Liberalismo y democracia

Por Francisco Miró Quesada Rada
El Comercio, Lima

Hace tres siglos, el liberalismo como ideología y movimiento político insurgió contra el absolutismo de los reyes europeos. Desde luego, lo que más propugnaba fue el ideal de libertad, que además es un valor. A partir de este ideal, considerado universal, sostiene que el hombre es libre y dueño de su destino. En consecuencia también debe gozar de libertades políticas, ser autónomo, tener la capacidad de decidir, autogobernarse, darse su gobierno. El Estado debe estar a su servicio porque él es un fin en sí mismo, como dijera Kant, filósofo alemán de la modernidad.

Bajo esta premisa nace la democracia, como el único sistema político de hombres libres, que son dueños de su destino político y se autogobiernan. Bien decía Juan Jacobo Rousseau: “La constituyente es el derecho del pueblo a darse una Constitución”. A partir de este ideal, nacieron una serie de otras libertades: las de opinión, asociación, reunión y de cátedra. La libertad de prensa es, pues, un resultado de la libertad que tiene el ser humano para expresarse a través de cualquier medio de comunicación.

Gracias a esta facultad del ciudadano, para ejercer el poder y gozar de libertades, tiene el derecho de elegir a sus autoridades, les otorga un mandato, los manda a gobernar y administrar recursos de todos. Estos recursos son económicos, políticos, jurídicos, administrativos y tecnológicos. Por esta razón, desde el punto de vista del liberalismo, el Estado somos todos y no como en la época de la monarquía absoluta que pertenecía al rey. Aun en este caso, los reyes con poder total también lo distribuyeron entre sus ministros y virreyes. Ellos tenían la obligación de rendirle cuenta “a su majestad”. En la democracia la figura se invierte. “Su majestad” no es el rey, es el pueblo, por eso los mandados a gobernar y a legislar tendrán que rendirle cuentas.

Según un informe del Banco Mundial, “la rendición de cuentas (‘accountability’) constituye un mecanismo de participación a través del cual la sociedad civil se relaciona con el Estado para ejercer un control sobre la eficiencia, equidad y eficacia de sus acciones”. Cuando esto sucede se llama vigilancia ciudadana, tiene que ver con la evaluación y seguimiento de lo que hacen las autoridades.

En consecuencia los ‘policymakers’, las autoridades y servidores públicos que tienen a su cargo el diseño y ejecución de políticas, deben rendirle cuentas a los ciudadanos. Esto es lo que hace el presidente de la República, por mandato constitucional, en su mensaje de Fiestas Patrias y es lo que deben hacer congresistas, alcaldes, presidentes regionales y demás autoridades.

Solo el dictador no rinde cuentas. Pedir que los congresistas rindan cuentas no es socavar la estabilidad del Congreso, al revés: es un medio para garantizar la gobernabilidad a través de la transparencia, porque ella genera confianza y articula las relaciones entre la ciudadanía y los administradores de su poder, ahora tan necesario para la estabilidad de la democracia.

El autor es politólogo