Otro déficit de un trillón de dólares…

Por Al Cárdena

Diario Las Américas

A comienzos de esta semana, el Vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, resumió toda la estrategia presidencial orientada a sacar al país de la recesión, sugiriendo que el gobierno “debe dedicarse a gastar dinero para evitar caer en la bancarrota.” En esa misma reunión, en el marco de un evento de la AARP, Biden admitió que el status quo “es totalmente inaceptable y es completamente insostenible.” Al Vicepresidente Biden y al Presidente Obama habrá que reconocerles el don de la consistencia, su consistente creencia en que el gasto incontrolado y los enormes déficits son la solución para mejorar la economía de los Estados Unidos.

La administración Obama no ha hecho prácticamente esfuerzo alguno para esconder su propensión al intervencionismo gubernamental en todos los sectores de la economía. Después de aprobar en febrero su gargantuesco paquete de estímulo económico a un costo de $787 billones de dólares, y más recientemente la monstruosa Ley de Cambio Climático -ya aprobada por la Cámara de Representantes- que pretende lograr un incremento masivo en el costo de la energía para todos los americanos, el gobierno no parece interesado en detenerse. Actualmente, la administración Obama está apoyando abiertamente el paquete de leyes más ambicioso, costoso y expansionista del tamaño del gobierno, que haya llegado jamás al seno del Congreso de los Estados Unidos.

La semana pasada, el director de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que no tiene filiación partidista, dijo al Comité de Presupuesto del Senado, que él “no ve el tipo de cambios fundamentales que serían necesarios para reducir, en un monto significativo, la trayectoria de los gastos federales en el área de la salud. Por el contrario, la ley en cuestión infla significativamente la responsabilidad federal.” Esa misma Oficina de Presupuesto del Congreso reveló que el proyecto de ley agregará más de un trillón de dólares a los gastos federales en salud a lo largo de la próxima década. Ellos pronostican que el plan agregará más de $240 billones de dólares al año al déficit federal de los Estados Unidos, que de acuerdo con proyecciones recientes deberá pulverizar la cifra record de $1.8 trillones de dólares para el 2009.

Más increíble aún es un estudio del Lewis Group, que ha concluido que, de aprobarse la ley, más de 114 millones de individuos en los Estados Unidos podrían perder la cobertura de salud que hoy tienen.

El Plan de Reforma al Sistema de Cuidados de Salud llega a tal extremo que, no solamente los republicanos, también miembros prominentes del Partido Demócrata han decidido romper filas con la Casa Blanca, para explorar alternativas y opciones más plausibles. Una encuesta reciente del Washington Post y ABC News concluyó que el apoyo al manejo que el Presidente le viene dando al asunto de la salud ha caído por debajo del 50%. El Gobernador Bill Richardson, que estuvo a punto de hacer parte del gabinete de Obama, declaró que estaba “personalmente muy preocupado por el tema del costo, particularmente la cifra de un trillón de dólares de la que se viene hablando.” Es más, el segundo demócrata en rango en la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, citado el lunes pasado por el diario The Washington Post, admitió que “el proyecto de ley cayó al piso haciendo un estruendo tan explosivo, que tuvieron que llevarlo de nuevo a la mesa de diseño.”

Tal vez uno de los aspectos más complicados del proyecto de ley radica en la forma cómo el gobierno planea recabar los recursos para financiarlo. De momento, todo parece indicar que, al mejor estilo típico de los demócratas, seremos los contribuyentes, los que pagamos impuestos, los llamados a hacer un nuevo “sacrificio.” Al final de la semana pasada, el Presidente de la Comisión de Organización y Métodos, el Congresista Charlie Rangel, dio a conocer que la ley incluirá una sobretasa que se aplicará sobre aquellos individuos que tengan un ingreso bruto ajustado por encima de los $280,000 dólares al año. Un artículo, publicado en la sección de Opinión del diario The Wall Street Journal, da cuenta de que un estudio conducido por el Departamento del Tesoro en el año 2007, concluyó que un impuesto de esta naturaleza lesionará sensiblemente a quienes más empleos generan en este país, porque el 60% de aquellos que ganan más de $280 mil dólares son propietarios de pequeñas empresas o inversionistas. Otro estudio, conducido en el 2007 por la profesora Kate Baicker, de la Universidad de Harvard, reveló que aquellos que tienen mayores probabilidades de resultar impactados por un nuevo impuesto a los ingresos por trabajo, serán los trabajadores pertenecientes a las minorías, que corren el doble de riesgo de perder sus empleos.

Casi todos en este país estamos de acuerdo en que nuestro sistema de Cuidados de Salud es imperfecto y requiere urgentemente una reforma. Sin embargo, podemos mejorar la calidad de nuestros cuidados de salud de una manera que estimule la competencia a partir de iniciativas del sector privado. Tal competencia invariablemente nos llevará a dos resultados positivos, 1.) Forzará a las compañías a mejorar los servicios de salud que prestan y, 2.) Rebajará los precios, para hacerlos más asequibles a los americanos que trabajan duro. Las soluciones en el sector privado son críticas para que se sigan respetando los derechos de los pacientes, algo de que todos disfrutamos en este país. La medicina socializada no soluciona de manera viable el problema, más bien lo exacerba. Muy frecuentemente, la administración busca en otros países ideas sobre cómo reformar nuestro sistema de salud. No necesitamos ser más “Canadienses” en nuestra manera de encarar el problema de la salud, lo que en realidad necesitamos es encontrar la forma de hacer que nuestro sistema sea más “Americano.”