El imperialismo energético ruso

Todo empezó el pasado mes de diciembre, cuando los rusos acusaron injustamente a los ucranianos de que no pagaban el gas que Moscú vendía a Kiev, a pesar de que, según las cláusulas del contrato de suministro suscrito por ambas naciones, el pago tenía que hacerse, como se hizo, a finales de diciembre. Luego no había razón alguna para semejante queja y todo se trataba de un movimiento estratégico del Krelim para justificar lo que iba a venir a continuación: la decisión de Rusia de duplicar el precio del gas que cobra a Ucrania. Los rusos lo justificaron diciendo que se trataba de que su vecino del sur pagara los mismos precios que los europeos, algo a lo que en principio no hay nada que objetar. El problema vino cuando los ucranianos respondieron que de acuerdo, pero que, por su parte, ellos también elevaban a niveles europeos las tarifas que aplican a Rusia por la circulación del gas a través de los gasoductos que cruzan su territorio. La tarifa ucraniana es cuatro veces menor que la que cobran Polonia o la República Checa y diez veces más baja que la que percibe Alemania por el mismo concepto.

Rusia inmediatamente se negó a este incremento de la tarifa de transporte y procedió a cortar el gas a Ucrania. ¿Por qué? La primera razón es que alrededor del 85% del gas que Rusia exporta a Europa pasa por territorio ucraniano, con lo cual, el incremento tarifario que Kiev ha puesto encima de la mesa se comería buena parte de los beneficios de Moscú procedentes de la exportación de gas. Moscú, en estos momentos, no puede permitirse semejante golpe. Su presupuesto está basado en un petróleo a 80 dólares por barril cuando, en la actualidad, cotiza en torno a 35 dólares y puede seguir cayendo. Es decir, el Kremlim no sólo no tiene dinero para acometer la reconstrucción de su industria militar –operación que tiene un coste de 800.000 millones de dólares– sino tampoco para cubrir los gastos básicos del Estado. Además, Rusia ha perdido el 25% de sus reservas tratando de defender un rublo que deberá devaluarse en un 40%, una decisión que Medvedev se niega a tomar porque implicaría problemas muy serios para Rusia –un país que importa el 80% de los alimentos que consume– y su Gobierno. Así es que Moscú necesita cuantos ingresos en divisas puedan proporcionarle las exportaciones de productos energéticos y, por tanto, no está dispuesto a que los ucranianos, que no quieren dejarse exprimir por los rusos, se salgan con la suya.

En este contexto se enmarca la segunda razón por la que Rusia ha cortado el gas a Ucrania. Los rusos quieren reducir la dependencia de su vecino en lo que a transporte de gas se refiere a través de la construcción de un nuevo gasoducto por el norte de Europa que llegaría hasta Alemania. El problema es que no tienen dinero para hacerlo y quieren forzar a Alemania a que sea ella quien lo pague, con la amenaza de que el corte de gas a Ucrania puede afectar a toda Europa e inventándose problemas –como que Ucrania no pagaba el gas ruso– para tratar de demostrar cuan inestable desde el punto de vista geoestratégico es que el 85% del gas que Rusia vende a la UE pase por Ucrania. O sea, más juego imperialista soviético sobre el tablero de la energía.

Pues bien, es a esta Rusia a la que nuestro Gobierno quiere entregar Repsol, a esta Rusia que a través de empresas como Gazprom, Yukos o Lukoil trata de imponer su dominio sobre Europa, con la energía como una de sus principales armas. Son muchos los que hemos esgrimido estas razones para oponernos a que los rusos entren en el capital de la petrolera española. Lo que está sucediendo estos días entre Rusia y Ucrania no es más que la prueba de la veracidad de cuanto venimos diciendo.