Colombia: Fijando precios

El Colombiano, Medellín

Una de las tareas más delicadas -y a menudo más ingratas- que puede asumir un gobierno es meterse a fijar precios. Tarea que le corresponde, en una economía como la nuestra, al mercado: no a las burocracias.

Claro: las solicitudes para que los gobiernos sustituyan al mercado son abundantes. Muchos grupos de presión cuando perciben que el mercado va a llevar a la baja sus precios prefieren que se los fije más altos el gobierno.

Y a menudo los gobiernos caen en la trampa: le hacen caso a los grupos de presión; fijan o pretenden fijar precios; se engolosinan con los aplausos de los interesados; y se olvidan de los consumidores a los que les convendría precios más bajos.

Dos o tres ejemplos ilustran patéticamente lo anterior.

El primero tiene que ver con los precios que se ofrecieron inicialmente a los procesadores de etanol a través de la fórmula referida a las cotizaciones al azúcar y de los subsidios tributarios. Resultó altísima.

Cuando el gobierno se dio cuenta del estropicio que había cometido echó para atrás. Cambio la fórmula de cálculo del precio y modifico las reglas de juego iniciales.

Se ganó así la ira de los azucareros y está sumido en una sin salida: si mantiene la nueva fórmula se le acusará de estar cambiando las condiciones jurídicas con base en las cuales se proyectaron las plantas de etanol; si la echa para atrás se le censurará estar fijando un precio irritantemente alto para el etanol.

Igual sucede con el precio de la gasolina. En el país se trabajó durante casi diez años para alcanzar un precio interno alineado con los referentes internacionales. Y cuando éste se alcanzó el gobierno se asustó con la piel del tigre.

En vez de protocolizar la liberación de los combustibles (como hubiera sido lo lógico) retornó al control administrativo de precios. Le fijó un precio más alto a la gasolina en el peor de los momentos (en plena recesión de la economía) y utilizando para ello, además, un procedimiento de dudosa ortografía jurídica.

Solo asustado con el paro camionero le bajó 400 pesos al galón de gasolina y al de ACPM. Profundizando así el manejo administrativo y casuista del precio de los combustibles. Y de paso ahondando la inconveniente distorsión entre el precio de las gasolinas corrientes y el diésel.

Tampoco nadie agradeció este gesto de arrogancia burocrática: los camioneros siguieron con su paro y los otros consumidores continúan molestos al percibir que se les está imponiendo un precio más alto del que deberían estar pagando.

El último ejemplo lo proporciona el paro camionero mismo. Se calcula que en el país hay una sobredimensión del 40% en el parque de camiones con relación al que se necesita. Tanto más ahora cuando por la recesión económica el volumen de carga se ha disminuido notablemente.

En sana lógica los precios de los fletes deberían bajar. Y se debería permitir que disminuyeran para apoyar la productividad del país. Pero no. Se les hace caso (al menos formalmente) a los grupos de presión camioneros. Y se promulgan unas ilusorias listas de fletes que nadie puede cumplir porque el mercado está diciendo lo contrario.

Seguramente así se levantará dentro de pocos días el actual paro camionero. Habrá reunión en el Palacio de Nariño con cámaras y reflectores. Sonrisas y palmaditas en el hombro. Y la consabida promesa del gobierno de hacer cumplir, ahora sí, unas tablas de fletes artificiales? hasta que el mercado diga lo contrario y haya que entrar a desactivar el nuevo paro con ilusorios controles de precios.