Las negociaciones diabólicas en Colombia

The Wall Street Journal

Soldados colombianos presentan honores el 16 de abril ante los ataúdes de seis de sus colegas asesinados en un ataque guerrillero.

La ejecución de 11 soldados colombianos antes del amanecer del 15 de abril en el departamento del Cauca por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se está convirtiendo en un momento definitorio para el presidente Juan Manuel Santos. El mandatario ha apostado su presidencia a las negociaciones de paz con las FARC, pero las conversaciones, que ahora se encuentran en su cuarto año, han polarizado un país que solía estar unido contra los rebeldes.

Con la masacre en el Cauca, la división se ha profundizado y el resentimiento latente del público ha explotado ante lo que algunos ven como la sumisión de su comandante en jefe a la guerrilla. Días después de los asesinatos, en una carrera para honrar a los héroes militares caídos en Bogotá, el presidente enfrentó una ola de abucheos.

Días después, el gobierno negó rumores de que Santos buscaría poderes especiales vía referendo para negociar y cerrar un acuerdo sin que el Congreso o el público pudieran aprobarlo. Los colombianos con los que he hablado esperan que el presidente haga justo eso, indicando que se le está acabando el tiempo y la credibilidad.

La semana pasada, el presidente no se ayudó a sí mismo cuando liberó un barco chino que transportaba un arsenal no declarado y que había sido detenido en Cartagena a principios de marzo. El conocimiento de embarque del Da Dan Xia aseguraba que transportaba granos. Pero según informes de prensa, las autoridades colombianas encontraron 100 toneladas de pólvora, 2,6 millones de detonadores para balas, 99 “proyectiles” (si tuviera que adivinar, diría que son granadas propulsadas por cohetes) y 3.000 proyectiles de artillería, en otras palabras, las herramientas de la guerra de guerrillas.

Una vez liberado, el arsenal flotante continuó rumbo hacia Cuba, que según China había hecho el pedido de las armas. Pero entonces ¿por qué la documentación falsa y por qué el gobierno colombiano no dice qué estaba tratando de desembarcar en Colombia?

Los rebeldes de las FARC no están muy dispuestos a negociar. Dicen que no irán a la cárcel por sus atrocidades, no entregarán sus armas ni renunciarán a la riqueza y las tierras que adquirieron gracias a sus fusiles.

No obstante, Santos parece decidido a brindarles la legitimidad social y legal que necesitan para entrar a la política. Los críticos temen que los rebeldes, bien armados con plomo y plata, no tengan problemas en tomar control de las áreas rurales, como ha sido su estrategia desde el principio. Tolerancia y pluralismo no son parte de su vocabulario.

El presidente ha roto sus propias promesas para mantener vivas las negociaciones. Ha permitido que el proceso se alargue, pese a prometer que no lo haría y ha buscado nuevas interpretaciones de la palabra “impunidad” para ayudar a los miembros de las FARC a evitar la cárcel. Incluso ha esgrimido que la definición de delito político —que bajo la ley colombiana no es un delito y por lo tanto no prohíbe el acceso a un cargo público— debería ser ampliada para incluir el tráfico de drogas de modo que los escaños del Congreso no estén fuera del alcance de estos narcoterroristas.

Algunos funcionarios colombianos parecen haber adoptado la narrativa rebelde de que las fuerzas armadas están llenas de criminales de guerra. La semana pasada, el fiscal general izquierdista de Santos, Eduardo Montealegre, anunció que hay 22 generales bajo investigación por estar involucrados en un ardid de 2008 para incrementar la cuenta de guerrilleros dados de baja por parte del ejército mediante el asesinato de civiles inocentes.

Se ha establecido que tales crímenes ocurrieron. Pero implicar, como lo hace el fiscal, que se trató de una conspiración institucionalizada no encuentra respaldo en los hechos. Por otra parte, hay suficiente evidencia de que los testimonios falsos contra los altos mandos militares, generados por facciones rebeldes, son abundantes en los tribunales colombianos, como lo describí en una columna del 23 de febrero. Como el gobierno ha hecho poco para desalentar esta práctica, hay una creciente sensación de que las fuerzas armadas están siendo abandonadas para que Santos pueda cerrar su adorado “acuerdo de paz”.

La masacre del Cauca se presenta luego de la decisión de Santos en marzo de suspender los bombardeos aéreos de las bases de las FARC, como premio por la promesa que los guerrilleros hicieron en diciembre de un cese al fuego.

En una entrevista publicada el 19 de abril con la periodista María Isabel Rueda, del diario El Tiempo, el general retirado Néstor Ramírez, quien ahora lidera un grupo de generales y almirantes retirados, exhortó al país a no perder de vista el objetivo a largo plazo de la guerrilla de tomar el poder. El general Ramírez dijo que, para él, el cese unilateral del fuego fue, en cierta forma, una trampa diseñada para “producir una circunstancia de debilidad”.

Y así fue. Los soldados fueron tomados con la guardia abajo, asesinados en medio de la noche mientras dormían. Un video amateur supuestamente grabado por uno de los sobrevivientes y que circula por los medios sociales muestra la horrífica escena.

Algunos de los jóvenes recibieron disparos en la cara, otros en la espalda. La nalga de un soldado fue arrancada por completo, posiblemente por una escopeta disparada a una distancia muy corta. Muchos veteranos militares que conozco y que también vieron el video, creen que es auténtico.

Increíblemente, Santos dice que esta barbaridad y la duplicidad de las FARC muestran la importancia de sus negociaciones. Buena parte del país no está de acuerdo.