Qué dice la reforma laboral de Milei que frenó la Justicia

La Nación

Javier Milei decidió no enviar al Congreso como un proyecto de ley su reforma de la legislación laboral y la incluyó en el megadecreto que firmó en los primeros días de su gestión. La iniciativa, que incluye desde modificar los cálculos indemnizatorios hasta avanzar contra la caja y el poder sindical, fue objetada por la CGT y este miércoles quedó suspendida de manera cautelar a raíz de un fallo judicial de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

En su plataforma de gobierno que presentó ante la Justicia Electoral, Milei había propuesto una “modernización laboral” y solo mencionaba su intención de implementar un fondo de cese laboral o seguro de desempleo en reemplazo para las indemnizaciones. Tomó como ejemplo en su presentación el modelo que tiene implementado la Unión de Obreros de la Construcción Argentina (Uocra). El decreto lo dispone, pero con una salvedad: será voluntario y debe acordarse por convenio colectivo, en acuerdo entre las partes empresarias y sindicales. El aporte al eventual fondo no podrá superar el 8% mensual y correrá a cuenta del empleador.

Además de sugerir el fondo de cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones, el Gobierno avanzó con modificaciones en los cálculos indemnizatorios. Se reduce la indemnización por despido y se habilita su reemplazo por fondos de cese laboral por vía de la negociación colectiva. Además, se amplía el período de prueba a ocho meses.

Aparece también la modificación de los intereses por indemnizaciones, para lo cual se utilizará lo que marque el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés del 3% anual. Establece que “no incluirá el Sueldo Anual Complementario [aguinaldo] ni conceptos de pago semestral o anual”, algo que, en la práctica, equivaldrá a reducir las indemnizaciones porque no podrán incluirse en la base de cálculo las sumas no remunerativas, teléfono celular, premios o los bonos anuales. También se resolvió incrementar entre un 50 y un 100% la indemnización por discriminación. Esta medida tiene como objetivo neutralizar la reinstalación en el puesto, un reclamo frecuente de los damnificados, según fuentes que conocen el derecho laboral.

El capítulo sindical del decreto está inspirado en la reforma que intentó aplicar la gestión de Mauricio Macri en 2017. Incluye modificaciones en la ley 24013, puntualmente en los artículos referidos a la registración laboral. El Gobierno pretende reducir las multas a empresarios por no registración o registración defectuosa. Consideran fuentes oficiales consultadas por LA NACION que es una medida que favorecerá especialmente a las pymes.

Además, el DNU incluye como causal de despido los bloqueos, lo que abrirá un debate sobre el alcance del derecho a huelga. El rechazo unánime de los gremialistas no ha sido sin embargo por los bloqueos, sino que se focalizó en una restrictiva reglamentación del derecho de huelga en diversas actividades que son consideradas servicios esenciales, a las que se exige un 50% de prestación del trabajo normal, y otras que se califican como “actividades de importancia trascendental”, que están obligadas a garantizar el 75% del servicio.

También se apuntó contra la recaudación sindical: la Secretaría de Trabajo supervisará las denominadas “cuotas solidarias”, por lo que el concepto de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo (CCT) será revisado solo en las cláusulas de obligatoriedad y no en las que fijan condiciones y derechos. La ultraactividad implica que todos los CCT tienen un tiempo de duración y si no hay nuevos convenios, se mantiene el actual. Esto está hoy consagrado en el artículo 6 de la ley 14.250.

Otro golpe para los gremios es que las empresas no están más obligadas a ser agentes de retención de la cuota sindical de sus empleados. Ahora, según los cambios que impuso el Gobierno, los empleados deberán dar antes un consentimiento para que se les descuente de su salario el porcentaje de la cuota sindical. Esto podría generar un reempadronamiento en los gremios que podría afectar su nivel de representación.

Otro cambio que generó controversias es la modificación del artículo 87 de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, la normativa que regula la vida interna de las organizaciones gremiales. “Los representantes sindicales dentro de la empresa, delegados, comisiones internas u organismos similares, así como las autoridades de las distintas seccionales de las asociaciones sindicales, tendrán derecho a convocar a asambleas y congresos de delegados sin perjudicar las actividades normales de la empresa o afectar a terceros”, sostiene el DNU. Este cambio apunta a penalizar las asambleas de trabajadores que, en la práctica, terminan convirtiéndose en medidas de fuerza encubiertas porque paralizan la actividad de la empresa.

El capítulo laboral del DNU es mucho más duro que lo que la CGT había imaginado antes de que asumiera Milei. Incluso, hasta tendrá impacto en las obras sociales, la caja de la salud que los dirigentes sindicales cuidan casi como propia. Ya los aportes de los afiliados a las prepagas no tendrán que pasar por las obras sociales sindicales. Hasta el momento, los usuarios de las prepagas derivaban sus aportes a una obra social sindical que se quedaba con un porcentaje antes de girar los fondos a la prepaga. La medida pretende poner fin a esa intermediación.