La ideología vota hoy en Bariloche

La guerra civil que mantiene en vilo a los colombianos desde hace casi medio siglo es de naturaleza compleja. Gira en torno de dos factores interrelacionados, que son la producción de drogas (cocaína y heroína) y el control territorial por los insurgentes.   

Esta larga guerra la viene librando el Gobierno colombiano en dos frentes: contra las FARC, por un lado, y contra la producción y tráfico de drogas, por el otro. Pese al desmantelamiento de los carteles de Medellín y Cali, Colombia continúa siendo el mayor productor y exportador de cocaína del mundo, y el segundo abastecedor de heroína a los Estados Unidos. La lucha que viene sosteniendo el Gobierno colombiano contra esos dos enemigos, sin poder derrotarlos decisivamente, le ha llevado a concluir que sin la ayuda internacional Colombia no podrá prevalecer contra los mismos. Esa ayuda ha llegado, pero no es suficiente. La guerra debe ser ganada simultáneamente en ambos frentes, porque la producción de drogas está protegida por la guerrilla, que financia sus operaciones con el dinero proveniente de su comercialización. Mientras el Gobierno no consiga neutralizar la insurgencia guerrillera, sea aplastándola militarmente o por medio de negociaciones, no le será posible poner freno a la producción y comercio de las drogas.   

Eso al parecer está claro, tanto para el Gobierno colombiano como para la comunidad internacional. Lo que no está claro es la forma de acabar con la guerrilla. Al parecer, la estrategia del gobierno del presidente Uribe es intensificar la presión militar contra los insurgentes hasta quebrar su voluntad de luchar, obligándolos a negociar la paz. El problema es que hasta ahora el Ejército colombiano no se ha mostrado capaz de lograr este objetivo por sus propios medios, pese a la ingente ayuda militar de los Estados Unidos.   

Actualmente Colombia cuenta con un importante paquete de ayuda económica internacional de unos 7.000 millones de dólares, dentro del denominado “Plan Colombia”, que incluye préstamos y contribuciones de los Estados Unidos y de Europa. Buena parte de la ayuda norteamericana se destina a la potenciación de las fuerzas militares colombianas para hacer frente a la insurgencia. Con esta ayuda se financian también programas de acción social, destinados a facilitar la sustitución de los cultivos de coca, y para promover el desarrollo de las regiones más pobres y sensibles a la influencia guerrillera, mediante la construcción de obras de infraestructura y de servicios básicos.   

Aunque innegablemente provechoso, hasta ahora el “Plan Colombia” no ha alcanzado sus objetivos básicos, en el sentido de poner freno a la producción y comercialización masiva de drogas, y de reducir la capacidad militar de las FARC.   

Ante esta realidad, al parecer, el gobierno del presidente Uribe ha optado por un mayor y directo apoyo militar de los Estados Unidos, aceptando el traslado a territorio colombiano de la base militar que este país tenía hasta hace poco en Manta, Ecuador, y cuyo usufructo el presidente Correa se ha negado a renovar. Obviamente, no se conocen los detalles del acuerdo bilateral suscrito entre ambos países. La declaración oficial del Gobierno colombiano al respecto habla de que será para combatir el narcotráfico desde Colombia hacia los Estados Unidos, tal como los acuerdos que este último país tiene con México con igual finalidad. No se ha aclarado suficientemente si las fuerzas militares norteamericanas van a empeñarse directamente en combate contra las FARC, y si es así, en qué medida la seguridad nacional de Colombia va a quedar en manos de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Eso sí, tanto el Gobierno de los Estados Unidos como el de Colombia han negado enfáticamente que la instalación de bases norteamericanas en ese país tenga algo que ver con el “expansionismo chavista”, en alusión a la reciente provocación del Presidente venezolano, instando a los colombianos a sumarse a su proyecto político “Socialismo del Siglo XXI”.   

Hoy se realiza una reunión de la Unasur en la ciudad argentina de Bariloche para discutir el acuerdo bilateral suscrito por Colombia con Estados Unidos. No caben dudas de que la opinión prevaleciente de los gobiernos del continente será contraria a la iniciativa colombiana. Brasil, al igual que México, se ha mostrado siempre contrario al establecimiento de bases militares norteamericanas en el continente, en particular en países limítrofes, y Colombia es precisamente uno de ellos. Se descuenta que los gobiernos de la región ideológicamente alineados con el presidente Hugo Chávez y con La Habana van a manifestarse absolutamente contrarios a la medida.   

Por lo que toca a nuestro Gobierno, es de esperar que el presidente Lugo opte por la postura serena, responsable y firme, de los presidentes de Brasil y Chile, antes que por la altisonante y hueca retórica de Evo Morales, Rafael Correa y Hugo Chávez, que están lejos de interpretar el sentir americanista de los paraguayos.