América Central a Barack Obama: ¡Al fin!

The Wall Street Journal

Ciudad de Guatemala. – Migrantes de este país, que viven en su mayoría en Estados Unidos, enviaron cerca de US$7.100 millones en remesas a sus hogares en 2016, en torno a 10% del Producto Interno Bruto de Guatemala. Las exportaciones de indumentaria y textiles totalizaron más de US$1.400 millones el año pasado, lo que hace de la producción de telas y el ensamblaje de ropa la mayor industria de exportación. Este es un país pobre, pero sin la emigración a EE.UU. y el comercio, sería incluso mucho más pobre.

Aun así, muchos de los guatemaltecos con los que hablé acá la semana pasada no le temen a un Donald Trump antiinmigrante y proteccionista en la Casa Blanca. Están más bien enfocados en la salida de Barack Obama, cuya política exterior consideraban como politizada a favor de causas izquierdistas y un extremismo ambiental que perjudican el desarrollo de Guatemala.

EE.UU. ejerce una influencia significativa sobre América Central y sus opiniones son escuchadas por aquellos en el poder en estos países pequeños. La esperanza acá y a lo largo de América Latina es que la presidencia de Trump revierta ocho años de una agenda del Departamento de Estado que ha promovido un gobierno grande, políticas de redistribución y la política en lugar del crecimiento.

Las quejas se extienden más allá de las diferencias de opinión sobre el papel del Estado. Durante los años de Obama, Washington respaldó en repetidas ocasiones a aquellos que despreciaron el estado de derecho en el nombre de la “justicia social”.

Cinco meses después de asumir el poder en 2009, el gobierno estadounidense se puso del lado de aliados hondureños del dictador venezolano Hugo Chávez, quienes estaban tratando de instalar permanentemente a su propio caudillo en violación de la Constitución de Honduras.

Otro momento memorable de Obama se produjo en 2013 cuando los ex guerrilleros del FMLN que gobernaban El Salvador declararon como un delito la privatización parcial en 2002 de la eléctrica estatal.

El fiscal general de El Salvador apuntó a dos salvadoreños con ciudadanía estadounidense por su papel en la transacción, a pesar de no tener evidencia de fraude, malversación o conducta delictiva. El gobierno de Obama hizo la vista gorda sobre el caso mientras aprobó cientos de millones de dólares en ayuda extranjera para el gobierno corrupto.

El respaldo estadounidense al acuerdo entre el gobierno de Colombia y los narcoterroristas de las FARC es extremadamente preocupante en una región necesitada de certidumbre judicial. Como el pacto rechazado el 2 de octubre de 2016 en un plebiscito nacional, el nuevo acuerdo ofrece amnistía por crímenes de guerra —incluyendo el reclutamiento de niños soldados— y curules en el Congreso sin necesidad de elección a las FARC. Colombia es nuevamente el mayor exportador de cocaína.

Cuando Nicolás Maduro, el sucesor de Chávez, bloqueó un referendo revocatorio en 2016 que habría convocado una nueva elección presidencial, el Departamento de Estado del gobierno de Obama le dio protección al iniciar un “diálogo”. La demora era esencial para la supervivencia de la dictadura, ya que cualquier votación de revocatoria este año, según la Constitución, se saltaría nuevas elecciones y pondría al vicepresidente a cargo hasta 2019.

El común denominador en todo esto es la perspectiva internacional de Obama, saturada con una desconfianza de los mercados, una desestimación de los derechos de propiedad privada y una obsesión con la equidad de ingresos por encima de la libertad.

La pregunta de los 480.000 quetzales (US$64.000) es si Trump es lo suficientemente astuto para darse cuenta cómo las políticas estadounidenses que socavan el imperio de la ley alimentan el aumento de migrantes desesperados. El nombramiento del general John Kelly como jefe del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. ofrece una esperanza.

Kelly, quien se retiró con cuatro estrellas, obtuvo el cargo principalmente por su experiencia lidiando con organizaciones criminales transnacionales como jefe del Comando Sur de EE.UU. entre 2012 y 2016. Él le dijo el año pasado a la publicación Military Times que EE.UU. “tiene derecho a proteger” sus fronteras, pero también recalcó la necesidad de menos violencia y más oportunidad económica en los países de origen de los migrantes. “Ningún muro funcionará por sí solo”, le dijo a la revista Foreign Policy en julio de 2016.

Esa es una idea de la que hacen eco aquí, alarmados por la decisión de la Corte Suprema de Guatemala este mes contra dos proyectos hidroeléctricos valorados en US$300 millones. El demandante era un líder indígena respaldado por activistas ambientales, quienes argumentaron que los compromisos multinacionales de Guatemala requieren consultas con los grupos indígenas más allá de las comunidades locales antes de encender las turbinas.

Las inversiones de la empresa, las cuales están en propiedad privada, han superado los obstáculos ambientales y recibido todos los permisos necesarios para construcción y operación. Sin embargo, la corte siguió dictámenes similares sobre proyectos mineros, incluso copiando y pegando el lenguaje y olvidando cambiar líneas como “con respeto a la licencia de explotación minera”.

Guatemala necesita energía asequible de manera desesperada, sin mencionar las inversiones, si desea salir de la pobreza. No obstante, mientras las élites ambientales, que trabajan para avivar el miedo en las comunidades rurales y tienen la simpatía de EE.UU., estén al mando, eso no sucederá. Los guatemaltecos tienen la esperanza de que Trump tenga ese problema en mente y forje una nueva política para la región.