Putin y la santa alianza
Las leyes homofóbicas aprobadas en Rusia que tanto escándalo han provocado en
medio mundo responden a una estrategia tan fría e inteligente como cruel
del Presidente Vladimir Putin. Una estrategia que tiene que ver con el
uso de la Iglesia Ortodoxa para cimentar sobre bases perdurables el
zarismo político que está empeñado en restituir en su país. No es la
moral religiosa, sino el uso de la religión organizada, lo que
verdaderamente le interesa.
Me refiero, por supuesto, a las leyes que prohíben hacer “propaganda”
de relaciones sexuales “no tradicionales” so pena de multas para los
rusos y cárcel y deportación para los extranjeros, así como entregar
hijos en adopción a forasteros homosexuales o de países que hayan
aprobado las uniones civiles.
El discurso con que estas leyes han sido justificadas y respaldadas
por el gobierno ruso en sus distintas instancias, incluyendo por cierto a
las instituciones deportivas que tendrán a su cargo los Juegos
Olímpicos de Invierno en Sochi en 2014 y la Copa Mundial en 2018, da la
impresión de una cruzada moral. Algo así como una versión eslava de la
lucha de los cristianos evangélicos de los Estados Unidos, que intentan,
desde la “contracultura” de los años 60, revertir la “degeneración” de
los valores de la sociedad por la vía política. Pero esta es una
impresión falsa.
En Rusia hay muchas leyes altamente permisivas en relación con
prácticas que los conservadores consideran abominables, empezando por el
aborto. Se calcula que se practican 1,3 millones de abortos cada año.
Otra práctica condenada por los conservadores del mundo, pero que está
extendida en Rusia y es perfectamente tolerada por el Estado, es el
matrimonio de derecho consuetudinario, es decir, aquel que no pasa por
una licencia o celebración de ninguna clase. En ninguno de estos casos
se ha visto a la Iglesia Ortodoxa enemistarse con el gobierno ruso, que
condona ambas cosas, ni emprender campañas como las que emprenden a
menudo otras Iglesias en distintos países. A lo más, han hecho gestos
cautelosos para secundar alguna iniciativa legislativa limitante del
aborto, pero nunca han llevado su campaña al extremo. ¿Por qué? Porque
saben que el gobierno ruso no está empeñado en una cruzada moral sino en
una estrategia política. Una estrategia que a ella le conviene
aprovechar haciendo la vista gorda en todo lo que haga falta. Putin no
tiene interés, en este momento, en meterse con prácticas o instituciones
informales que cuentan con amplio respaldo ciudadano.
El caso de las leyes homofóbicas, pues, no tiene que ver con el
propósito de regenerar moralmente a la sociedad. Sólo con la
explotación, perfectamente calculada, de un prejuicio bastante extendido
entre los rusos, sobre todo los de sectores rurales y provincianos,
contra la homosexualidad. Un prejuicio que probablemente se deba en
parte a que la mayoría de ellos (un 80 por ciento), según los estudios
realizados, no conoce a nadie con esa preferencia sexual y, por tanto,
se relaciona con ese grupo a partir de la versión demonizada que recibe
de la Iglesia Ortodoxa. La versión eclesiástica, en un país que parecía
haberse secularizado tanto, no tendría a priori por qué ser un factor de
tanto peso social. Pero lo es porque la Iglesia Ortodoxa pasa por un
revival impresionante en Rusia.
Ello se nota en el cambio de ciertas actitudes sociales. El Centro
Levada, que realiza sondeos y estudios demoscópicos de diverso tipo, ha
registrado una involución significativa en la actitud de la sociedad
frente a la homosexualidad en los últimos años. En 2005, un 51 por
ciento de los encuestados afirmaban que los homosexuales debían tener
derechos iguales a los heterosexuales, pero en 2013 la cifra ha caído a
39 por ciento. Al mismo tiempo, un altísimo 78 por ciento opina que esta
preferencia sexual equivale a “vida licenciosa” y deriva de “una
enfermedad o una serie de traumas psicológicos”.
Es esta temperatura social la que Putin ha medido cuidadosamente
antes de dar el paso legal que dio recientemente, y que la población ha
aplaudido en su mayoría. A su vez, el endurecimiento en las actitudes
sociales frente a la homosexualidad tiene que ver con el rol cada vez
más significativo que por razones políticas Putin ha permitido jugar a
la comunidad eclesiástica ortodoxa.
El revival de la Iglesia Ortodoxa empezó inmediatamente después de la
caída del comunismo, cuando el vacío dejado por esa especie de iglesia
laica que había gobernado la URSS reclamó, naturalmente, un sustituto
espiritual. Pero el acercamiento político o alianza santa se dio a
partir del 2000, cuando Putin asumió su primera presidencia. El año 2007
marcó un hito, cuando Putin permitió a los ortodoxos participar
oficialmente en los funerales de Boris Yeltsin y cuando el mandatario
asistió a la reunificación de la Iglesia Ortodoxa Rusa y la Iglesia
Ortodoxa Rusa Fuera de Rusia. Otro hito se dio en 2009, cuando Putin,
siendo primer ministro de Dmitry Medvedev, su títere, restableció la
educación religiosa, que llevaba casi un siglo prohibida.
El rol cada vez más prominente que juegan en Rusia el Patriarca de
Moscú, Cirilo I, y el “establishment” eclesiástico forma parte del
designio zarista de Putin. En el viejo régimen, salvo en períodos
modernizadores y de importación de lo occidental como el de Pedro el
Grande, la Iglesia Ortodoxa, con sus cientos de años de historia, tenía
una función política clave, en la medida en que daba legitimidad al
régimen retrógrado y oscurantista. Putin entiende que su autoritarismo
nacionalista necesita, en un país que es tantos países a la vez, fuerzas
centrípetas que eviten la dispersión y den al poder político bases
sociales sólidas. La Iglesia Ortodoxa está encantada de ayudar porque, a
cambio, ha obtenido un estatus que había perdido hacía tiempo.
Putin es plenamente consciente de que las leyes homofóbicas aprobadas
recientemente son una raya más de ese tigre que es su imagen
internacional. No debe haberlo tomado por sorpresa la crítica de tantos
líderes, organizaciones de derechos humanos y organismos deportivos,
incluidos el Comité Olímpico Internacional y la FIFA, cuyos estatutos y
cartas fundacionales rechazan la discriminación. Sabe bien que el mundo
no se atreverá a boicotear los Juegos Olímpicos de Sochi en 2014 ni la
Copa Mundial en 2018. Si de derechos humanos se trata, después de todo,
no se habrían realizado los Juegos Olímpicos en China en 2008. Su país,
que ha salvado a Assad en Siria plantando cara a toda la comunidad
internacional de Occidente a pesar de los cien mil muertos, cuenta con
el poder suficiente para hacer una higa a cualquiera que se le ponga
enfrente de las fronteras para afuera.
En cambio, el escenario interno es más delicado. Si algo muestra la
caída del zarismo y del comunismo es que lo que parece muy sólido en
Rusia, un buen día se disuelve con bastante facilidad. Las fuerzas
contestatarias dentro de Rusia son crecientes, como se vio en la campaña
presidencial que le permitió llegar a la presidencia nuevamente el año
pasado. La multiplicación de manifestaciones audaces de disidencia -por
no decir insolencia- política y cívica lo ha llevado a endurecer mucho
su régimen. Pero ese endurecimiento necesita una legitimidad social
amplia si no quiere provocar una fractura interna peligrosa para su
estabilidad. La estrategia, pues, es aislar a los sectores liberales e
intelectuales, que son sus peores enemigos pero que constituyen bolsones
minoritarios, del resto de la población. Y allí es donde la Iglesia
Ortodoxa cumple su principal función política en la estrategia de Putin.
Como parte de esa estrategia, Putin está utilizando en la Duma una
serie de peones. El más importante se llama Yelena Mizulina, que preside
la Comisión de Familia, Mujeres y Niños en ese cuerpo legislativo. Su
segunda, Olga Batalina, es otro de los peones. Allí es donde nacen en
estos tiempos las peores iniciativas relacionadas con conductas
sociales, entre ellas las leyes homofóbicas recientemente aprobadas. Y
allí es donde nace, además, en parte, la persecución política. Por
ejemplo, Mizulina ha logrado que se abra proceso penal contra Nikolai
Alexeyev, el conocido activista y líder de la comunidad gay en Rusia.
Como tantos agentes del putinismo, Mizulina fue originalmente una
liberal pero, frustrada por el poco éxito electoral, acabó siendo
cooptada por el régimen, al que sirve ahora diligentemente, con la fe
del converso.
La otra cara de la estrategia es la violencia. Desde hace un tiempo
tienen presencia en las calles de Moscú y otras partes grupos de matones
partidarios del Kremlin que responden directamente a la Iglesia
Ortodoxa. Visten camisa negra y cargan esqueletos y cruces,
aterrorizando a los grupos de manifestantes que de tanto en tanto osan
desafiar al gobierno. Un episodio muy impactante fue el ataque salvaje
contra una manifestación de activistas gays frente a la Duma. La policía
nunca los arresta a ellos, sólo a quienes son su blanco en estas riñas
callejeras.
Mientras que los peones políticos mueven sus fichas en la Duma y los
matones hacen de las suyas en las calles, el Patriarca de Moscú predica
en favor de las buenas costumbres desde, por ejemplo, la Catedral de
Kazán. Así, ha llamado “satánicos” a los países donde se han permitido
las uniones civiles o el matrimonio igualitario, y ha dicho que esos
acontecimientos son “síntomas apocalípticos”.
Todos estos anatemas de inmediato son repetidos por la clase política
vinculada al oficialismo. El jefe de la televisión estatal, Dimitry
Kisilev, por ejemplo, ha dicho que no es suficiente prohibir la
propaganda gay y que hay que prohibir que los homosexuales donen sangre u
órganos: “En caso de accidente automovilístico, sus corazones deben ser
enterrados por no ser adecuados para continuar dando vida”.
Alexei Sorokin, quien preside la organización responsable de la Copa
Mundial Rusia 2018, justifica las leyes recientes porque, según dice,
“las Olimpíadas y la Copa Mundial no son escenarios para mostrar
distintos puntos de vista… ni para los nazis ni para otros estilos de
vida”.
Este es el ambiente -medieval- que todo aquel que desafíe la
ortodoxia oficial, por ejemplo, dándole un beso a otra persona del mismo
sexo o simplemente escribiendo un artículo a favor de las uniones
civiles, debe soportar.
Mientras tanto, los gobiernos occidentales, impotentes ante la deriva
zarista de Putin, se contentan con rituales gestos de incomodidad. En
un artículo reciente, Gary Kasparov les pide que no boicoteen los Juegos
Olímpicos de Invierno para no perjudicar a los atletas, pero también
que no acudan a Sochi políticos, empresarios o artistas de ningún otro
país. Habría también que pedir que no se repita lo que sucedió en 1936 y
que el mismo Kasparov recuerda: la delegación atlética francesa
haciendo el saludo nazi a la tribuna donde se encontraba el Führer.
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