Qué es un soborno y qué no, según EE.UU.

Por Joe Palazzolo y Christopher M. Matthews

The Wall Street Journal Americas

En el competitivo mundo de los negocios internacionales, a veces una
taza de café es simplemente una taza de café. Esta y otras directrices
forman parte de una guía presentada por el gobierno de Estados Unidos
sobre las prácticas que podrían llevar a las empresas a violar una
extensa ley que prohíbe los sobornos en el extranjero.

El documento de 130 páginas es el intento más exhaustivo del
Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de
EE.UU. de responder a quejas de compañías de que las ambigüedades de la
Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero las han obligado a abandonar
negocios en países de alto riesgo y a gastar millones de dólares en
investigaciones internas.

En la última década, las autoridades han desempolvado la ley que data
de la era de Watergate y la han usado para extraer miles de millones de
dólares en multas de decenas de grandes empresas. Por su parte, la
Cámara de Comercio de EE.UU. y otros han ejercido presión para modificar
la ley con más protecciones para las compañías.

La guía ofrece consejos pragmáticos, en particular en un área de gran
preocupación para los departamentos de cumplimiento de normativas de
las empresas: regalos, viajes y entretenimiento. "Es difícil imaginar
una situación en la que la provisión de tazas de café, tarifas de taxi o
artículos promocionales de valor nominal de la compañía evidencie una
intención corrupta", afirma el documento. Lo mismo sucede con "un
pequeño regalo o muestra de aprecio o gratitud". En cambio, financiar un
viaje de cumpleaños de US$12.000 con visitas a bodegas de vino para un
funcionario no es aconsejable, señalan las agencias.

A grandes rasgos, la guía aclara
posturas que el gobierno mantenía desde hace tiempo y evita pronunciarse
sobre políticas rígidas. No obstante, abogados y la Cámara de Comercio
recibieron con los brazos abiertos las preguntas hipotéticas del
memorando y los ejemplos sobre cómo las empresas evitaron procesos
judiciales.

El documento explica, por ejemplo, qué hacer si una empresa descubre
pruebas de posibles sobornos de una empresa que acaba de adquirir. La
respuesta corta es detener el soborno, reportarlo al gobierno e
implementar reformas en la firma comprada. Las agencias del gobierno
indican que una compañía que siga estos pasos probablemente no será
enjuiciada.

Sin embargo, rechazan los pedidos de la Cámara de Comercio y otros de
ofrecer protección para todas las empresas compradoras y advierten
sobre "circunstancias inusuales" no estipuladas en la guía que podrían
conducir a cargos penales.

La Cámara de Comercio ha hecho lobby para que se modifique la ley
para precisar lo que constituye un soborno y exactamente a quién está
prohibido hacer pagos. Sin dicha clarificación, las compañías gastan
enormes sumas investigando si gastos aparentemente inofensivos de sus
empleados infringen la ley, afirma el grupo.

Uno de los mayores debates entre los detractores de la ley y el
gobierno es la definición de "funcionario extranjero". Los demandados en
varios casos judiciales han argumentado que los empleados de empresas
estatales no cuentan como funcionarios extranjeros bajo esta ley. No
obstante, el Departamento de Justicia y la SEC apuntan en el documento
que esos individuos pueden ser considerados como tales, una postura que
los fiscales han sostenido en los tribunales.

De todas formas, la reacción de la Cámara de Comercio al memorando
fue en general positiva. Asimismo, grupos de defensa de gobierno
corporativo, que se han opuesto a la campaña de la cámara, elogiaron el
documento.

En respuesta a las quejas sobre las partes más difusas de la ley,
fiscales y reguladores han señalado que la gran mayoría de casos que han
iniciado incluyeron una enorme cantidad de pruebas de soborno. Desde
2009, se han llevado a cabo más de 50 acuerdos extrajudiciales y
declaraciones de culpabilidad negociadas, generando más de US$2.000
millones en multas. En 2008, Siemens AG
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pagó la mayor suma hasta la fecha, US$800 millones, por otorgar
millones de dólares a funcionarios extranjeros para ganar contratos
gubernamentales.