Drogas: Guerra injustificada

Cuando el presidente mexicano Felipe Calderón llegó al poder en diciembre de 2006 le declaró una guerra sin cuartel al narcotráfico e involucró a las fuerzas armadas. La tasa de homicidios del país había venido cayendo de manera sostenida desde mediados de los ochenta, pero entre 2007 y 2010 esta se ha disparado en un 260%. El gobierno reconoce 35.000 muertes relacionadas con el crimen organizado entre diciembre de 2006 y fines de 2010, aunque cálculos independientes ubican la cifra entre 40.000 y 52.000. Human Rights Watch indica en un informe publicado este mes cómo aumenta dramáticamente el número de asesinatos año tras año: de 2.826 en 2007 a 15.273 en 2010.

¿Son en vano estas muertes? El principal promotor a nivel mundial de la prohibición es el gobierno de EE.UU. –país donde también se concentra la mayor demanda de drogas– y es interesante que el informe anual producido por el Departamento de Justicia de dicho país aporta evidencia de que la guerra contra las drogas está fracasando. Por ejemplo, allí se asevera que el consumo de varias de las principales drogas ilícitas (la heroína, la marihuana, el éxtasis y la metanfetamina) está aumentando, particularmente entre jóvenes; la disponibilidad de drogas ilícitas en EE.UU. está aumentando; y las organizaciones criminales transnacionales (OCT) operaban en más de mil ciudades de EE.UU. entre 2009 y 2010.

La principal razón por la cual liberales como Milton Friedman han estado en contra de la prohibición ha sido por considerarla una violación injustificada de la libertad individual. No obstante, un conservador bien podría respaldar políticas alternativas a la prohibición en vista de que la guerra contra las drogas no promueve sus objetivos. Por ejemplo, el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso recientemente dijo que precisamente porque desea que se reduzca el consumo, la violencia y la amenaza a la democracia en América Latina es que él propone como un primer paso que se despenalice el consumo de la marihuana.

Pero los gobiernos de la región, con contadas excepciones, insisten ciegamente en la estrategia extremista de criminalizar el consumo, la producción y la distribución de las drogas. En Guatemala, el presidente electo Otto Pérez Molina acaba de ganar una elección prometiendo “mano dura” contra el narcotráfico. En Sudamérica, la Unasur se prepara para conformar una policía antidroga. En EE.UU., la administración Obama ha continuado con la política de Bush de enviar soldados estadounidenses a participar en operativos militares en varios países del hemisferio, incluidos Haití, Honduras, República Dominicana, Guatemala y Belice.

En países como México y Guatemala el costo de la guerra contra las drogas se ha vuelto tan prohibitivo y doloroso que sería frívolo continuar con la misma estrategia. Otros países latinoamericanos con instituciones débiles se encuentran extremadamente vulnerables y podrían seguir el mismo camino si no consideran las alternativas.