Guatemala: El “Estado piñata”

Siglo XXI

Por estos días se nos informaba sobre la inminencia de que Guatemala se convierta en un “narco-Estado”. Pienso que eso dependería, en parte, de qué definición se dé de narco-Estado. Me refiero a que no es lo mismo que las principales estructuras de la organización gubernamental actúen deliberadamente para favorecer al narcotráfico, a que los órganos del Estado encargados de reprimir la narcoactividad sean, en general, ineficaces. Mi opinión de “no especialista” sobre estas cosas es que, si bien hay numerosos indicios que apuntan a que las bandas del narcotráfico se han infiltrado en bastantes dependencias públicas más o menos estratégicas para ellas, ni el Gobierno ni el pueblo de este Estado (sí, el pueblo es uno de los elementos clásicos del Estado) actúan para favorecer al narcotráfico.  Esa no es la regla. 

, es sumamente alarmante que haya indicios claros de que las organizaciones del narcotráfico hayan conseguido enrolar a funcionarios y empleados públicos de diversa jerarquía y funciones, para operar a menor costo.  Es decir, para operar lo más impunemente posible. 

Pero esto realmente significa que en Guatemala es “económico” para los narcos enrolar a funcionarios y empleados públicos para operar con mayor impunidad. Así como en algunos países es más “económico” que en otros adquirir viviendas, por ejemplo, en Guatemala es más “económico” comprar impunidad que en otros países. 

Es verdad que, de Centroamérica, los únicos dos países fronterizos con México son Belice y Guatemala, pero realmente nuestro territorio no es tan extenso ni las rutas alternativas para llegar a algún punto en territorio mexicano son tan complicadas, como para que los narcóticos ilegales procedentes de más al sur tengan que pasar, inevitablemente, por nuestro suelo o nuestras aguas territoriales. La principal razón es que eso es “económico” para los narcos. 

Ahora bien, el hecho de que aquí sea relativamente “económico” para los narcotraficantes procurarse impunidad es una consecuencia, no una causa, de que seamos un “Estado piñata”. El Estado piñata es aquel en el que prácticamente todos los sectores de la sociedad se organizan para enriquecerse con bienes o fondos públicos. En la medida en que un primer sector logra, por medio de una ley o de una política pública (nada de ilegal, ¡no!) conquistar una renta o algún privilegio, rápidamente lo imita un segundo sector, y luego otro y otro… Al cabo de cierto tiempo casi no hay ciudadano que no esté invitado al Estado piñata, es decir, que no pertenezca a algún sector con derecho a percibir alguna renta o a explotar algún privilegio creado por los poderes del Estado. 

Este fenómeno —que ya lo describía con mucha lucidez Bastiat— produce muchas consecuencias perniciosas, pero en relación con el objeto de esta nota, la más grave es que los recursos del Estado dejan de estar disponibles para, por ejemplo, que no sea tan “económico” comprar impunidad. A cada sector le interesa, primero y por encima de cualquier otra cosa, su renta o su privilegio. Nada le importa que se acaben los dulces de la piñata: ya recogió los suyos. También quiere seguridad y justicia, por supuesto, pero sólo después de haber sacado del Estado piñata sus premios y sorpresas. Lo más increíble es que nuestra Constitución está diseñada para sustentar casi todo esto (vea el artículo 119, por ejemplo).