Ecuador: El problema es fiscal

El Universo

Las salvaguardias impuestas son presentadas en la propaganda del Gobierno como una medida necesaria ante un shock externo y la ausencia de moneda propia. Asimismo, se ha justificado desconocer una deuda con el IESS y la toma de las utilidades de muchos trabajadores. Estas y muchas más medidas, algunas afectando el poder adquisitivo de todos los ecuatorianos (salvaguardias) y otras afectando el de un grupo determinado (utilidades e IESS), se pueden entender así solamente si se mira todo desde el prisma estatal: el Estado es el centro de la economía y el principal creador de riqueza. Pero si abrimos la mente a una interpretación no estatalizada de la realidad, podemos considerar conceptos como el costo de oportunidad del gasto público (léase: gasto de políticos en el poder) y su productividad en relación al gasto por parte del resto de la sociedad.

Empecemos por aclarar el panorama de la historia reciente: el gasto del Estado ecuatoriano llegó en el 2014 a 49,8% del PIB desde un 40% en el 2008. Es cuestionable que sea necesario que el Estado gaste la mitad de lo que produce el país en un año. Por un lado, eso no es lo que hicieron las naciones que son ricas hoy mientras daban el salto de la pobreza hacia el desarrollo y, por otro lado, por encima de cierto nivel el gasto público desalienta la inversión privada en lugar de promoverla.

Primero, el gasto público como porcentaje del PIB a fines de los años 1800 y principios de los 1900 promedió tan solo 10% del PIB de EE.UU. y Europa Occidental. Y es precisamente durante este periodo en que dichas naciones gozaron de importantes mejoras en su calidad de vida y dejaron atrás la pobreza agraria convirtiéndose en prósperas sociedades con amplias clases medias. Esto indicaría que menos gasto público del que ya teníamos incluso en el 2007 es necesario para promover el desarrollo. Además, el crecimiento promedio superior de la economía ecuatoriana entre el 2001-2006 (4,6%) –cuando no había un precio de petróleo tan alto y ya estábamos dolarizados– en relación al periodo 2007-2012 (4,2%) indica que elevar el gasto a un nivel sideral no nos beneficia.

Segundo, la evidencia reciente indica que el creciente gasto público ha espantado en lugar de promover la inversión por parte de privados. El economista Manuel González-Astudillo sostiene que el gasto público puede aumentar la productividad de los factores si es que las distorsiones y el costo generados por los impuestos que lo financian son superadas por su beneficio. González-Astudillo concluye, con base en cifras del Banco Central del Ecuador: “Las disminuciones de la participación de la inversión privada sobre el PIB y de la participación sobre la inversión total (una especie de efecto expulsión) muestran que no se estaría produciendo el impacto de la inversión pública sobre la inversión privada en cuanto a aumentar su productividad”.

Dicho todo esto, resulta evidente que nos convendría cortar mucha grasa en el sector público. No hablo de reducción en la velocidad del crecimiento del gasto, que es lo que se hizo en enero (después del recorte anunciado, el Gobierno todavía esperaba gastar $ 597 millones más que lo presupuestado para el 2014), sino más bien de verdaderos recortes al gasto. Después de todo, el verdadero problema que nos aflige hoy es fiscal, no comercial ni monetario. 

Fe de erratas

Cometí un error al calcular la cifra de las operaciones del Sector Público No Financiero, por lo que mediante esta nota señalo que la cifra es de 44,1% del PIB, más no 49,8%. Esta corrección en la cifra no altera los argumentos presentados en el artículo.