Uruguay: Cuidado con imitar al vecino

La Nación

Uruguay tiene la ventaja de ver cómo sus vecinos se anticipan a tropezar en sus errores. Eso ayuda a evitarlos. Hace dos semanas, una vez más la Casa Rosada montó un espectáculo con el objetivo de darle un duro golpe a la libertad de prensa. Estaba todo ensayado, pero un descuido en la precisión de sus datos derrumbó (por el momento) la embestida. Uruguay, azorado, observó ese insólito proceso y quienes estuvieron en Buenos Aires esos días percibieron el clima de tensión y hostilidad.

Para los parámetros de la izquierda uruguaya, el gobierno de Kirchner respondería a lo que llaman un modelo "progresista". Pero lo que sucede semana tras semana del otro lado del río alcanza tales dimensiones con resultados tan absurdos, que asombran, desconciertan y logran convertirse en el ejemplo de lo que no hay que imitar.

Uruguay no sólo ve las medidas, sino también los efectos que producen y esto último lo ha salvado de caer en la misma trampa. A eso hay que sumar un estilo y modalidad para actuar que no coinciden con la "forma uruguaya" de hacer las cosas.

A comienzos de la década de los años 90, el presidente Luis Alberto Lacalle proponía, vía legislativa, un moderado proceso de desestatización; su colega argentino Carlos Menem corría una carrera acelerada y aplicaba por decreto medidas de similar tono, pero más radicales. Logró cosas que Lacalle ni se proponía. Pero muchas de ellas (no todas) se desvanecieron en el fino aire, a causa de su débil sustento legal, de prácticas corruptas y de una fuerte inestabilidad económica al comenzar la década. De la propuesta modernizadora de Menem quedó poco y lo que quedó se amoldó a la realidad kirchnerista. En cambio, lo que se hizo en Uruguay (bastaría pensar en lo realizado a nivel portuario, de seguridad social o en las políticas madereras) se consolidó. Y si bien en su momento el Frente Amplio se opuso a tales medidas con ferocidad, una vez en el gobierno entendió su importancia y hoy, al menos en esas tres áreas, existe la clara intención de asumirlas como políticas de Estado, más allá de cuál sea el gobierno de turno.

No es lo que sucede en la Argentina, donde cada nuevo presidente pretende refundar la nación: lo pasado se borra de un plumazo y todo comienza de nuevo.

Pero el matrimonio Kirchner superó lo previsible. Paso a paso, se acercan a esa línea que separa a un Estado de Derecho de uno que no lo es. Ambos provocan, enardecen y mantienen al país en constante crispación.

Hace dos semanas, llegaron a la máxima tensión. En su propósito de dominar una empresa -controvertida en su esencia, con capitales privados y del Estado, que abastece de papel a los dos principales diarios-, armaron una ofensiva destinada a quedarse con ella y mandar presos a los directivos de LA NACION y Clarín , acusados de comprar acciones a la viuda de David Graiver, empresario y financista muerto en un misterioso accidente aéreo en los años 70. La adquisición habría ocurrido en el momento en que la mujer fue detenida por la dictadura y sometida a torturas. La versión se apoyó en miles de páginas de un expediente mostrado ante cámaras. Lo insólito, según se supo al instante, fue que la compra de acciones se hizo seis meses antes de la detención de esta señora.

Para armar la ofensiva, se montó un gran espectáculo en la Casa Rosada. Faltaron, con aviso, los principales empresarios y eso indignó a la Presidenta. Desde una óptica uruguaya, pregunté (y no obtuve respuesta) por qué debían estar los empresarios allí. Era un acto político, no se anunciaban medidas de impacto sobre la actividad productiva y, por lo tanto, su presencia era innecesaria. Sin embargo, no lo entendió así un gobierno que pretendía que, como en la escuela, todos dijeran un sumiso "presente".

El episodio enardeció al país. Pero dejó algunas lecciones. La primera y más importante es que la condición de santos o villanos que tengan los medios es ajena a lo que debe hacer un gobierno. Querer representar a una población "agredida" por tales medios, como intentó hacer la Presidenta, es una forma de coerción, no de protección. Juzgar sobre la calidad del periodismo no compete a un gobierno. El público usará esos medios según la credibilidad que les otorgue y la utilidad que les dé. Y no siendo tonto, el público sabrá por qué les cree a unos y no a otros. En ese terreno, todo debate está permitido menos uno en el que la voz cantante la tenga el gobierno, que desde su cuota de poder intentará acallarlos. No son los vicios ni las virtudes de Clarín los que importan; lo grave es que este o cualquier otro gobierno pretenda controlarlo.

Hace unos años, con otro tono, el entonces presidente Tabaré Vázquez intentó hacer el jueguito de discriminar a la prensa y señalar a los que consideraba "opositores". Sus dichos se sumaron a los de algunos legisladores y ministros que denunciaban "almuerzos conspirativos" entre periodistas o a reporteros pagos por políticos de la derecha para hablar mal del gobierno. Hubo motivos para estar alarmados. Es que en una democracia, los gobiernos no tienen más remedio que aguantar a los medios que nos les gustan. Si son o no "opositores" lo discutirá la gente en una charla de café. El único que no puede participar es el gobierno y su presidente. Hacerlo es amedrentar, es ejercer presión indebida y se parece mucho a una forma de censura.

Otro impacto que tuvo el episodio argentino fue el de revolver el pasado reciente, en una dirección que los Kirchner no tenían prevista. Su actitud de querer ser, éste sí, el gobierno peronista que reflejara la tradición de los Montoneros (grupo guerrillero peronista que terminó enfrentado a Perón en los años 70) obligó a revisar con precisión lo sucedido en ese período. Se sabía que hubo una dura represión desde el grupo ilegal Triple A fundado por el ministro José López Rega, y agravada en crueldad y ensañamiento por la posterior dictadura militar. Eso dejaba en evidencia quién era el villano y, como consecuencia automática, a la otra parte se le daba categoría de héroe.

Sin quitar un ápice a la crueldad militar, en las últimas semanas salieron muy buenos libros en Buenos Aires, con rigurosa investigación, que derrumban mitos y desenmascaran "héroes" entre los Montoneros y el ERP. Y tuvieron buena acogida. Esto horada un pilar de los Kirchner: el uso de "los derechos humanos" para prestigiar su gestión y sacar réditos personales.

Los Kirchner intentaron demostrar con su patraña que los dos grandes diarios usaron la tortura contra la viuda de David Graiver para su provecho. No fue así y el argumento se derrumbó en horas. Pero, además, mucha gente (de derecha y de izquierda) tenía claro que Graiver no era "trigo limpio" y que manejaba dinero de los Montoneros conseguido mediante secuestros. Con la excusa de atacar a la gran oligarquía, en realidad aplicaron la mentada lógica de los "secuestros exprés".

Todo esto pasó ante las narices de los uruguayos. Nada de lo que haga el actual gobierno argentino es bueno. Más bien está cayendo en una vieja tradición aplicada tanto por militares como por civiles: la de fortalecer gobiernos liberticidas y autoritarios que mandan por antojo y capricho. De eso hay que cuidarse.

El autor es columnista del prestigioso semanario político y económico uruguayo Búsqueda, en el que este texto fue publicado hace pocos días.

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