Presidencialismo populista

Por Ángel E. Álvarez

TalCualDigital

En América Latina, donde las instituciones son poco más que un pedazo de papel entintado, las salidas de fuerza han sido históricamente la solución común a la "ecuación imposible" que emerge del presidencialismo fuerte y los Congresos fragmentados.

Esa ecuación fue la que llevó, para mencionar sólo unos casos, a los golpes de Estado en democracias débiles como las de Brasil, Argentina, Ecuador, Perú y Bolivia, pero también en las democracias más estables de la región (Uruguay y Chile) antes de los años setentas.

Luego de las transiciones de los ochentas, las cosas no han sido muy diferentes. Para muestra, una mercería llena de botones: el apoyo táctico y oportunista de algunos importantes líderes civiles a los intentos de golpe de Estado en Venezuela en el 1992, el golpe de Fujimori contra el Congreso peruano en el 1992, el golpe de Lucio Gutiérrez contra Jamil Mahuad en Ecuador en el 2000, el golpe del 2002 en Venezuela, la pérdida del "apoyo militar" por parte de Lucio Gutiérrez como Presidente democráticamente electo y que llevo a su remoción del cargo y, más recientemente, la deposición de Mel Zelaya en Honduras.

Tales hechos tienen todos un rasgo en común: Presidentes (o quienes ambicionan serlo) usan la movilización popular y el apoyo de las fuerzas armadas (o parte de ellas) para forzar cambios políticos contrarios a las normas y violatorios del Estado de Derecho (a veces santificadas por tribunales supremos oportunistas o empaquetados por el Presidente) y, en su empeño "revolucionario", se enfrentan un Congreso, partidos y jueces que se resisten al cambio.

Esa ecuación ha sido la fórmula para golpes de Estado de todo signo: los que arremeten contra órdenes conservadores y los que desplazan a líderes populistas que amenazan el orden constitucional.

Tal como lo predijo Linz, el presidencialismo impide las salidas negociadas entre el Legislativo y el Ejecutivo. El conflicto hace imposible la subsistencia de la democracia porque los demás poderes formales y fácticos se coaligan para propiciar la salida del Presidente o el Presidente anula la autonomía del Legislativo y del Judicial o de cualquier otro poder electo no dominado por los partidarios del caudillo populista.

Ambas salidas rompen la institucionalidad y convierten a las fuerzas armadas en los árbitros que actúan con la excusa de preservar la Constitución o propiciar el cambio según quien toque la puerta de sus barracas.

De más está decir, aunque los miembros del club de Presidentes llamado OEA piensen lo contrario, que los golpes de Estado no se dan sólo contra los Presidentes, sino también por ellos.

Y no se dan sólo contra las normas sino que se fabrican normas jurídicas para legitimar la violación de la Constitución y de normas supra-constitucionales.

La democracia no se quiebra sólo cuando se depone un Presidente electo, sino también cuando un gobernante desconoce de facto los resultados de elecciones o cuando impide sistemáticamente la acción de los gobiernos locales democráticamente electos y reduce al mínimo el margen de acción de grupos opositores y disidentes.

La región, Venezuela incluida, es y sigue siendo el laboratorio más grande a nivel mundial de la precariedad institucional diseñada a pulso y mansalva.