OEA y Cuba

Por Julio M. Shiling

Patria de Martí

Se le acredita al Libertador, la idea de un panamericanismo funcional, en el Congreso de Panamá de 1826. La historia, política y experiencia le fueron dando forma concretizada a ese concepto. Para bien o mal, hoy, lo más aproximado a la noción de una unión hemisférica, institucionalmente, ha sido la Organización de Estados Americanos (OEA). Su actual Secretario General, José Miguel Insulza, quiera en la próxima sesión de la Asamblea General, anular una prohibición participativa, a un régimen, que este año cumplió medio siglo de ininterrumpida dictadura. El antiguo asesor de Salvador Allende (un “demócrata” que intentó instaurar otra dictadura proletariado), ofrece la argumentación que la resolución adoptada en Punta del Este en 1962, expulsando del foro multilateral al gobierno castrocomunista, esta “obsoleta”.

Dicha consideración no tiene ningún sentido jurídico, ni mucho menos moral. Cuba sigue siendo miembro de la OEA. Nunca lo dejó de ser. La patria de José Martí, su Estado y sus ciudadanos, nunca fueron expulsado del organismo hemisférico al cual en 1948, sus representantes, democráticamente elegidos, se subscribieron. Claro tiene que quedar: quien fue arrojado de la OEA fue el régimen castrista. Sí, ese mismo que sigue, represivamente, todavía aún en el poder.

 

La naturaleza existencial de la OEA, originario de las conferencias panamericanas comenzando en Washington en 1899 (Primer Conferencia Internacional de los Estados Americanos) donde se instituyó el precursor del actual organismo, la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas (cambiado en 1910 a Unión de Repúblicas Americanas y en 1948 al actual organismo), demostró una consistente proclividad de la manutención a principios que propiciaban una armonía hemisférica. Si bien la historia continental no siempre puramente desglosó constante modelos democráticos entre las repúblicas americanas, jamás se materializó una degradación tan abismal, como el ejercitado en Cuba comunista con su marxismo-leninismo conceptual y el totalitarismo operativo. El esquema de una imperfección tolerable, de las imperfectas repúblicas americanas, ya no admitía aceptación. El excepcionalismo practicado en Cuba, después de 1959, rompió el molde de tolerable imperfección.

 

La Carta Democrática Interamericana (Carta) (adoptada el 11 de septiembre, 2001 en Lima, Perú), fue incorporada con un fin de enfatizar y esclarecer la primacía de dos prerrequisitos y principios intrínsicos para participar en la OEA: uniformidad democrática (como modo operativo político) y libertades civiles (como derechos indispensables para tener la primera). La “indispensabilidad” y “esencialidad” de la democracia queda lúcida y repetidamente plasmado en el documento oficial. También así la libertad como “ejercicio” fundamental y su incondicional vínculo con derechos humanos básicos. Y la Carta no es tímida en explicotear lo que define.

 

Falsas imitaciones no se aceptan. Sólo la democracia “representativa” es la auténtica, válida y aceptada definición y modelo de la OEA. El despiadado abuso del término por atroces dictaduras inhumanas y antidemocráticas, i.e., República Democrática Popular de Corea (Corea del Norte), República Democrática Alemana (Alemania Oriental), etc.; ha obligado la obvia aclaración. La burda farsa de tituladas variantes “directas”, “populares”, “participativas” u otras exóticas versiones que enmascaran viles formas de practicar el despotismo, no puede tener lugar en organismos serios y comprometidos con la democracia. La sensatez, en esto también, guió el foro hemisférico. Pero no se quedó ahí.

 

El documento nos dice que la “esencialidad” de una democracia representativa obliga “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos” (Sección I, Artículo 3). Lo descrito en la Carta imposibilita, indubitablemente, el retorno del régimen castrocomunista a la OEA. Cuba comunista no reconoce, en praxis, libertades civiles, castiga su ejercicio y por ende, no se rige por un Estado de derecho. Consecuentemente, derechos civiles y humanos son espejismos. La consistente prohibición de partidos o movimientos tomar parte en el proceso político y competir por el poder con la oficialidad dictatorial, excluye toda eventualidad que el pluripartidismo, actualmente, en Cuba se practica o se puede percibir. Y sobre la premisa de Montesquieu, no ha existido un régimen, con un sistema, en el Hemisferio Occidental jamás, que haya ultrajado la noción de separación de poderes con instituciones autónomas, como el comunismo cubano. 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe Anual más reciente (2008), expuso con 12,250 palabras en 101 artículos, el razonamiento contundente de por qué el régimen de los hermanos Castro sigue siendo un peligroso estorbo hemisférico y meritoriamente excluible de la OEA. El Informe de la CIDH acentúo, entre sus muchos reproches a la dictadura de La Habana, la inexistencia de palpables derechos políticos, jurídicos, espacios y medios de libre expresión y garantías que protejan al ciudadano de arbitrariedades oficialistas. Es más, le recalca al gobierno castrista que “es responsable jurídicamente ante la Comisión Interamericana en lo concerniente a los derechos humanos” y que dicha obligación no concluyó con su expulsión  (Resolución IV Octava Reunión de ministros de Relaciones Exteriores OEA, Enero 1962, P. 17-19. Citado en Informe 2008 Capítulo IV, Sección I, Artículo 147). Subraya adicionalmente este último reporte en su contenido, que la CIDH "siempre ha considerado que el propósito de la Organización de los Estados Americanos al excluir a Cuba del sistema interamericano no fue dejar sin protección al pueblo cubano. La exclusión de este Gobierno del sistema regional no implica de modo alguno que pueda dejar de cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos” (CIDH, Informe Anual 2002, Capítulo IV, Párrafos 7A). Insiste también en recordarle a la cúpula gubernamental cubana, que su echada de la OEA “excluyó al gobierno de Cuba, y no al Estado, de su participación en el sistema interamericano” (CIDH, Informe 2002, Capítulo IV, Párrafos 3-7). Esto se traduce a que los crímenes cometidos por el castrocomunismo, aunque sean cometidos en territorio nacional cubano, no escapa la jurisdicción de la CIDH.

 

Conociendo todo esto, lo lógico (moral y jurídicamente) sería que el Secretario General del organismo hemisférico se empeñara en reforzar los estatutos, declaraciones e informes del organismo del cual él preside. La deuda de la OEA con el pueblo cubano es larga y verdadera. Ha habido (y sigue habiendo) una lamentable injusticia incurrido contra Cuba. Eso es certísimo. Las barbaries cometidos por el despotismo comunista cubano, contra sus propios ciudadanos y los de vecinos países, son extremadamente vastos y connotados. El esfuerzo de Insulza debería estar en reparar este grotesco fallo. 50 años de atrocidades y la OEA inerte, contando en 47 de ellos, con la autoridad legal para actuar contra el gobierno que arremete contra un Estado miembro, es un penoso acontecimiento. Algunos llamarían esto: cobardía o complicidad. Bien podría Insulza remediar esta esterilidad moral y liderar el bienvenido empeño de traer el tema cubano a la palestra. Pero no para contemplar el vergonzoso retorno, al mismo seno de donde fue botado, un agresor, cuando las razones por aquella digna acción, siguen estando de pie y la dictadura, más desafiante y menos arrepentida que nunca.

 

La democracia y la libertad complementan derechos inviolables que Dios, al hombre, le otorgó. La OEA desde su comienzo ha tenido un compromiso ético, teóricamente, con estos dos mencionados conceptos. Su Carta originaria, las enmiendas, declaraciones y postulaciones públicas lo recalcan. La Carta Democrática estrictamente define y condiciona lo que es una democracia y la total adherencia a la misma. Para admitir la dictadura castrocomunista en su seno nuevamente, tendrían que de-construir el organismo completo. O sea, dejaría de ser lo que es. Si Insulza está serio sobre el apoyo que dice darle a preceptos democráticos, una acción más apropiada (aparte de enfrentar al castrismo) sería el iniciar la expulsión del régimen chavista. Venezuela bajo Chávez es un híbrido modelo de despotismo electivo que dejó de ser una legítima democracia. Sin embargo, eso no parece estar en la agenda, ni del foro o su Secretario General.

 

Chávez, su ALBA, los adherentes del Foro de Sao Paulo y los otros pseudo-demócratas como Correa, Morales, Ortega, Lugo y los Kirchner´s deberían considerar extender la carpeta roja (de sangre) a la dictadura cubana en otro nuevo foro y dejar a las democracias, quietas en la OEA. Tal vez hasta Insulza se podría ir con ellos. Pero el asiento cubano en el actual organismo hemisférico, mientras tanto, debería de seguir estando vació. Representativo de la ausente democracia en la Isla. Cuando aparezca en Cuba, entonces sí la OEA tendrá su representación cubana. 

 

Julio M. Shiling es Director de Patria de Martí.