Guatemala: Malos ejemplos

Por Armando de la Torre
Siglo XXI

Este es un gobierno descaradamente nepotista. También lo fueron los anteriores.

Cada acto de nepotismo equivale a una “medida de hecho”, es decir, a una violación continuada del Derecho. ¿Cómo esperan, entonces, los gobernantes que los ciudadanos se muestren respetuosos de la ley?
El gobierno de Álvaro Colom se ha quemado con más rapidez que lo habitual.

Al momento que dos diputadas, Nineth Montenegro y Rosa María de Frade, proponen legislación complementaria que haga más seguro, eficaz y transparente el acceso a la información prescrito por el Art. 30 de la Constitución, nadie menos que el presidente del Congreso, Eduardo Meyer, se rehúsa a revelar los nombres de sus asesores y los montos de sus remuneraciones. Al mismo tiempo se ve involucrado en una transferencia ilegal de fondos que la prensa, no el Ministerio Público, le descubrió.

A su turno, el Presidente de la República, muy mal asesorado, saca del basurero legislativo un decreto-ley de 1974 en abierta contradicción al Art. 35 de la Constitución de 1985 vigente. Menos mal que parece haber captado lo estúpido de tal iniciativa y ha ofrecido retirarla. De todas maneras, el pueblo se halla en un estado de indefensión permanente desde el período de Vinicio Cerezo, porque, además, no puede recurrir a un Poder Judicial que sea de veras independiente y confiable. Las mismas Cortes, Suprema y de Constitucionalidad, incumplen con los plazos que determina la Constitución para dar trámite y responder a las acciones que interponen los ciudadanos. Los demás tribunales que les están subordinados siguen su ejemplo y niegan a diario de la misma manera la justicia “pronta y cumplida” cada vez que hacen uso de las güizachadas de fechar retroactivamente sus decisiones.

Ningún juez o magistrado se atreve a levantar un dedo acusador contra alguno de sus colegas que haya abusado de su autoridad jurisdiccional. Es reciente el caso del Magistrado Rodolfo de León Molina que al cumplir los 75 años de edad se negó a jubilarse, según lo exige la ley del Organismo Judicial, a fin de recetarse por dos años más el goce de los emolumentos propios de su magistratura. Ahora que por fin sus colegas le obligan a acatar la ley, ¿habrá alguno de ellos que se atreva a pedirle la devolución de los salarios ilegalmente percibidos?…

De suyo el nepotismo gremial es otra de las tantas colchas con que se tapan los impunes. Recuerdo que hace unos años, bajo otro gobierno, los miembros de la Junta Monetaria autorizaron temerariamente el salvamento de los llamados Bancos Gemelos de Alvarado Macdonald, a un costo de Q1,600 millones de la exclusiva propiedad de los contribuyentes. De ellos se recuperaron 300, pero los 1,300 restantes fueron a fondo perdido. A ninguno de los imprudentes, sin embargo, se le obligó a pagar de su bolsillo sanción por su dislate.

Don Carlos Castresana busca ahora, fútilmente, las raíces de la impunidad en Guatemala por los rumbos equivocados. ¿No se le habrá ocurrido siquiera que los mismos gestores de la CICIG, Édgar Gutiérrez y Eduardo Stein, eran parte del problema de la impunidad y no su solución? Sus pasados repletos de cuestionamientos, que bajo otros cielos y otras reglas habrían sido sujetos por lo menos a interpelaciones severas, permanecen sin escrutar. Pero, claro está, cada uno gozó del patrocinio del más poderoso del momento, respectivamente Alfonso Portillo y Óscar Berger.

Por no hablar de los infames violadores de todos los derechos fundamentales de innumerables inocentes, que hasta se han sentado en las bancas del Congreso gracias a la impunidad que les fuera otorgada por el espurio proceso oficial de los acuerdos mal llamados de paz.

Nuestras autoridades parecen sufrir de Alzheimer precoz. El diputado Rivera, confrontado con la evidencia de que una hermana suya regentaba una casa de adopciones que él decía adversar, respondió a sangre fría: “Se me olvidó que tenía una hermana”.