Paraguay: Clientelismo
Por Edwin Brítez
El régimen anterior se caracterizó fundamentalmente por la corrupción, el prebendarismo y el clientelismo. Al de Stroessner habría que agregarle represión. Con la corrupción, la elite de poder obtiene fondos públicos para enriquecerse primero y luego “invertir” en un esquema de impunidad que generalmente pasa por hacerse elegir en cargos representativos donde se beneficia con la solidaridad del espíritu de cuerpo de otros corruptos.
Con el prebendarismo se utiliza el presupuesto público para repartir a los amigos y correligionarios los “beneficios del poder”, que casi siempre son cargos otorgados con criterio excluyente y sectario por los jefes políticos. El clientelismo es la relación que existe entre un sector del electorado y los políticos, con la ayuda del aparato estatal. Es la retribución en votos por la ayuda recibida periódicamente.
Si algunos amables lectores no tienen idea de lo que se trata las veces que se habla de clientelismo político, ahora lo tienen enfrente.
Lo que pasó en la Cámara de Diputados el jueves pasado con la aprobación de un proyecto de ley que extiende el mandato de los intendentes municipales de todo el país, de cuatro a cinco años, fue la más palpable demostración de clientelismo político.
Los señores diputados son elegidos para representar a los departamentos del país. Sus principales punteros u operadores políticos electorales son los intendentes municipales y concejales, y estos a su vez tienen sus punteros en sus respectivos partidos y movimientos políticos.
De esta manera se arma un entramado de control social y político de los habitantes de las compañías, barrios, municipios y departamentos. Para llegar a un gobernador, el ciudadano común debe contactar con el operador partidario del barrio o compañía, este contacta con el concejal o intendente y a través de este último se llega al ejecutivo regional.
Con esta pirámide de poder se controla el pensamiento, las ideas, las críticas y las demandas ciudadanas. El instrumento de control generalmente consiste en aportes constantes de arriba hacia abajo, los cuales se incrementan en épocas electorales de manera que los votos permanezcan fieles dentro de los términos del contrato social comprometido.
El pedido de los intendentes, de todo el país, de prorrogar sus mandatos significa un pedido de los operadores principales a quedarse un año más a disfrutar de los beneficios del cargo, pese a la disposición en contra de la ley que se busca derogar.
Es la factura que pasan los punteros principales a los dueños del poder de decidir, a pesar de la burla que constituye al mandato popular, que se expresó por un mandato de cuatro años y no de cinco.
Los diputados saben muy bien que no pueden alzarse contra la soberanía porque en ella radica la voluntad del pueblo, fuente del poder legítimo. Sin embargo, la Cámara de Diputados se tomó la atribución de prolongar el mandato que dio la ciudadanía en cada uno de los municipios, simplemente porque debe pagar facturas electorales a sus punteros.
Así funciona el clientelismo, uno de los pilares principales del régimen cuyos mentores fueron sacados del poder por votación legal y legítima de una ciudadanía que busca el cambio y se pronunció en ese sentido el 20 de abril del 2008.
Como los senadores también resultan de las mismas elecciones donde operan los mismos punteros y los mismos jefes clientelistas, hay pocas esperanzas de que en el Senado vaya a rechazarse este proyecto. La última esperanza que queda es un veto del Ejecutivo para que el presidente demuestre a la sociedad que lidera un cambio real y no impulsa más de lo mismo
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