La universalización de Internet

Por César Pérez Vivas
Analítica

Las nuevas tecnologías resultan indispensables para desenvolverse en el mundo actual. Constituyen unas herramientas íntimamente relacionadas con el ejercicio de las libertades. Sólo las censuran aquellos países que están bajo la égida del totalitarismo. Ya nadie duda de la importancia que ha tiene para el desarrollo de las actividades económicas y – sobre todo – en el orden de la educación y de la recreación. Puede hablarse, por consiguiente, de una suerte de justicia social digital. Imposible que nuestra población sea extraña al empleo de tecnologías que tienen una diaria innovación y cada día se abaratan más.

La universalización de Internet es siempre posible. Y, a pesar del gobierno, se está dando aunque falta mucho por hacer. Todo depende del modelo mediante el cual se lleve a cabo esa universalización. El Estado es importante, fundamentalmente para reconocer, perseguir y reprimir los delitos en los que pudieran incurrir los internautas, mediante definiciones normativas y una eficaz administración de justicia. Pero también cuando el llamado “gobierno en línea” presta sus servicios con eficiencia y transparencia. Además de estimular la iniciativa privada para que haga lo que el Estado no puede hacer o hace mal. En este terreno es demasiado evidente el fracaso del gobierno nacional, por tres razones iniciales.

Una, no es posible que el acceso de los venezolanos a Internet se sitúe todavía entre 14 y 20%, cuando el gobierno no sólo ha dispuesto de dependencias con rango ministerial en el área y de recursos económicos y legales importantes. Estudios cualitativos como el realizado por Datanálisis en febrero del presente año y, más recientemente, la firma Tendencias Digitales, nos dan cuenta de un acceso bajo. Dos, porque el Estado ha hecho un esfuerzo de sembrar los Infocentros de conexión gratuita, aunque muy breve por usuario, cuya inversión poco tiene que ver con esos porcentajes perfectamente suplidos por el sector privado. Y, tres, es el Estado mismo el desinformado, ya que presumimos que está interiormente conectado, pero cualquier diligencia que hagamos debemos llevar la ¡fotocopia! De nuestra documentación personal, por no citar las inmensas dificultades de acceder y lograr nuestros objetivos a un plazo razonable cuando se trata de los websites de la ONI-DEX o de Cadivis.

Creemos que el Estado tiene un rol que jugar para universalizar a Internet, pero es principalmente la empresa privada la que ha de protagonizarlo, pues, nadie puede dudar que los llamados cibercafés han hecho muchísimo más por masificar las nuevas tecnologías con tarifas que cada vez más bajan, complementándose con otros servicios como el de las impresiones o llamadas telefónicas. O la conexión doméstica que antes estaba abaratándose, incluso prestada por las empresas de televisión por suscripción. Reparemos que una sana y adecuada diversión por Internet, a través de los miles de juegos que ofrece, le resulta más barata a un niño que la entrada a un cine. Pongamos una nota política: la teoría de la plusvalía, esto es, la tasa de explotación que se supone en una sociedad capitalista, está en los suelos, porque los teóricos ya han demostrado que la programación o la fabricación de un chip, requeridos de un especialista de alto nivel, no supone la explotación de la mano de obra obrera y, paradójicamente, está abaratándose.

Necesitamos de la libre iniciativa privada para llevar a Internet a la población, convertida en un instrumento adicional para la realización de la ciudadanía. No hizo ni hace falta que el Estado produzca y distribuya, subsidiándolos, los celulares que pueblan sobre todo a los sectores juveniles. Tampoco hace falta que el gobierno nacional o el regional que pronto encabezaremos en Táchira, desvíe los recursos tan indispensables para garantizar la educación, seguridad personal, la vivienda o la vialidad, a favor de una fábrica de computadoras o laptops que difícilmente puedan competir con los cada vez más sofisticados equipos que se encuentran en el mercado.