Estados Unidos: Estudio bipartidista demuestra la necesidad de investigar torturas

El
documento de 560 páginas, “The
Report of the Constitution Project’s Task Force on Detainee Treatment” [Informe
del Grupo de Trabajo sobre Trato de Detenidos del Constitution Project],
divulgado el 16 de abril de 2013, es el resultado de un estudio de dos años
efectuado a partir de evidencias contenidas en registros públicos. El estudio
estuvo a cargo de un grupo de trabajo de ambas bancadas convocado por la
organización de interés público denominada The Constitution Project. El
grupo de trabajo está conformado por un conjunto heterogéneo de representantes
de distintos sectores profesionales y posturas ideológicas, e incluye a ex
responsables de políticas y miembros del Congreso tanto republicanos como
demócratas, generales militares retirados, jueces, abogados y académicos.

“Sin
ningún tipo de potestad judicial, y con sólo examinar los registros públicos,
este grupo diverso y bipartidista llegó a la conclusión de que se produjeron
hechos de tortura, lo cual demuestra la necesidad de que Estados Unidos efectúe
una investigación oficial sobre abusos contra detenidos”, indicó Laura Pitter, asesora sobre
lucha contra el terrorismo de Human Rights Watch. “La evidencia irrefutable
sobre tortura plantea un interrogante ineludible: ¿qué tiene previsto hacer el
gobierno estadounidense ante esta situación?”

La
magnitud de las conclusiones del grupo de trabajo advierte sobre la necesidad
de que el gobierno encargue a una comisión especial la tarea de llevar a cabo
una investigación exhaustiva que permita elaborar un registro definitivo de los
abusos cometidos por autoridades estadounidenses contra personas detenidas con
posterioridad a los sucesos del 11 de septiembre, indicó Human Rights Watch.

El
grupo de trabajo examinó una gran cantidad de documentos y efectuó más de 100
entrevistas. Sin embargo, dado que se trata de una iniciativa privada, carece
de la potestad judicial para citar a personas y tampoco tiene acceso a
documentos confidenciales.

El informe concluye que “corresponde en última instancia a los más altos
funcionarios del país… la responsabilidad por permitir y facilitar que
personal estadounidense aplique técnicas ilícitas e indebidas durante los
interrogatorios de personas detenidas en contextos de hostilidades”. También
establece que muchos datos obtenidos mediante torturas y otros malos tratos no
resultaron útiles ni confiables. Las conclusiones del informe coinciden en gran
medida con las investigaciones
que realizó en forma independiente Human Rights Watch.

Estados
Unidos está obligado conforme al derecho internacional e interno a investigar
denuncias de tortura, juzgar debidamente a los responsables y asegurar que las
víctimas reciban una reparación adecuada, manifestó Human Rights Watch. Ningún
funcionario estadounidense ha sido juzgado por su participación al autorizar y
aplicar torturas u otros maltratos contra presuntos terroristas. El gobierno de
Estados Unidos ha conseguido reiteradamente que se desestimaran acciones
judiciales interpuestas por ex detenidos ante la justicia federal de ese país,
argumentando que dar curso a tales demandas supondría un riesgo para la
seguridad nacional.

En
diciembre, la Comisión Especial de Inteligencia del Senado (Senate Select
Committee on Intelligence)  adoptó un informe confidencial de 6.000 páginas donde
se describe el programa de detenciones e interrogatorios de la CIA. Este
programa, según señala el informe del grupo de trabajo, estaría asociado con
prácticas de tortura y otros maltratos. Sin embargo, tanto el informe del
Senado como gran parte de la información relativa al trato que reciben
presuntos terroristas bajo custodia estadounidense continúan teniendo carácter
confidencial.

La
Comisión Especial de Inteligencia debería procurar —con el apoyo del gobierno
de Obama— que se disponga la desclasificación y difusión del informe del Senado
como primera medida para ofrecer al público una versión oficial de las
prácticas y políticas del gobierno estadounidense. Dar publicidad al informe
también evitaría que se propague información
engañosa sobre los supuestos beneficios de la aplicación de “técnicas
intensivas en los interrogatorios”, indicó Human Rights Watch.

El
gobierno estadounidense debería impulsar investigaciones penales creíbles
contra los funcionarios estadounidenses que estén implicados en torturas. Si
Estados Unidos no toma esta iniciativa, otros países deberían juzgar a los
funcionarios estadounidenses involucrados en delitos contra detenidos conforme
lo exige el derecho internacional, señaló Human Rights Watch.

“El
pueblo estadounidense merece conocer toda la verdad sobre las torturas que se
cometieron en su nombre”, observó Pitter. “La labor llevada a cabo por
iniciativa privada de esta comisión bipartidista advierte en forma clara que la
plena divulgación de este tema es un asunto de suma importancia para todos los
estadounidenses, con independencia de sus preferencias políticas”.