Un mercado libre rebajaría el gasto sanitario

Diario de América

¿Cuál es la mejor forma de garantizar que los estadounidenses que sufren enfermedades crónicas — los estadounidenses con más probabilidades de necesitar atención médica frecuente o cara — pueden permitirse el seguro que les pague las facturas? La respuesta generalizada, plasmada en la reforma sanitaria de Mitt Romney en 2006 en Massachusetts y en la reforma federal aprobada por Barack Obama en 2010, contiene estos ingredientes:

(1) Obligar por ley a toda la población a tener seguro médico, con pólizas subvencionadas para las rentas bajas.

(2) Obligar a las aseguradoras a asegurar a cualquiera que solicite cobertura y cobrar la misma prima más o menos a todo hijo de vecino, con independencia del estado de salud.

(3) Hacer que todas las pólizas de salud cubran un surtido de tratamientos, enfermedades y especialidades que no todos los asegurados pueden desear o necesitar.
 
La opinión ortodoxa, en resumen, es que para proteger de las dificultades económicas inmerecidas a las personas que sufren cuadros médicos graves hay que suprimir los mecanismos normales de un libre mercado — la ley de oferta y demanda, la libre competencia y la flexibilidad de los precios. Este enfoque reviste un único problema: no funciona.
 
Seis años después de que la reforma sanitaria RomneyCare fuera aprobada, la cobertura sanitaria en Massachusetts es cualquier cosa menos universal. Pero una nueva encuesta nacional concluye que los que más necesitan atención médica son los que más dificultades tienen para pagarla. Según el estudio, dirigido por investigadores de la Facultad de Salud Pública de Harvard y patrocinado por la emisora de Boston WBUR, la Fundación de la Cruz Azul de Massachusetts y la Fundación Robert Wood Johnson, dice que el 78 por ciento de los adultos enfermos consideran la factura de la salud un problema grave en Massachusetts (el 50 por ciento lo define muy grave). Y lejos de ver mejora, casi los 2/3 de los adultos enfermos dicen que los problemas en Massachusetts no han hecho sino agravarse.
 
Se suponía que esto no iba a pasar. Romney se mostró confiado en que su reforma iba a aliviar la presión de las facturas del médico. "Cada ciudadano asegurado de Massachusetts dispondrá dentro de poco de atención médica asequible y el gasto sanitario se reducirá", pronosticaba de forma optimista en 2006. Pero el 14 por ciento de los adultos enfermos de Massachusetts dicen aun así hoy ser incapaces de recibir la atención médica que necesitaron en algún momento de los 12 últimos meses por motivos financieros. Alrededor de la mitad de los que no recibieron tratamiento dicen no poder permitirse el desembolso; otro 21% más dice que la aseguradora no les paga el tratamiento o las pruebas.
 
Claro, el estudio depende de la propia percepción de los encuestados, cosa que no siempre puede ser realista o consistente. Y su definición de "adulto enfermo" es amplia: incluye a todo el que dice sufrir una enfermedad, cuadro médico, herida o discapacidad grave que exige mucha atención médica, así como a todo el mundo que haya pasado hospitalizado alguna noche durante el último año. Según este rasero, el 27 por ciento de la población de Massachusetts está enferma.
 
Pero incluso si esa cifra debe de tomarse con cierto escepticismo, está claro que la cobertura sanitaria universal no es ninguna panacea para las presiones económicas de la salud pública — sobre todo en lo referido a las personas con enfermedades anteriores a la firma de la póliza o con cuadros médicos caros.
 
La forma de abaratar la atención médica y hacer que sea asequible para todo el mundo, sobre todo para aquellos cuyos problemas de salud son los más graves, no es obligar a las aseguradoras a simular que los enfermos crónicos o los que necesitan atención frecuente no tienen facturas por encima de la media. Si las aseguradoras que venden seguros de hogar tuvieran prohibido tener en cuenta el tamaño, la ubicación o la edad del inmueble de la póliza, no hace falta decir que las pólizas y la deducción seguirían subiendo y cada vez menos desperfectos estarían cubiertos. Ilegalizar que las aseguradoras redacten pólizas y cobren primas que reflejen con precisión las necesidades o los riesgos del asegurado con problemas médicos importantes tiene un impacto parecido.
 
En lugar de ilegalizar la práctica con los asegurados con enfermedades anteriores a la  contratación del seguro, el economista especializado en salud pública John C. Goodman aduce que deberíamos de alentarlo. En un nuevo libro, Incalculable: cómo curar la crisis de la sanidad, Goodman ofrece un amplio abanico de formas en las que un mercado libre puede abordar los problemas de la gente con necesidades médicas crónicas. Una propuesta: los empresarios pueden contratar cobertura médica para la plantilla totalmente transferible — el trabajador sería el titular de la póliza y podría trasladarla de un puesto de trabajo a otro. Otra idea: cuentas de ahorro privadas para los enfermos crónicos que permitirían a los pacientes discapacitados gestionar su presupuesto y elegir los bienes y servicios que mejor satisfacen sus necesidades. Otra más: "cobertura del estado de salud", que permitiría a los particulares blindarse frente al riesgo de que una enfermedad anterior a la contratación del seguro pueda acabar saliendo a la luz y hacer que las letras de sus seguros suban.
 
Lo que el repertorio de la salud pública de los Estados Unidos necesita es más libertad y competencia, no menos. La verdadera reforma acabaría con la distorsión del código fiscal que vincula la cobertura sanitaria con el puesto de trabajo. Eliminaría los obstáculos a la contratación de seguros de salud en otros estados. Invertiría los servicios obligatorios que encarecen demasiado la cobertura sanitaria de todo el mundo. La "reforma" sanitaria a gran escala que restringe la libertad de elección, controla los precios y bloquea la innovación no tiene nada de reforma. En la salud y la enfermedad, en general agrava las cosas.