiere dimensiones grotescas, tanto en tamaño como por su intromisión en las decisiones económicas de Juan Pueblo.

Haciendo un repaso histórico sucinto, apoyándonos en cifras concretas y verificables, vemos que entre fines del siglo XIX y principios del XX, el Uruguay se encontraba entre los países más prósperos del mundo. Su PBI per cápita era comparable al de los países más avanzados de ese momento que eran Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos. En ese entonces, la gente común —de modo personal y descentralizado— solía asegurarse ingresos para cuando llegara a la vejez, generalmente construyendo una o más viviendas para alquilar.

Sin embargo, a caballo de “nuevas ideas” de raigambre socialistas (falsa filantropía), fue impulsado un estatismo cada vez más acelerado. Entre ellas, el “Estado” pasó a ocuparse de las jubilaciones futuras de la población, centralizando esa actividad en el estatal Banco de Previsión Social (BPS). Obviamente que ese “banco” se nutría de los aportes obligatorios de los ciudadanos, que a partir de entonces perdieron la capacidad de incidir en su propio futuro económico de modo individualizado. De ese fondo también salía el dinero para sufragar la “filantropía” estatal. Para ello se machacaba en la idea de “solidaridad”.

El resultado fue el enlentecimiento del crecimiento económico y empobrecimiento relativo del hombre común. Este proceso se aceleró notoriamente a partir de 1930, abriéndose una brecha, cada vez más amplia, entre el nivel de vida de los uruguayos de a pie y el de los habitantes en los países avanzados anteriormente mencionados.

Entre los hechos que más influyeron en ese declive en la calidad de vida de los uruguayos, hay dos notorios: la desvalorización constante de la moneda nacional y el uso del dinero ingresado en el BPS por parte de los gobernantes para hacer “filantropía” y de ese modo ganar elecciones. La consecuencia para el individuo fue recibir, llegado el momento, unas jubilaciones paupérrimas, que no guardaban relación con lo aportado durante su vida laboral activa.

Las cifras brindadas por Friedrich A. Hayek en La desnacionalización del dinero referidas a Uruguay son elocuentes: en el período 1950-1975 el descenso del poder adquisitivo fue de 99%; el aumento del coste de vida fue de 323.173%; y el cambio de valor de peso uruguayo con respecto al dólar en el mercado negro fue de -99%.

Esa nefasta experiencia impulsó a los uruguayos a buscar refugio en el dólar. El resultado fue la pronunciada dolarización de los mercados uruguayos, hasta los que en apariencia son irrelevantes como el de los electrodomésticos.

En 1982 había en Uruguay una dictadura militar, encabezada por el General Gregorio “Goyo” Álvarez. En el campo económico regía lo que se conocía popularmente como “la tablita”, que consistía en que el Banco Central fijaba diariamente la cotización del dólar con varios meses de anticipación (crawling peg). Fue pensada como ancla cambiaria para contener la inflación.

En Argentina se aplicaba el mismo sistema, que explotó por los aíres debido al abultado déficit fiscal, provocado una devaluación abrupta del peso argentino. Dado que en Uruguay la situación fiscal era parecida a la argentina, se encendieron las alarmas. En consecuencia, al “Goyo” se le preguntó si la “tablita” uruguaya corría peligro. Su repuesta contundente fue que ese rumor “lo había traído un marciano”.  Luego amplió su declaración diciendo que “solo los marcianos creían” que habría una devaluación. Pocos meses después, se produjo una devaluación —forzada por el déficit fiscal — de cerca del 100%, detonando una severa crisis económica, quiebres bancarios y un endeudamiento masivo.

Desde entonces los “marcianos” uruguayos pululan en este territorio y sienten una desconfianza brutal hacia su “ogro filantrópico”, cuando se trata del bolsillo personal.

Unos de los sectores más afectados por la “filantropía” estatal fue el de los jubilados como hemos dicho. Por eso, conscientes de esa injusticia, políticos lúcidos encararon en 1996 la reforma del sistema previsional. El nuevo modelo consistió en un sistema mixto de jubilaciones. Se combinó el tradicional régimen de reparto estatal (a cargo del BPS) con un pilar de capitalización individual gestionado por las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAPs).

Desde entonces, el dinero administrado por las AFAPs está fuera del alcance de la “filantropía” estatal. Cada cuenta pertenece a una persona en particular, siendo además hereditaria. Es decir, están amparadas por el derecho de propiedad, que bajo el antiguo sistema no existía. El resultado es que hasta la fecha se ha acumulado allí aproximadamente 26.600 millones de dólares.

El valor de las AFAP como escudo de los más débiles, quedó de manifiesto durante la brutal crisis económica y financiera (¡otra más!) de 2002. Es la única platita que se salvó. Como recordó Sergio Botana, “quebraron los Bancos y marcharon con depósitos, cajas de ahorros, depósitos en el exterior. Se fueron los ahorros de vidas enteras de trabajo. Todo marchó. Lo único que no se perdió fue la plata que estaba en las AFAP. No la pudieron tocar. Era ajena”.

Esa cantidad de dinero acumulado ha despertado la codicia de aquellos grupos capaces de presionar con éxito a los gobernantes, para que lo utilicen para satisfacer sus crecientes demandas. Están sucediendo varios hechos que parecerían inconexos, pero están estrechamente ligados, lo cual ha puesto en estado de alerta a los “marcianos” uruguayos:

1) Pese al abultado déficit fiscal, Gabriel Odonne, ministro de Economía y Finanzas, declaró muy suelto de cuerpo, que “Este gobierno no llegó con la misión de bajar los gastos del Estado”.

2) El gobierno encabezado por Yamandú Orsi, pisoteando el pronunciamiento popular en el plebiscito de 2024 —donde por más del 60% de los votos se reafirmó el actual sistema de previsión social— convocó a un “diálogo social” para modificarlo. La principal reforma que se plantea es, que un único organismo estatal se ocupe de administrar el dinero destinado a las futuras jubilaciones. Integrarían un único fondo y dejaría de regir el derecho a la propiedad privada sobre esos ahorros, que protege al ciudadano de pie hasta ahora. O sea, que el capital acumulado durante décadas de trabajo quedaría a disposición del ogro “filantrópico”.

3) La central única de trabajadores (PIT-CNT), en la que los trabajadores públicos representan aproximadamente el 50% de los delegados en su estructura de representación interna, festejan la posibilidad de que el “Estado” adquiera un “rol preponderante” en el manejo de esos fondos previsionales. Proclama que apoya un sistema “universal, solidario y sin fines de lucro”.

4) El presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, está obsesionado con desdolarizar la economía. Para eso ha puesto en práctica varios instrumentos con los que cuenta como autoridad monetaria, para forzar la libre voluntad de Juan Pueblo. Le molesta que a pesar del brutal atraso cambiario inducido por el propio “Ogro” mediante diferentes estrategias (el índice Big Mac lo calcula en ¡43%!), Uruguay se encuentra entre los tres países del mundo con mayor porcentaje de dolarización de depósitos (casi el 70% de los depósitos bancarios son en dólares). Otro efecto colateral de la intromisión del ogro en este campo ha sido que, medido en dólares, Uruguay es uno de los países más caros del mundo. Eso no se debe a la prosperidad nacional, sino al “costo país”.

Una ironía es que Tolosa pretenda obligar a los bancos e instituciones financieras a que les adviertan a los ahorristas en dólares —por escrito y de manera destacada— sobre los riesgos del tipo de cambio. ¡Cómo si los ahorristas necesitaran “tutores” estatales! Ellos saben que, como advierte Ortega, el mayor peligro proviene del Estado.

En función de todo lo expuesto queda claro que, el futuro personal de cada uruguayo se dirime, según quién gane en la pugna entre el “ogro filantrópico” y los “marcianos” uruguayos.

La autora es uruguaya. Es escritora, investigadora y columnista de temas internacionales en distintos medios de prensa. Especializada en filosofía, política y economía, es autora de varios libros y ha recibido menciones honoríficas.