Abramos los ojos

Por Carroll Ríos
Siglo XXI

Muchos gobiernos detestan la crítica porque, en sistemas con cierta participación ciudadana en la política, necesitan retener el favor de los votantes. Reaccionan con violencia verbal o física contra sus detractores. Asombra que la Administración Obama pida a sus ciudadanos reportar “declaraciones sospechosas” contrarias a su propuesta de reforma en salud. La diputada Nancy Pelosi tildó a los opositores de marginales portadores de la suástica. El ex presidente Clinton llegó a denunciar una conspiración desestabilizadora.

Otro extremo ilustra el suceso en Gweru, Zimbabue, donde unos soldados enmascarados les dieron una paliza a unos hombres por “votar incorrectamente”. O el caso del Presidente Kabila de la República Democrática del Congo, quien según Human Rights Watch mandó a matar a 500 y a torturar a mil políticos opositores y críticos de su gobierno.

Tienen que ser más tolerantes los gobiernos de países donde impera un verdadero Estado de Derecho. Debemos defender a capa y espada la libertad de expresión para que nuestra democracia no adquiera visos de dictadura.

Aprendamos a leer las señales de alerta que emanan de países como Venezuela y Honduras. Actos aislados van sumando. Contrasta la vida de alto riesgo que llevan los columnistas y reporteros, por amenazas privadas y públicas, con una aparente indiferencia estatal por defender la libertad de expresión. Ahora, el Vicepresidente Rafael Espada optó por demandar a la columnista Marta Yolanda Díaz-Durán, quien externó una opinión.

No sólo los gobiernos vulneran la libertad de expresión, pero por su ejercicio del poder éstos tienen más alcance para acusar jurídicamente a sus críticos, o bien recurrir a la desinformación, al manipuleo económico de los medios de comunicación o a los sobornos.

En Cambodia, el Gobierno ha entablado ocho distintos reclamos de difamación y desinformación contra sus críticos. Uno de éstos ni siquiera fue presentado por una persona ofendida, sino genéricamente por el “gobierno”. La ONU denunció esta práctica, diciendo que “el uso y abuso de los juicios por difamación y desinformación minan peligrosamente las libertades constitucionales a la opinión y la expresión, así como el desarrollo democrático.”

El Gobierno también puede desinformar: diseminar falsedades o distorsionar la verdad, fabricar manuscritos, regar rumores maliciosos, ocultar hechos, hacer ruido para distraer, o aplicar censura.

Global Integrity Report se preocupa por la llamada “censura suave” que supone dar o quitar la publicidad oficial a los medios de comunicación. Informan que aquí se favorece a la televisión, pro gobierno, sobre los medios escritos, más críticos. Ni qué decir de los sobornos para alterar el tono y contenido noticioso.

El Índice de Libertad de Expresión elaborado por Freedom House otorga a Guatemala un mediocre “parcialmente libre” y la casilla 123 de 195, con base en las observadas prácticas mencionadas. Subamos el puntaje. Abramos los ojos. Apoyemos a las personas que expresan opiniones, inclusive si éstas no nos gustan.