La distribución de la riqueza

Por Alejandro A. Tagliavini
El Nuevo Herald

Buenos Aires — Claramente, la producción subsidiada de biocombustibles está provocando una subida en el precio de los granos, agravando la crisis alimentaria. Irónicamente, durante la reciente reunión de la FAO (reunión que sólo sirve para discursos vacíos y exorbitantes viáticos), uno de los principales subsidiantes, Lula, denunció el ”intolerable proteccionismo”. Para luego agregar que ”la razón de la actual crisis de alimentos es sobre todo debido a la distribución”. Y, en esto, acierta.

Ayudado por el aumento global en los precios de los commodities, el PIB brasileño, que ya venía creciendo al 4% desde 2003, crecerá 5.5% este año, según el gobierno. En 2007, la inversión extranjera –unos 35,000 millones de dólares–, fue la mayor de América del Sur.

Si algún mérito tiene Lula, que tiene 70% de popularidad sobre todo en los niveles más bajos, mientras que en los altos lo consideran populista, es que cambió el discurso generalizado en favor de la ”reforma agraria” y una ”revolución” por el de “más y mejor capitalismo”.

Pero, si finalmente el ”capitalismo” de Lula fracasa, como ocurrió con el de Menem-Cavallo en Argentina, quedará muy desprestigiado el mercado, sin realmente haberse impuesto. De hecho, ha aumentado el número de empleados públicos y mantiene una cantidad de regulaciones y una carga tributaria altísima, mientras que el gasto público aumenta al 9% anual.

Sea como fuere, Brasil tiene un serio problema de distribución de la riqueza. A pesar de programas como el Bolsa de Familia (un subsidio) que llega a 40 millones de personas, o el promocionado Hambre Cero, que durante los primeros tres años tuvo un presupuesto de 5,000 millones de dólares, suman 11 millones las familias que son pobres en ese país.

El coeficiente Gini, que mide el grado de desigualdad social, está en 0.56 (0 es la mayor equidad y 1 lo contrario), por encima del 0.48 de la empobrecida Argentina y lejos de los países europeos que rondan el 0.3. El 10% más rico de la población concentra el 75.4% de los ingresos del país.

Sucede que los impuestos recaudados por los gobiernos recaen con más fuerza sobre los débiles. Los empresarios, por caso, que voluntariamente no quieren pagar, derraman las cargas tributarias: suben precios, bajan salarios o dejan de invertir, demandando menos mano de obra.

Y los pobres, pagan. Luego tienen hambre, entonces el gobierno cobra más, para su asistencia. En definitiva, un dinero quitado que termina en corrupción o sueldos de burócratas, y sólo una parte les vuelve. Es la ”redistribución de la riqueza” que promueve el sistema estatista.

El mercado, por el contrario, se basa en el acuerdo pacífico y voluntario. De aquí la eficiencia porque, al no ser coactivo, el comprador prefiere lo que compra al dinero que prioriza el vendedor, maximizando ambos su beneficio. Al ser voluntario, el mercado prefiere las necesidades más imperiosas: nadie pagaría impuestos (voluntariamente) si no tuviera para comer.

Por ejemplo, en Argentina, mientras que la recaudación tributaria aumentó 52.4% en abril, hasta llegar a los $20,240 millones, la pobreza crece y ya supera el 30% de la población, 11.5 millones de personas. Si este dinero recaudado se repartiera entre los pobres, le tocaría a cada uno casi $1,800, con lo que dejaría de serlo, ya que la canasta básica cuesta $400, y le sobraría para pagar la justicia, seguridad, educación y demás.

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El autor es miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity en The Independent institute de Oakland, California.