Ley de Arrendamiento: muerte de la clase media venezolana

El Univesal

Las cosas comenzaron: expropiaciones de desarrollos inmobiliarios, la violencia política contra la propiedad privada inmobiliaria se ejecutaba a través de invasiones inducidas por un discurso político clasista dirigido a envilecer los precios de viviendas y el ahorro de la familia de clase media. Un proceso político similar al que ocurre con la toma, expropiación de tierras de uso agropecuario que ha producido ruina en el agro. Así llegó la Habilitante, el proceso de afectación de valores inmobiliarios de viviendas ahora tiene un marco jurídico inconstitucional.

El paso siguiente, la AN aprobó la Ley de Arrendamiento, un marco legal que descapitaliza la familia de sectores medios, pervierte el marco jurídico mutilando los derechos de propiedad sobre la vivienda; el impacto de esa ley envilece los precios de las viviendas, destruye el ahorro familiar; no es consecuencia no intencionada, todo lo contrario, el objetivo político es arruinar la clase media. La Ley de Arrendamientos penaliza a la familia que ahorró, invirtió en viviendas para protegerse de la inflación y la devaluación. Las familias de los sectores medios partían de un principio básico: en el largo plazo, los precios de las viviendas cubren la depredación fiscal del bolívar y capitaliza el ahorro. La Ley de Arrendamiento vuelve añicos esas economías.

En el hecho y en el derecho esa ley depreda la propiedad de la vivienda en alquiler -la renta del ahorro a través de un proceso que en los extremos expropiar por intervención del gobierno y de terceros- la vivienda en alquiler. Sus efectos se sienten ya en la industria de construcción de viviendas, disminuirá la calidad de las viviendas, y se envilecerán los precios de parcelas de tierras urbanas, profundizando el deterioro urbanístico de ciudades.

En Venezuela poseer una vivienda, además de satisfacer una necesidad, constituía inversión familiar, un ahorro previsional; la vivienda como inversión protegía de patrimonio familiar, un activo "real", para proteger el ahorro del efecto depredador de la inflación y la devaluación. Esa ha sido la lógica de la inversión en viviendas por parte de los sectores medios. La familia venezolana disponía así de un capital en un activo real en su balance que le permitía apalancarse financieramente; la vivienda es el activo de mayor valor en el balance familiar.

 El mercado respondía rápidamente a esas preferencias de las familias que se organizaba en autopromoción programada urbanizando y construyendo, autoconstrucción y masivamente a la producción de viviendas por promotores y urbanizadores privados y cuya obligación social y económica comenzaba con la adquisición de tierras urbanas para construir la oferta habitacional privada. El sector privado construía en promedio más de cien mil viviendas por año, cuyo destino eran los sectores medios y bajos consolidados de un amplio espectro social, con la condición económica fundamental que podía financieramente con el peso de una hipoteca de largo plazo.

Toda esa historia termina con la Ley de Arrendamiento. La improvisación y el acoso político de los sectores medios desdicen de la intención y calidad intelectual -que no sea la destrucción- del oficio de legislador en las circunstancias políticas.

El autor es Doctor en Economía.

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