Nicaragua secuestrada
Por Mario J. Sacasa
Poco antes de las elecciones presidenciales de Noviembre del 2006, en la edición No 23851 del Diario La Prensa, apareció una interesante entrevista que la periodista Cristiana Chamorro, hija de la ex-Presidente Violeta de Chamorro, hiciera al Presidente saliente, Ingeniero Enrique Bolaños.
Explicaba Cristiana que en el 2001, el electorado había dado la victoria a Bolaños con dos condiciones básicas:(1) impedir que Daniel Ortega volviera a la presidencia, y (2) terminar con el ambiente de corrupción que rondaba alrededor de la Administración de Arnoldo Alemán.
Sin duda que con la elección de Bolaños se impidió entonces la vuelta de Ortega al poder. Sin embargo, lograr la segunda condición resultó un reto imposible.
Daniel Ortega, quien al perder ante Doña Violeta en 1990 había manifestado que continuaría “mandando desde abajo”, se mantenía activo desarrollando una consistente estrategia destinada a dividir a sus oponentes en la Asamblea Nacional y lograr importantes cuotas de poder. El “Pacto” con Alemán había logrado esos objetivos en forma amplia. No obstante, en el 2001, el nuevo gobierno de Bolaños constituía un nuevo obstáculo para los caudillos.
Ante un tercer revés electoral consecutivo, la facción Orteguista del Frente Sandinista se replegó nuevamente a la Asamblea Nacional, donde, según la ley, los ex-Presidentes Alemán y Ortega eran diputados y líderes de sus bancadas. Continuaba así vigente el Pacto, con el agregado de que a los pocos días de la Toma de Posesión del Presidente Bolaños, Alemán era elegido Presidente de la Asamblea. De esta forma, Arnoldo Alemán pretendía ejercer un efectivo control sobre la nueva Administración.
El Ingeniero Bolaños, sin embargo, se mantuvo fiel a la promesa de combatir la corrupción y decidió enfrentar a Alemán. Como primer paso había que quitarle la inmunidad que este último tenía como Presidente de la Asamblea, para lo cual Bolaños necesitaba los votos de la bancada sandinista.
Es así como Ortega, en una aparente interrupción del pacto y ante lo que aparentaba ser una contradicción, apoya la iniciativa de Bolaños para procesar a Alemán, “prestando” los votos sandinistas en la Asamblea para despojar de su inmunidad al diputado Alemán. Sin embargo, Ortega luego regresa al rescate de su asociado, primero otorgándole el privilegio de tener casa por cárcel, y más tarde permitiéndole la libre circulación, inicialmente en la capital Managua y luego en todo el país.
Esto resultó ser una astuta movida de parte de Ortega, quien interpretó la ruptura de relaciones entre Alemán y Bolaños como una gran oportunidad para desprestigiar al Partido Liberal, y ahondar aun más la división en las filas de sus adversarios.
Además, con dicha movida, Ortega allanó el terreno para continuar impulsando toda una serie de reformas de cara a las elecciones presidenciales de Noviembre del 2006, incluyendo la famosa reducción a un 35% en el mínimo porcentaje del voto popular requerido para elegir presidentes.
Con una oposición democrática dividida, y apoyado en una convenientemente reformada ley electoral, Ortega ganó las elecciones presidenciales del 2006 con un efímero 38% del voto.
Al poco tiempo de la Toma de Posesión del nuevo gobierno sandinista en Enero del 2007, Daniel Ortega y su esposa Rosario enseñaron sus verdaderos colores, cambiando incrementalmente la moderada retórica de la campaña por los trasnochados y encendidos discursos que caracterizaron al anterior gobierno sandinista durante la década perdida 1980-1990.
Una de las primeras señales de un claro retroceso hacia un gobierno autoritario de parte de los Ortega-Murillo fue la creación de los “Consejos del Poder Ciudadano-CPC”, diseñados a imagen y semejanza de los viejos “Comités de Defensa Sandinista- CDS” de la revolución sandinista, con la diferencia de que estos CPC no solamente han sido creados para controlar a la población en determinadas áreas geográficas, sino que se pretende sean un mecanismo de poder político paralelo e incluso superior a las estructuras municipales en las principales ciudades del país.
A pesar de que, interpretando el sentimiento de una mayoría de la ciudadanía, los sectores más responsables dentro de la Asamblea se opusieron a la creación de los CPC, la Corte Suprema de Justicia controlada por magistrados Orteguistas anuló la decisión de la Asamblea Nacional.
No en balde, la oposición al régimen Ortega-Murillo ha ido aumentando sustancialmente, incluyendo ahora a muchas personas que apoyaron y/o participaron en el primer gobierno de Ortega en los años ochenta, tales como Sergio Ramírez Mercado, Ernesto Cardenal, Dora Maria Téllez, Carlos Fernando Chamorro y Carlos Mejía Godoy, entre otros.
Dentro de este panorama de extrema polarización política, se realizaron las elecciones municipales del pasado 9 de Noviembre. Anticipar un intento de fraude electoral de parte del gobierno era algo prácticamente axiomático debido a que: (1) El Consejo Supremo Electoral se negó a aceptar observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Centro Carter, de Etica y Transparencia y de otras entidades de reconocida reputación profesional: (2) Al candidato para Alcalde de Managua, Eduardo Montealegre, el mismo Consejo Electoral le había quitado su propio partido, la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), obligándolo a entrar en alianza con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) controlado por Alemán, como única forma de poder contar con una casilla electoral; (3) Se prohibió la participación en las elecciones a los opositores Partido Conservador y al Movimiento Renovador Sandinista (MRS).
No obstante, a pesar de que todo indicaba que los “dados electorales” estaban “cargados” a favor de Ortega, la oposición decidió ir a las elecciones con la esperanza de que mediante un voto masivo en contra de Ortega se podía evitar el fraude.
Pero el fraude fue descarado y burdo. Múltiples denuncias de anomalías sucedidas el 9 de Noviembre han sido presentadas por la oposición. Muchas boletas y actas electorales están desaparecidas, otras se han encontrado en basureros públicos. Se ha solicitado reiteradamente al Consejo Electoral la publicación del 100 % de los resultados de las elecciones y que se realice una revisión Acta por Acta en las Juntas Receptoras de Votos con la presencia de observadores calificados.
¿Cuál ha sido la reacción del gobierno Ortega-Murillo?….piedra y palo para los que se han atrevido a protestar y exigir sus derechos ciudadanos. Las antiguas “Turbas Divinas” de los años 80 han resurgido intimidando a la ciudadanía con mayor impunidad ahora bajo la sombra protectora de Ortega y Murillo. Y ¿donde están las fuerzas del orden público?…¿donde está la policía nacional?
Seguramente que la respuesta del gobierno es que el ejército y la policía apoyan el Estado de Derecho y por lo tanto deben respetar la independencia de los Poderes del Estado. Lo que no se dice es que lo que verdaderamente existe en el país es un Estado de Derecho ficticio y amañado, manipulado por Ortega y avalado por las fuerzas del Pacto. De hecho, Nicaragua se encuentra secuestrada y postrada ante los caudillos.
Las consecuencias no se harán esperar, y ya estamos viendo como los niveles de asistencia internacional provenientes de Europa y Estados Unidos están siendo reducidos drásticamente. Pensar, como aparentemente lo hace Ortega, que Venezuela va a llenar semejante vacío presupuestario es una utopía. Pero bien, después de todo, las acciones del gobernante nicaragüense siempre se han basado en una utopía mayor como lo es el marxismo-leninismo.
¡Dios salve a Nicaragua.!
El autor fue miembro de la Resistencia Nicaragüense y Cónsul General de Nicaragua en Miami durante el gobierno de Violeta Chamorro.
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