Los latinos y el conteo de 2010

Por Rubén Navarrette Jr.

Diario Las Americas

Pero esto sí que no es una broma. Aún faltan seis meses para el censo de 2010 y el conteo nacional ya está provocando mucha controversia en la comunidad latina. También está mostrando una contradicción por parte de la mayor minoría de Estados Unidos.

Algunos activistas latinos, entre ellos la Coalición Nacional de Sacerdotes y Líderes Cristianos Latinos y la Asociación Política Mexicano-americana, están instando, tontamente, a que los latinos boicoteen el censo como forma de protestar los retrasos de la Casa Blanca en encarar la reforma migratoria y lo que consideran como severas medidas para imponer la ley por parte del gobierno de Obama. Los defensores de fronteras abiertas y de los inmigrantes supusieron que obtendrían un enfoque más benevolente y suave en el dilema de la inmigración cuando se escogiera a un demócrata. Pero se equivocaron. Sufrieron una decepción cuando Barack Obama prácticamente fotocopió la política migratoria de George W. Bush —es decir, construir cercos, lanzar redadas en los lugares de trabajo, y deportar a los inmigrantes ilegales. Todas las noticias provenientes del gobierno, en la actualidad, son concernientes a la mejor manera de imponer la ley —nada sobre un plan específico para lograr una reforma integral.

Pero estar decepcionado no es una excusa para ser autodestructivo. Boicotear el censo es una idea pésima que sólo lograría privar más a la comunidad latina de representación durante, por ejemplo, el proceso de redistribución de distritos electorales, que tendrá lugar en las legislaturas de los estados después del censo.

Pero incluso mientras se amenaza con un boicot, otros activistas también han tratado de utilizar el censo como una manera de detener, o al menos suspender temporalmente, las redadas de inmigrantes. En los últimos meses, el Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Nombrados y otras entidades han sugerido calladamente que el Departamento de Comercio —el organismo gubernamental responsable de administrar el recuento nacional— pida al Departamento de Seguridad Nacional que detenga las redadas en los lugares de trabajo, a fin de disipar el miedo en la comunidad latina e incrementar la participación.

Es eso exactamente lo que hicieron funcionarios del censo como preparación para el recuento de 2000, y los funcionarios de inmigración concedieron el pedido.

Esta vez las cosas son diferentes. El Departamento de Comercio dijo recientemente que no seguiría su propio precedente sino que, en cambio, se abstendría de intervenir en el tema de la inmigración. El vocero de Comercio, Nick Kimball, expresó a Associated Press que funcionarios del censo no pedirán que se detengan las redadas migratorias de gran escala.

“Ni el Departamento de Comercio ni la Oficina de Censos pedirá al DSN que se abstenga de ejercer su autoridad legal”, dijo Kimball.

Sin embargo, el departamento sostiene que está aun comprometido a proporcionar un recuento correcto de todos los residentes de Estados Unidos, entre ellos los inmigrantes ilegales, cuando el proceso se inicie el 1° de abril.

“Nuestra tarea es contar a cada residente una vez, y en el lugar correcto, y eso es lo que hacemos”, dijo Kimball. “Toda la información que recoge la Oficina de Censos está protegida por la ley y no será compartida con ningún otro organismo”.

Ésa es otra llamada de atención para los activistas de la inmigración latinos, quienes supusieron ingenuamente que el gobierno de Obama iba a ser un aliado natural.

Sin embargo, los del Censo están en lo correcto. Deben mantenerse apartados del cumplimiento de las leyes migratorias. Y no lo digo sólo porque apoyo las redadas en los lugares de trabajo como una herramienta legítima para erradicar inmigrantes ilegales y desalentar a los empleadores a que los contraten. Lo digo porque, de no ser estrictamente necesario, un organismo gubernamental no debe interferir con las operaciones del otro. En este caso, los funcionarios de Seguridad Nacional tienen suficiente entre manos sin tener que preocuparse con brindar cortesías al Departamento de Comercio.

He aquí la contradicción: al condenar las redadas como algo que reducirá la participación en el censo, los activistas sostienen, implícitamente, que obtener un conteo correcto es muy importante para ellos y para la comunidad latina en su conjunto. De lo contrario, ¿por qué les preocuparía que las redadas en los lugares de trabajo desalentaran la participación de la gente en el censo? Pero si eso es cierto, ¿cómo pueden ser otros activistas latinos tan temerarios y displicentes como para apoyar directamente un boicot del censo —incluso como acto de protesta? Obviamente, algunos de estos defensores latinos no valoran el proceso tanto como fingen hacerlo.

O quizás a lo que le dan más valor es a que las cosas se hagan a su manera a toda costa. Es una mala estrategia que hace que los que la emplean parezcan egoístas y mezquinos. En general, ese tipo de gente es simplemente ignorada; lo que no ayuda a los activistas a lograr el respeto que tanto anhelan.

(c) 2009, The San Diego Union-Tribune