Una plegaria por Carolina del Sur

El centro comercial, que tiene calles con nombres de las naciones latinoamericanas, banderas con colores de los países hispanos, restaurantes donde se puede comer un cebiche ecuatoriano, un lomo saltado peruano, unos tacos al pastor mexicanos, queda en Fort Mill, Carolina del Sur, donde amenazan con implementar para el  1 de enero del próximo año la ley SB20, que es otra hija mal hecha de la SB1070 de Arizona.

Este fin de semana Plaza Fiesta era una verdadera fiesta. Los niños corrían por los pasillos, los televisores mostraban el gol del Chicharito en Inglaterra, y 300 obreros latinos visitaban una feria relacionada con la construcción.

Y me dio una tristeza horrible que una propuesta así de hermosa haya sido obstaculizada por el sentimiento antiinmigrante que aqueja a un sector de los políticos de ese estado, donde todavía flamea la bandera confederada en los predios de la Legislatura.

Carolina del Sur es un estado bello. Basta visitar Charleston y encontrarse con la historia o llegar a los cultivos de flores y duraznos que pululan, cerca de las autopistas.

Lo paradójico es que gracias a la gente que se quiere afectar con la SB20, el estado recibirá entre 500 millones y mil millones de dólares por haber logrado un representante a la Cámara adicional en Washington.

El paso de 95,000 hispanos en el 2000 a, 235,000 en el 2010 significó la diferencia para que el estado, que tenía seis congresistas, ahora tenga siete, algo que no ocurría desde hacia ochenta años.

Afortunadamente la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) decidió retar a la SB20 en las cortes y esperamos que el resultado sea mejor que el de Alabama.

La SB20 permite que la policía a averigüe el estatus de las personas que se tenga una “sospecha” de que sean indocumentadas y crea una Unidad de Combate a la Inmigración Ilegal como parte del Departamento de Seguridad Pública, que costará más de un millón de dólares.

Pero la SB20 fue solo la continuación de la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal de Carolina del Sur, que se firmó en el 2008.

Mediante esa normativa, Carolina del Sur fue el primer estado que vedó la entrada de estudiantes indocumentados a colegios comunitarios y universidades estatales.

La medida determinó que es un delito transportar o dar techo a indocumentados.

Además, mandó realizar acuerdos con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para que agentes locales procesen la deportación de indocumentados.

Esa ley eliminó la creación de las ciudades santuario, y estableció el E-Verify obligatorio para empresas públicas y privadas.

Ojalá la demanda de la ACLU prospere  para que no se le pongan trabas al progreso y la diversidad.

Pero el meollo del asunto está en Washington, donde el gobierno federal, tiene que actuar para que el país no tenga una colcha de retazos de 50 normativas de inmigración diferentes.

Aunque es muy poco lo que se puede esperar de los políticos, incluso de aquellos que aspiran a la presidencia y que visitan a Carolina del Sur frecuentemente, como el afroamericano republicano Herman Cain, que en broma o en serio recomendó electrificar la cerca de la frontera entre México y Estados Unidos para electrocutar a los que intenten pasar. Y la candidata Michele Bachmann que impulsa un doble muro.

Nadie quiere más indocumentados en Estados Unidos, lo que se pide es que los que ya están aquí, han trabajado duro y se han comportado bien, se queden. Que sitios como “Plaza Fiesta Carolinas” prosperen y no sea la terquedad y el odio los factores que obstaculicen a una iniciativa tan linda.

Rafael Prieto Zartha es el director editorial del semanario Qué Pasa-Mi Gente en Charlotte, Carolina del Norte.