Expropiación del crecimiento

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La economía argentina muestra claros signos de desaceleración. Esto podría considerarse normal, después de varios años de crecimiento a tasas altas, incluso bien medidas. Sin embargo, más que una lógica convergencia a un escenario más estable, lo que enfrentamos son las inevitables consecuencias de una política económica que ha resultado ser contraria a la posibilidad de una evolución fuertemente positiva por mucho tiempo. Gran parte de las medidas que impulsaron el aumento del producto en los años pasados, significaban “gastar a cuenta del futuro”. Pues bien, una parte de ese futuro es ahora presente.

Esta situación resulta evidente en el caso de la energía, discutido en estos días, donde subsidiar a los consumidores, para mejorar sus ingresos, con fondos públicos se ha hecho infinanciable sin poner en peligro la estabilidad macroeconómica y en donde repartir desbalanceadamente la renta petrolera a favor también del sector público y los consumidores, en sentido amplio y, en parte, a favor de la “compra” de YPF, con dividendos, redujo la inversión privada en exploración y producción, haciendo insostenible, ahora, el financiamiento de las importaciones de combustibles.

Esta falta de pesos para subsidiar y de dólares para importar, es lo que ha llevado al asalto final del Banco Central, y al estricto control de cambios y de importaciones. Y es ese control de cambios y de importaciones, y no la “crisis internacional”, la que lleva, a la vez, a la desaceleración de la economía. Por un lado, porque controlar importaciones es afectar el nivel de actividad, dada la dependencia natural de insumos y bienes de capital importados que tiene la producción industrial más moderna e integrada al mundo.

Por el otro, porque el ahorro de los argentinos es en dólares (nadie ahorra en una moneda que pierde un cuarto de su valor por año), el control de cambios dificulta la salida de capitales, pero también el ingreso de capitales de argentinos, destinados a inversión. A este panorama se le suma el hecho de que el fuerte aumento del salario real formal de los últimos años, bien por arriba de la productividad privada y pública, redujo sustancialmente las ganancias “extraordinarias” de las empresas, que hasta ahora compensaban con más volumen, camino al pleno empleo. Pero llegado al pleno empleo, con desmedida presión fiscal y una política cambiaria y monetaria que incrementa los costos en dólares, las ganancias han pasado a ser “ordinarias” y no alcanzan el adverso clima de negocios que hoy impera.

A esto hay que sumarle la caída, en los últimos años, de la inversión extranjera directa, y el deterioro creciente de la infraestructura en sentido amplio, por el énfasis puesto en el gasto público en empleo y salarios, o en obras públicas, sin prioridades, y con alta “ineficiencia” por decirlo de manera elegante.

Modificar este panorama implica modificar la política económica llevada hasta aquí. Pero, justamente, esto es lo que no se quiere hacer. La expropiación de YPF, y las nuevas medidas intervencionistas que seguramente seguirán, se inscriben en la necesidad de seguir dándole vida a un modelo que hace rato que está agotado.

Y esto deja al gasto público y al escaso crédito “subsidiado” como únicos motores de crecimiento, más allá de la inercia derivada de los sectores plenamente exportadores como los agrícolas que dependen del mundo y del clima.

Pero en el marco de una desaceleración privada, cae la recaudación, y sin ahorros previos (no hay fondo anticíclico), mantener un gasto público creciente, para evitar la recesión, implica un uso más intensivo de las máquinas de Ciccone (¡Este es el único negocio “privado” que crece fuerte!), es decir mayor inflación y atraso cambiario, o implica seguir buscando “cajas” privadas o semiprivadas para expropiar y seguir consiguiendo, de esa manera, dólares para importar, o pesos para subsidiar.

En síntesis, evitar la desaceleración de la economía obliga o a un uso cada vez más intenso de la emisión monetaria de las reservas del Banco Central, o a contínuas búsquedas de “bolsones” de dólares y pesos, para expropiar.

Lo que se expropiará, entonces, es el crecimiento del sector privado, para seguir financiando la expansión del sector público. Como se trata de “dineros ajenos”, la mayoría de la clase política, está de acuerdo.