Argentia: La ayuda estatal no bajó la inequidad

Por Silvia Stang
La Nación

La asistencia pública redujo en el país el índice Gini sólo de 0,50 a 0,48; en Europa, la mejora promedio fue de 0,46 a 0,31

La acción del Estado, por transferencia directa de recursos -como el pago de planes sociales, pensiones o seguro de desempleo- o por los impuestos que cobra, poco colabora en la Argentina para corregir la fuerte inequidad social. No es algo exclusivo de este país: la poca eficacia de la intervención del sector público para mejorar la distribución del ingreso es un rasgo que caracteriza las sociedades latinoamericanas y las diferencia de los países industrializados de Europa. A esa conclusión llega un documento del Banco Mundial elaborado por los economistas Edwin Goñi, Humberto López y Luis Servén.

El trabajo se propone establecer cuál es el coeficiente de Gini antes y después de aplicar sobre los ingresos de la población los efectos de la acción estatal. Dicho coeficiente es un indicador que cuanto más se acerca al valor cero habla de una sociedad más equitativa, mientras que cuanto más cerca está del uno revela mayor desigualdad. Para la Argentina, los resultados dieron un valor de 0,50 previo a la acción del Estado y de 0,48 luego de su intervención.

Pocos resultados

En el promedio de los seis países de la región tomados como muestra -entre los cuales Chile tiene menor desigualdad que la Argentina y Brasil, mayor- la mejora por las transferencias e impuestos es leve: el coeficiente baja de 0,52 a 0,50.

Mucho más significativo es el impacto de las políticas en los 15 Estados europeos analizados: el coeficiente promedio cae en este caso de 0,46 a 0,31. Países como Austria, Francia, Italia, Irlanda, Reino Unido, Alemania o Suecia tienen coeficientes de Gini de entre 0,25 y 0,35 después de aplicarse las transferencias estatales: de no ser por ellas, algunas de esas sociedades tendrían niveles de desigualdad similares a los de algunos países latinoamericanos, donde los regímenes impositivos son considerados regresivos y sufren altos niveles de evasión, a la vez que los montos de transferencias del sector público son bajos, como porcentajes del PBI, en comparación con los del mundo desarrollado.

Según un grupo de analistas y académicos consultados por LA NACION, un Estado fortalecido y eficiente debería ser la base, justamente, para desarrollar estrategias que logren mejorar la distribución del ingreso en el país. El crecimiento económico de los últimos años tuvo efectos positivos moderados: la situación actual es menos injusta que en la crisis de 2002, pero los indicadores son similares a los de mediados de los 90, con una inequidad muy pronunciada.

“Hay una fracción importante de la población vulnerable no cubierta por las transferencias monetarias del Gobierno”, señalaron Leonardo Gasparini y Guillermo Cruces, investigadores de la Universidad de La Plata.

Acceso cerrado

La razón es que el acceso al plan social Jefes y Jefas de Hogar se cerró en 2003, cuando siempre hay gente que cae en la pobreza, aun en períodos en que los índices muestran un alivio del problema a nivel general -en estos días, el alza de los precios de los alimentos estaría afectando sensiblemente a muchas familias-. Además, estimaron los economistas, los grandes programas abiertos en años posteriores, como el Familias o el Seguro de Desempleo, sólo admiten el pase de quienes ya eran beneficiarios del plan Jefes.

Gasparini y Cruces advirtieron respecto de la gran erosión del poder de compra de quienes cobran los planes, por falta de actualización de los montos.

“El monto es una aberración”, consideró Ricardo Aroskind, economista de la Universidad de General Sarmiento, quien apuntó que es prioritario dar a las personas una formación que permita su ingreso en el mundo del trabajo. “Hay que sostener la expansión industrial, porque genera empleo”, opinó el docente.

Aunque, al mismo tiempo, estimó que “el capitalismo no genera masivamente fuentes de trabajo”, por lo que habría que pensar en actividades de acción social que son necesarias y que darían una fuente genuina de ingresos a quienes no se insertan en empleos de mercado. “Para eso se necesita un Estado con recursos y eficiente”, evaluó. Un objetivo que, a su vez, requiere reducir la evasión fiscal.

Otro punto en el que Aroskind cree que es fundamental el rol del Estado es en el precio de los alimentos. “Hay que evitar abusos: entre lo que cobra un productor y lo que paga un consumidor hay diferencias de hasta 20 veces”, señaló.

Al igual que en otros sectores en los que el Estado aplica políticas de subsidios, en el caso de algunos alimentos los recursos se orientan a la oferta, es decir, a las empresas. Según Ernesto Kritz, de la Sociedad de Estudios Laborales, eso provoca que las transferencias lleguen a quienes no les hacen falta. “Una política de subsidios a la demanda para los más necesitados mejoraría la equidad”, opinó.

En el congelamiento indiscriminado de las tarifas de los servicios públicos también existen subsidios que llegan a sectores medios, cuando bien podría diferenciarse una política de precios para beneficiar a los más vulnerables. Así lo consideró Agustín Salvia, investigador de la Universidad Católica Argentina, quien agregó que, como estrategia para los precios de los alimentos, debería bajar el IVA.