En defensa de los mercenarios y la población civil armada
Un rasgo definitorio del pensamiento libertario es su rechazo visceral a los conflictos bélicos, al intervencionismo militar y a la guerra en general. Esta postura explica, en parte, el apoyo de algunos libertarios a la candidatura de Trump. El verdadero problema de las guerras en los Estados modernos no radica únicamente en que se financien mediante impuestos y la inflación, sino en que amplían el poder estatal de manera profunda y generalizada.
Los mayores saltos en pérdidas de libertades individuales han sido, sin excepción, consecuencia directa o indirecta de las guerras. Además, al examinar cada conflicto sin caer en teorías conspirativas, es evidente que estos parecen beneficiar a los cuerpos políticos en el poder, especialmente cuando la guerra se prolonga indefinidamente, dando la impresión de que los políticos son quienes más se benefician de sostener el conflicto.
La guerra moderna es, en gran medida, una empresa socialista: es forzosa, pública y estatal. Esto no significa que no puedan existir guerras de guerrillas apoyadas indirectamente por Estados, ni que muchas empresas no estén detrás incentivando o beneficiándose de los conflictos armados. Sin embargo, solo los políticos tienen el poder de iniciar y terminar una guerra. Esto implica que, como cualquier acción socialista, los conflictos armados modernos sufren de problemas inherentes a los sistemas centralizados: incentivos perversos, desinformación y fallos en el cálculo económico.
El caso venezolano
Consideremos el caso actual de Venezuela (agosto de 2024). ¿Por qué sólo el gobierno de Estados Unidos puede poner precio a la cabeza de Maduro? ¿Por qué sólo otro Estado puede autorizar una intervención? Y ¿por qué los cubanos o venezolanos en el exilio no pueden organizar una empresa privada que se enfrente al chavismo o al castrismo? El monopolio de la violencia legítima se extiende al plano internacional, en forma de Estados que bloquean sistemáticamente toda forma de autodefensa civil.
Es comprensible que los libertarios se opongan a una intervención extranjera en Venezuela por las razones ya mencionadas. Sin embargo, esto es equivalente a no apoyar tratamientos médicos en hospitales públicos en un país donde la salud privada es ilegal. Los mecanismos privados alternativos, como los mercenarios o la población civil armada, han sido neutralizados, dejando a los tiranos y dictadores con un camino más despejado que nunca. La idea de unos Estados Unidos con una política exterior menos intervencionista sería verdaderamente una buena noticia solo cuando se reactiven otros mecanismos privados que contrapesen la violencia estatal.
En Venezuela, la población civil está desarmada. Al igual que en otros países donde las armas son ilegales. No es que las armas no existan, pero el proceso de selección adversa asegura que solo los peores las posean. Los buenos, nobles y valientes en Venezuela están desarmados, en gran parte gracias a figuras como María Corina Machado.
Los mercenarios y la población civil armada facilitarían la salida de Maduro
El régimen de Maduro encuentra poca resistencia en reprimir a una población desarmada, a pesar de que los opositores sean mayoría y estén bien organizados. El contrapeso no reside en una guerra civil, que sería el escenario menos deseado. El contrapeso real está en los costos y riesgos, tanto potenciales como reales, que enfrentan la policía y el ejército al intentar someter a una población civil armada.
Es decir, si los rangos medios y bajos de la policía y el ejército ya tienen dudas sobre su apoyo a Maduro, estas dudas se intensificarán si se les ordena reprimir a una población civil armada. De igual manera, los incentivos para volverse contra el gobierno aumentarán si cuentan con el respaldo de una ciudadanía armada. En cualquier caso, las armas son un elemento de disuasión y equilibrio en el conflicto, facilitando la defensa de una causa justa.
La defensa y la agresión pueden ser bienes públicos, nunca un monopolio
Idealmente, el uso de la fuerza se limita a la autodefensa. Pero también puede ser necesario emplearla para defender a otros, lo que podría ser visto como una agresión para quienes no son agredidos directamente. ¿Por qué es crucial que, en ciertos sistemas, sean anárquicos o no, se defienda a terceros? Una razón podría ser que quienes financian o participan en la defensa tienen un sentido de justicia y desean hacerlo valer. Es el caso de personas adultas que utilizan sus propios recursos para atrapar pedófilos. También puede ser conveniente defender a un tercero para evitar que el agresor se fortalezca, una estrategia evidente en geopolítica.
Existen diversas líneas de argumentación que justifican que la defensa o la agresión sean bienes públicos que el Estado debe proveer. Puede ser porque se cree que el mercado no puede proveer por sí mismo la seguridad necesaria para prosperar, debido a los problemas de exclusión, o porque un enemigo armado forzosamente tendría ventaja sobre uno armado voluntariamente. En cualquier caso, incluso si aceptamos estos argumentos como válidos, la defensa y la agresión no deben convertirse en un monopolio estatal.
La provisión pública de seguridad y defensa no justifica que esta se convierta en un monopolio. Convertirla en un monopolio estatal sólo somete a la población a una situación de vulnerabilidad extrema. En esa situación, la única opción para defenderse de delincuentes o del propio Estado es recurrir al mismo Estado o a otro. La justicia puede ser tal, sin importar si la ejecuta una mano civil, policial o militar. Las armas equilibran todo tipo de fuerzas, ya sea entre virtuosos y delincuentes, entre gobernantes y gobernados, e incluso entre hombres y mujeres.
Incentivos para los mercenarios
Cuando se habla de mercenarios, la imaginación suele evocarnos imágenes de hombres crueles, salvajes y sin escrúpulos, al servicio de los ricos y poderosos, ayudándolos a eliminar a quienes se interponen en su camino. Sin duda, ser mercenario no es un servicio común, pero eso no significa que esté exento de principios cooperativos que regulen su conducta.
- Justicia: El mundo está lleno de injusticias que el Estado, por desinterés o ineficiencia, deja de lado. ¿Qué incentivos tiene el Estado para hacer justicia en delitos que no lo afectan directamente? Principalmente, satisfacer a sus ciudadanos y mantener la paz y la prosperidad. ¿Qué incentivo tienen los mercenarios para actuar con justicia? ¿Por qué los mercenarios preferirían aceptar un trabajo justo y no cualquier trabajo? Porque los mercenarios que aceptan trabajos injustos incrementa el precio de su propia cabeza.
El popular videojuego Assassin’s Creed Odyssey ilustra esta dinámica de manera exagerada: en el juego eres una especie de mercenario griego (Misthos) que puede apoyar causas nobles que han sido desatendidas y donde alguien está dispuesto a pagar, pero también te ofrecerán trabajos sucios. Si aceptas y ejecutas estos trabajos sucios, haciendo lo que es injusto, te conviertes en un delincuente, un problema más que una solución. Esto provoca que otros agentes se interesen en eliminarte, poniéndole precio a tu cabeza y atrayendo a otros mercenarios que se interponen en tus misiones y buscan acabar contigo en el juego.
Reputación y financiación
- Reputación: Al igual que en cualquier negocio, la reputación es crucial para un mercenario. Si realiza su trabajo de manera eficiente, minimizando bajas y enfocando los recursos de manera precisa, ganará prestigio y podrá seguir operando. Desde esta perspectiva, si el ejército estadounidense o la DEA fueran mercenarios, tendrían una pésima reputación; rara vez logran evitar que los conflictos se prolonguen y consuman más recursos de los necesarios, evitando el fortalecimiento del bando contrario y concentrándose en el objetivo. En pocos casos, como el de Bin Laden, las fuerzas armadas se enfocan en atacar directamente la cabeza de los conflictos o hacer misiones quirúrgicas; por lo general, las intervenciones militares convencionales acarrean enormes costos en vidas civiles. Un mercenario que se concentre en atacar la cabeza de un conflicto sería el más reputado. Incluso un mercenario que opta por capturar en lugar de matar protege tanto su reputación como la de quienes lo contratan.
- Financiamiento: Para financiarse, un mercenario puede recibir grandes sumas de dinero de una sola persona o pequeñas sumas de muchas personas. Lo segundo presenta un reto típico de coordinación económica, que puede requerir soluciones costosas o avances tecnológicos, pero no es imposible de ejecutar.
Conclusión
La descentralización y la competencia son fundamentales para la innovación y la eficiencia. Sin embargo, a menudo tenemos la impresión de que, cuantas más personas participen en asuntos de defensa y justicia, más violento y menos justo será el mundo. El estudio de los mercados libres y abiertos nos demuestra lo contrario: muchos agentes abordando un problema de manera descentralizada generan soluciones cada vez mejores.
De manera similar, en el plano político, es esencial comprender que la verdadera división de poderes es también una división de fuerzas y lealtades. Las divisiones internas de poder en el Estado son una herramienta para fortalecer las instituciones, pero no son suficientes; los contrapesos extraestatales son igualmente necesarios. Esto es algo que los liberales y libertarios pueden apreciar, y que incluso se puede valorar desde principios democráticos y republicanos: una población civil que se siente fuerte y capaz de enfrentarse a un tirano es una población más libremente comprometida con la participación en los asuntos públicos.
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