No se puede subsidiar a los bancos por siempre

Por Matthew Richardson y Nouriel Roubini

The Wall Street Journal

Los resultados de las pruebas de resistencia sobre los bancos, que se publicarán en unos días, no marcarán el principio del fin de la crisis financiera. Si creemos lo que dicen las noticias filtradas, los resultados mostrarán que tal vez haya algunos problemas en algunos de los bancos regionales y que Citigroup y Bank of America podrían necesitar más capital si las cosas empeoran. Pero el mensaje general es que el sector está en bastante buena condición.

Esto sería una buena noticia si fuera creíble. Pero el Fondo Monetario Internacional acaba de publicar un estudio sobre pérdidas estimadas en préstamos y valores estadounidenses. Era bastante poco halagüeño: US$2,7 billones (millones de millones), el doble de las pérdidas estimadas hace seis meses. Nuestros cálculos en RGE Monitor son aún mayores, en US$3,6 billones, implicando que el sistema financiero está actualmente cerca de la insolvencia en términos generales. Ya que los bancos y firmas de valores se corresponden a la mitad de las pérdidas, existe una gran inconexión entre estas pérdidas estimadas y las conclusiones de los reguladores.

La esperanza es que estas pruebas de resistencia fueran el inicio de un proceso que llevaría a un saneamiento del sistema financiero. Pero usar un escenario basado en la situación del mercado para estas pruebas de resistencia habría generado peores resultados que el escenario adverso elegido por los reguladores. Por ejemplo, la tasa de desempleo en el primer trimestre, de 8,1%, es más alta que "el peor de los casos" contemplado por los reguladores, de 7,9% para este mismo periodo. Si persiste la actual tendencia de pérdidas de empleos en Estados Unidos, superaremos un índice de desempleo de 10,3% este año — el peor de los casos contemplado para 2010 por la prueba.

Las conclusiones de las pruebas de resistencia son demasiado optimistas sobre la salud absoluta de los bancos, aunque su valoración relativa es más precisa porque se usaron métodos consistentes de valoración. Sin embargo, con el anuncio de resultados de jueves, no debería sorprender que emerjan los sospechosos habituales. Tememos que estamos de nuevo en el purgatorio del rescate, por así llamarlo. Estas son algunas sugerencias para salir de esta situación.

Primeo, aunque el programa de inversión público-privado del Secretario del Tesoro Timothy Geithner para comprar activos de firmas financieras no es particularmente popular, esperamos que el gobierno lo siga respaldando. Es cierto que el programa ofrece financiación barata y apalancamiento gratuito para inversionistas institucionales, algo que hará que los inversionistas paguen de más por los activos. Pero sí promueve una asignación real de precios y elimina los activos de los balances de los bancos —condiciones necesarias para salir adelante.

Y para minimizar el costo al contribuyente, no se debe permitir a los bancos elegir qué activos problemáticos vender. Todos los préstamos arriesgados y los valores que los bancos nunca debieron tener en sus balances deberían estar en venta. Con suficiente número de inversionistas participando en el programa de inversión público-privado del Tesoro, los precios de los activos deberían ser competitivos, y los bancos no deberían cuestionar su equidad.

Segundo, el gobierno debería dejar de proveer capital, garantías de préstamos y financiación sin condiciones. Los bancos deberían entenderlo. Al proveer préstamos a compañías en problemas, imponen numerosas restricciones sobre lo que pueden hacer estas firmas. Estas restricciones limitan el uso de activos, la toma de riesgo y el endeudamiento futuro. Sería mucho mejor si el gobierno se centrara en esto en lugar de su obsesión con las bonificaciones.

Por ejemplo, considere el hecho que el gobierno, al proveer ayuda a los bancos, no restringió sus pagos de dividendos. Un estudio académico reciente de Viral Acharya, Irvind Gujral y Hyun Song Shin (www.voxeu.org) apunta que los bancos sólo redujeron marginalmente sus dividendos en los primeros 15 meses de la crisis, repartiendo US$400.000 millones en 2007 y 2008. Aunque muchos bancos han estado reduciendo sus dividendos más recientemente, el dinero del rescate bancario ha estado literalmente entrando por una puerta y saliendo por otra.

Considere también la toma de riesgo reciente en los bancos. Los medios de comunicación reportaron recientemente que Citigroup y Bank of America estaban comprando algunos tramos AAA de valores respaldados por hipotecas. ¿Acaso el gobierno no aseguró los portafolios de US$300.000 millones y US$118.000 millones del mismo tipo de activos de Citi y BofA el año pasado?

Estos valores están en la raíz de la crisis financiera y la base del programa de inversión público privado del gobierno. De ser cierto, se trata de un comportamiento inexcusable —y es increíble que no haya restricciones en contra.

Tercero, y pruebas de resistencia aparte, es muy probable que algunos de estos grandes bancos serán insolventes, dados las diversas estimaciones de pérdidas agregadas. El gobierno tiene que idear un plan para lidiar con estas instituciones que no involucre un hoyo sin fondo para el dinero del contribuyente.

Esto significa que tendrá el cometido poco agradable de gestionar el riesgo sistémico resultante del colapso de estas instituciones y luego gestionarlo durante la quiebra. Pero también implicará transferir el riesgo del contribuyente a los acreedores. Esto es justo: metafóricamente hablando, estos son los tipos que le sirvieron alcohol a los bancos justo antes de que salieran a la autopista.

Y no deberíamos volver a escuchar de un funcionario del gobierno, "si tan sólo tuviera la autoridad para actuar…"

Fuimos receptivos a este argumento el 16 de marzo de 2008, cuando Bear Stearns colapsó; mucho menos comprensivos el 15 y 16 de septiembre de 2008, cuando Lehman y A.I.G. implosionaron; y ahora, siete meses después, francamente nos irrita. ¿Hay algo más importante para tratar de resolver la crisis financiera que crear una ley ("una ley de régimen de insolvencia") que otorgue al gobierno el poder de gestionar instituciones financieras complejas en bancarrota? El Congreso debería aprobar este tipo de legislación —como ha pedido el gobierno— rápidamente.

Tan sólo la amenaza de esta ley podría ser un potente catalizador para alinear incentivos. Ya que los costos potenciales de una bancarrota son bastante elevados, evidentemente resultaría optimo si las obligaciones de los bancos se pudieran reestructurar evitando una bancarrota. Hasta hace poco, esto se habría considerado casi imposible.

Sin embargo, en 2008 hubo una escalada de canjes de deuda por capital privado común o capital preferente.

Sin embargo, las recientes negociaciones con los acreedores de Chrysler apuntan a grandes obstáculos. El tamaño y la complejidad de las estructuras de capital de los grandes bancos hacen que los intercambios de deuda por capital una maniobra aún más difícil, sobre todo porque los acreedores querrán esperar para obtener un rescate completo como los que ya han estado recibiendo.

El gobierno debería poder apelar a la ley de insolvencia como incentivo para cooperar. Esto resultará en un juego de la gallina (una variante de la teoría del juego donde el peor resultado para ambas partes es no colaborar) de US$1 billón.

Pero dada la magnitud de lo que está en juego, y la alternativa para el contribuyente de seguir pagando el pato, es la mejor solución.

Richardson y Roubini son profesores en la escuela de negocios de New York University.