Orwell y la corrupción del concepto de “derecho a la educación” en Uruguay

Panam Post

Con su novela distópica titulada “1984”, George Orwell demostró ser un perspicaz observador de las estrategias utilizadas por los déspotas para subyugar a la población. Destaca que la corrupción del lenguaje para desnaturalizar valores ampliamente compartidos, es una de las más utilizadas. Indica que si las autoridades machacan lo suficiente, podrían llegar a convencer a la gente de que “la Guerra es Paz, la Libertad es Esclavitud y la Ignorancia es la Fuerza”.

Orwell lo denomina la imposición del “doble pensamiento”, que consiste en lograr que las personas acepten simultáneamente dos conceptos contradictorios como lo más natural. Mediante el último de los eslóganes mencionados, se busca anular al espíritu crítico racional para que los habitantes acepten sin más todo lo que les dicen los gobernantes.

En Uruguay, se están realizando escandalosos intentos por corromper el significado de “derecho a la educación”.

Según la UNESCO, ese término ha de entenderse como un derecho habilitante, porque constituye un poderoso instrumento que permite a los individuos social y económicamente desfavorecidos salir de la pobreza, dejar de estar marginados y que participen activamente de la vida comunitaria.

Mediante la educación, se busca formar personas en el más cabal de los sentidos. Es decir, que adquieran conocimientos que les serán provechosos y económicamente redituables, y simultáneamente, vayan adiestrándose en los rigores de la vida adulta contemporánea. Que aprendan a ser tenaces, de que nada se logra sin esfuerzo, que disfruten las mieles de los pequeños triunfos pero que también aprendan a superar las frustraciones.

Una buena educación es clave, porque en gran medida va a determinar los logros futuros de esa persona.

Desde el punto de vista de la personalidad, el período estudiantil va forjando el carácter. Un tema nada menor porque ello repercutirá en la clase de sociedad que tendremos: una conformada por sujetos indolentes o emprendedores; holgazanes o industriosos; que se rinden ante la primera dificultad o perseverantes; por personas fácilmente manipulables o con independencia de espíritu…

Por eso alarma que en Uruguay estén surgiendo iniciativas que corrompen el sentido de la expresión “derecho a la educación”.

Según la Real Academia, “corromper” significa “alterar y trastrocar la forma de algo”, “hacer que algo se deteriore, principalmente cosas inmateriales”.

Esas propuestas pueden ser interpretadas desde diferentes puntos de vista: por un lado, que se está desnaturalizando ese derecho mediante la práctica del doble pensamiento. Y por el otro, que las autoridades educativas ante el fracaso rotundo de su labor, pretendan maquillar las estadísticas al mejor estilo kirchnerista.

Repasemos la trayectoria uruguaya con respecto a este asunto:

Hasta mediados del siglo XX, la educación que se brindaba en los institutos públicos era de buena calidad. Eso hacía que los uruguayos se destacaran en el exterior. Pero paulatinamente, desde la década de 1970 ha venido decayendo, hasta llegar a los paupérrimos niveles de la actualidad.

El sistema educativo –tanto público como privado- es controlado por un organismo estatal centralizado y burocratizado, la ANEP. Debido a ese rasgo, el tipo de formación brindada a los estudiantes está desactualizado y cada vez más alejado del mundo real contemporáneo. En adición, la calidad de la educación va descendiendo en forma vertiginosa. Por ejemplo, aparecieron textos escolares con faltas de ortografía y por experiencia ciudadana se sabe que hay maestros y profesores que incurren en la misma falla. 

Las autoridades vienen haciendo diferentes “piruetas” para impedir que los niños con rendimiento insuficiente repitan el año. Por ejemplo, el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) aprobó el acta 119, donde se les “sugiere” a las escuelas limitar la repetición exclusivamente a tercero y sexto año. Además, ofreció a los institutos que acepten esa práctica, recompensarlos con un aporte económico.

La ironía es que casi no hay repetidores de sexto de escuela, porque Primaria exige que todo alumno al cumplir 15 años, obligatoriamente sea aprobado.

Basados en esas “recomendaciones” de Primaria, unos padres presentaron un recurso de amparo ante la Justicia porque la maestra de su hija la hizo repetir “cuarto año”. El juez que atendió la causa le dio la razón a los progenitores, dejó sin efecto la decisión del colegio y “la promovió de grado” mediante sentencia judicial.

En el fallo, el juez Gerardo Álvarez dictaminó que el colegio al hacer recursar a esa alumna, “afectó un derecho intrínseco esencial de todo niño o adolescente que es la razonable expectativa de seguir avanzando en su educación y preparación”. Afirma que la repetición fue un “castigo”, “vulnerando su derecho a la educación”. Además, calificó la decisión de no pasarla de grado como “inaceptable y discriminatoria” porque sugiere que la niña no estaba en condiciones de cursar quinto año.

Al leer esta sentencia, uno se pregunta qué traumas ocultos tendrá ese juez, así como qué entiende por “derecho a la educación”. Lo que sí es claro, es que su forma de considerar el asunto es típica del “doble pensamiento”.

También las autoridades de Secundaria razonan en forma parecida. Los resultados arrojados por las pruebas PISA demuestran que la adquisición de conocimientos por parte de nuestros liceales es un desastre. Y eso no es lo peor sino la deserción estudiantil: tan solo el 38,9% logra finalizar el nivel medio (sexto de liceo).

Frente a ese panorama, Andreas Schleicher -director de Educación en la OCDE- recalcó que “el elevado nivel de repetición es claramente uno de los problemas de Uruguay, que muchos estudiantes tengan que repetir genera problemas. Es algo en lo que se deberían tomar medidas”.

Ante ese lapidario diagnóstico, ¿cuál “remedio” están considerando las autoridades educativas?

En un documento elaborado en 2017 por Antonio Romano –subdirector de Planificación Educativa de la ANEP- titulado “Regímenes de pasaje de grado en el marco de una educación para todos”, califica peyorativamente a la repetición como un “vestigio del viejo régimen académico”. En consecuencia, aconseja eliminar la repetición, crear grupos multigrado y sustituir los exámenes por otro tipo de “instancia reparatoria”.

Romano señala que las decisiones sobre recursar un grado, que afectan la continuidad de la trayectoria educativa de un alumno, deben ser abordadas considerando no sólo el nivel de conocimiento alcanzado, sino “principalmente, cuál es la mejor opción para asegurar la continuidad de una trayectoria educativa de calidad”. Expresa que estudios recientes establecen que la repetición es uno de los principales predictores de desvinculación del sistema educativo.

Afirma que si se quiere ir hacia una educación que garantice el derecho de todos, “es necesario rever los regímenes académicos en educación media para poder generar oportunidades de conclusión del ciclo sin retención (repetición) de estudiantes por grado”.

Las ideas de Romano y de Primaria están siendo seriamente analizadas por la ANEP, como “solución” para “mejorar” el pasaje de los estudiantes por el sistema educativo.

Los argumentos con los cuales la ANEP pretende mejorar las estadísticas con la excusa del “derecho a la educación para todos”, encuadran perfectamente en el eslogan “la Ignorancia es la Fuerza”…

O sea, que no importa si los chicos efectivamente han adquirido los conocimientos y habilidades necesarios para desempeñarse exitosamente en el mundo sino que “parezca” que así fue. Alegría momentánea que seguramente pagarán con creces al precio de futuros fracasos. Campo orégano para inclinarlos hacia la delincuencia.

Pero lo peor es que estaremos construyendo una nación de seres fácilmente manipulables por los gobernantes…

Hana Fischer es uruguaya. Es escritora, investigadora y columnista de temas internacionales en distintos medios de prensa. Especializada en filosofía, política y economía, es autora de varios libros y ha recibido menciones honoríficas.