Pensiones privadas, manotazos públicos

Por Alejandro Alle
El Salvador

La reciente propuesta de reestatización del sistema de jubilaciones y pensiones lanzada por el gobierno argentino, y sobre todo la forma salvaje en que pretende implementarse, no hacen otra cosa que confirmar los mensajes negativos que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner parece empeñada en enviarle al mundo.

El daño ya fue hecho, independientemente de que el Congreso apruebe o no tal propuesta, que de prosperar significaría la confiscación lisa y llana de los 30,000 millones de dólares acumulados desde que el sistema se privatizó en 1994.

Es decir, se trata de un grosero intento de saquear el dinero acumulado individualmente por millones personas en los 15 años que tiene de funcionar el “sistema de capitalizacion”, un mecanismo siempre perfectible aún cuando evidentemente a los gobernantes de Argentina no los alienta la intención de mejorarlo…, sino la de vaciarlo.

Claro que no conforme con confiscar esa masa enorme de dinero ajeno, el gobierno también pasaría a recaudar alrededor de 4,000 millones de dólares anuales que ya no serían depositados en las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones)…, sino que irían directamente a las arcas de un Estado que los gastaría al arbitrio del gobernante de turno. Tal como había sido hasta 1994.

En efecto, así funcionan en el mundo los “sistemas de reparto”, de cuyos pésimos resultados dan claras evidencias los miserables montos cobrados por los actuales jubilados y pensionados en muchos países de Latinoamérica.

Este desafortunado episodio, que ha dado la vuelta al planeta mereciendo editoriales como el del diario “El País” de España del 23 de octubre, cuyo lapidario título fue “Disparate argentino”, tiene tres características que requieren un análisis profundo: el falaz argumento utilizado, las nefastas consecuencias que produce, y la oscura realidad que encierra.

El argumento es que “ante la inestabilidad de las finanzas internacionales”, y dado que “también en el primer mundo” los gobernantes están rescatando entidades financieras, es menester “evitar que los fondos acumulados pierdan valor”. Pequeño detalle: ninguna AFJP está en problemas ni pidió ser rescatada.

Es decir, le piden a la gente que además se alegre…, pues la expropiación total de sus ahorros de pensiones sería para que nadie sufra eventuales fluctuaciones de valor que en el corto plazo pudieran experimentar esos fondos acumulados. No sea mal pensado, que lo hacen de “protectores” que son.

En lo referente a las consecuencias que estos eventos generan, ciertamente son desastrosas, tanto por su impacto negativo en la credibilidad del país ante potenciales inversionistas, locales o extranjeros, como por la pérdida de confianza que genera en las instituciones de crédito.

¿Por qué alguien invertiría en un país donde se violan de esa forma los derechos de propiedad?, ¿cuál será la próxima víctima?, ¿por qué no los ahorros bancarios?, ¿qué tasas de interés se cobrarán de ahora en adelante en los préstamos a inversionistas tan arriesgados?

La respuesta a todas esas preguntas se resume en el valor del “riesgo país”, que es una sobretasa de interés, y que luego del exabrupto presidencial se elevó hasta las nubes. ¿Las consecuencias? Menor inversión, mayor desempleo. Deplorable.

Detrás de este intento yace una oscura realidad, inocultable: ante la reducción de la bonanza de precios internacionales de los productos básicos exportados por varios países sudamericanos, entre ellos Argentina, habrá una reducción de ingresos fiscales para sus gobernantes.

Como además el crédito de los organismos internacionales exige auditorías, está muy demandado por la crisis internacional, y Venezuela probablemente deje de comprarle títulos de deuda dada la baja del precio del petróleo, están buscando otras fuentes de financiamiento. O de saqueo.

Finalmente, un detalle no menor es que de los 30,000 millones de dólares que se pretenden confiscar, 17,000 millones están en títulos de deuda emitidos por el propio Estado…, y quedarían automáticamente “cancelados”. O mejor dicho, “defaulteados”. Qué forma tan fácil de eliminar las deudas.

Lástima que eso termina siendo muy caro. Sobre todo para los más pobres. Hasta la próxima.

El autor es Ingeniero, Máster en Economía (ESEADE, Buenos Aires) y columnista de El Diario de Hoy.