El asalto a la libertad de expresión en el Ecuador

El Universo

Señor presidente, el 3 de mayo fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En este país, nosotros reconocemos la libertad de expresión como nuestro derecho más preciado. Constituye la base para todas las demás libertades, y una prensa independiente es esencial para su ejercicio. Sin embargo, en muchos países la expresión es frecuentemente censurada y castigada. Los periodistas son amenazados, encarcelados, y asesinados por denunciar la corrupción oficial y criticar la represión gubernamental. No solo los medios de comunicación son señalados y silenciados, a toda la población se le niega el acceso a la información precisa. 

El Senado estuvo en receso el 3 de mayo, pero me gustaría llamar la atención de otros senadores por los preocupantes acontecimientos que en la actualidad representan una de las más graves amenazas a la libertad de expresión en este hemisferio. Estoy hablando de las acciones del presidente del Ecuador, Rafael Correa, y funcionarios de su gobierno para silenciar a emisoras y editores independientes, y a organizaciones de vigilancia, lo que socava el derecho fundamental a la libertad de expresión en formas semejantes a las que podemos esperar en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

No hay institución más fundamental para la democracia que una prensa libre e independiente. Una prensa libre ayuda a proteger el imperio de la ley, para garantizar que ninguna persona o grupo esté por encima de las normas y procedimientos que rigen una sociedad democrática. Una prensa libre contribuye a garantizar la transparencia para inducir a los gobiernos a ser honestos y responsables ante sus ciudadanos. Lamentablemente, los recientes acontecimientos en el Ecuador sugieren un alejamiento deliberado de estas tradiciones democráticas, y esto podría plantear graves consecuencias para la democracia en el Ecuador.

Aunque a veces fluctuante, el Ecuador tiene una historia de gobierno democrático de la cual sus ciudadanos pueden sentirse orgullosos. La primera Constitución del Ecuador, escrita en 1830, estipula que “todos los ciudadanos pueden expresar sus pensamientos y publicarlos libremente a través de la prensa”. La Constitución del Ecuador de 1998 garantiza el derecho de los periodistas y comunicadores sociales a “buscar, recibir, conocer, y difundir” acontecimientos de interés general, con el objetivo de “preservar los valores de la comunidad”. Incluso la última Constitución del Ecuador, ratificada hace apenas cuatro años, protege el derecho de cada ciudadano “a expresar la propia opinión y pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones”. Sin embargo, parece que estas protecciones –parte vital en la historia de los gobiernos representativos, democráticamente elegidos en el Ecuador– ahora solamente se aplican a discreción del presidente Correa.

Durante el tiempo de vigencia del presidente Correa en el cargo, el número de organizaciones de medios de comunicación estatales se ha disparado –creciendo desde un solo medio de comunicación dirigido por el Gobierno, a un conglomerado de medios que hoy lo componen más de una docena–. Él ha seguido demandas penales contra columnistas y propietarios de periódicos, incluyendo las acciones legales contra EL UNIVERSO, uno de los más respetados periódicos del Ecuador. En el caso de EL UNIVERSO, el presidente Correa ganó una sentencia de $ 42 millones, y algunos periodistas fueron sentenciados a tres años de prisión luego de una audiencia ante un juez temporal –y recientemente nombrado–. Aunque, el presidente Correa después perdonó a los periodistas. El temor de ser acusado y arrastrado por el costoso sistema legal también silencia a muchos otros periodistas o los obliga a moderar las críticas al Gobierno.

El presidente Correa y su Gobierno está persiguiendo no solo a periodistas. Unos 200 activistas, muchos de ellos gente indígena que protesta por proyectos mineros que destruyen el medio ambiente, han sido acusados penalmente y detenidos. El tipo de arresto o la amenaza de arrestar a activistas sociales ha suprimido el libre flujo de información en el Ecuador, silenciando voces disidentes, ya sea por acciones legales o por autocensura.

Y tal vez lo más insidioso a los principios de la democracia, el gobierno del presidente Correa ha dado paso a nuevas reformas que podrían convertir en ilegales casi todos los informes sobre las campañas electorales. Toda censura golpea una democracia, pero la censura electoral es un golpe fatal. Con las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo año en el Ecuador, hay la creciente preocupación de que las acciones del presidente Correa representen un intento de influir en el proceso democrático en su propio beneficio político y personal.

La Dra. Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha criticado con razón la cruzada del presidente Correa contra la prensa. En respuesta, el presidente Correa ha expandido su campaña de censura más allá de las fronteras del Ecuador, y ha marcado a la oficina de la Dra. Botero, proponiendo a la OEA, a principios de este año, un plan que habría restringido la capacidad de la oficina de la Dra. Botero para emitir informes independientes, y recortado su financiamiento. Aunque el plan fue rechazado por los estados miembros de la OEA, la intención del presidente sigue siendo clara. Ya no se contenta con silenciar a sus oponentes políticos en el Ecuador; él ahora está apuntando a sus críticos en otros lugares.

El presidente Correa ha tratado de encubrir sus acciones en el vocabulario populista, declarando que su censura está motivada por su deseo de liberar al pueblo de los intereses corruptos de las organizaciones empresariales que con frecuencia manejaban periódicos, antes del establecimiento de una ley que prohíbe que cualquier persona que tenga una significativa participación en una compañía de medios de comunicación sea propietaria de otros negocios. Desafiar los puntos de vista expresados en los medios, por supuesto, es legítimo, común y saludable en cualquier sociedad, pero evitar que esas opiniones sean escuchadas, no lo es.

Señor presidente, nosotros deberíamos denunciar los ataques contra la prensa en el Ecuador y en cualquier lugar del hemisferio. Nosotros deberíamos apoyar fuertemente a la Dra. Botero y a su oficina. Proteger la libertad de expresión, un derecho fundamental consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, es una preocupación y responsabilidad de todos. De ese modo, apoyamos al pueblo del Ecuador y su derecho a ser escuchado, y al futuro de su democracia.

Patrick Leahy es senador senior por Vermont y presidente del Comité de Apropiaciones del Senado de Estados Unidos. Emitió este contundente pronunciamiento sobre las prácticas del gobierno del presidente Rafael Correa con relación a la libertad de expresión.