Coherencia: México suprime penas de cárcel a indocumentados

La Opinión, Los Angeles

Ahora sólo impondrá multas por ingresar sin documentos al país

En la práctica, a los extranjeros que ingresaban sin documentos a México, se les retenía en instalaciones del INM y luego se les deportaba a sus países de origen. (FOTO: AP) 1/1 MÉXICO, D.F.— La inmigración irregular dejará de ser penada con cárcel en México a partir de hoy, después de que ayer se publicara en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley General de Población, vigente desde hace más de tres décadas.

Los artículos eliminados imponían a los extranjeros penas de hasta 10 años de prisión y multas de hasta cinco mil pesos (unos 492 dólares) por diversos “delitos”, aunque en la práctica esos castigos rara vez se aplicaban.

La reforma modifica tres artículos y deroga seis de la Ley General de Población, de 1974.

La pena por ingresar sin autorización al país después de haber sido expulsado de él era de 10 años de cárcel, mientras que para aquellos que entraban ilegalmente al país se fijaba en dos años.

Sin embargo, la práctica común era retener a los indocumentados en instalaciones administradas por el Instituto Nacional de Migración (INM) y deportarlos a sus países de origen.

La ley establece ahora sanciones que van de los 20 a los 500 días de salario mínimo (de 103 a 2,589 dólares, aproximadamente) para las diversas violaciones de la política migratoria.

Estadísticas oficiales señalan que 300 mil centroamericanos cruzan en promedio cada año el territorio mexicano, la mayoría con la intención de llegar a Estados Unidos.

La ONG Sin Fronteras, que trabaja en pro del colectivo inmigrante, consideró ayer “positiva” la renovación de esos artículos, ya que contribuyen a “descriminalizar la inmigración”.

“Pero eso no quiere decir que México hizo todo su trabajo y por ello deje de ratificar los estándares de los tratados internacionales firmados”, apuntó Paulo Rivera, representante de Sin Fronteras.

Según la plataforma civil, es necesaria más capacitación para los cuerpos policiales y los agentes migratorios, así como una política que separe los conceptos de seguridad nacional y flujos migratorios, actualmente unidos.

La frontera sur, ubicada en el estado de Chiapas, lindante con Guatemala, es aquella donde se debería de prestar más atención por ser el cruce fronterizo con más “corrupción”, afirmó Rivera.

En este límite se han mantenido estables los flujos de inmigrantes llegados de Centro y Sudamérica e incluso de Asia, de acuerdo a Sin Fronteras, que se estiman en más de 300 mil anuales.

“A México le hace falta mejorar mucho en su práctica migratoria”, concluyó el responsable de la ONG, sobre el hecho de que el país no ofrece a los indocumentados que se adentran en él lo que pide para sus ciudadanos en el exterior en situación similar.